Monte Neme, entre Carballo y Malpica, Touro y la escombrera de Rubiais (en Pedrafita do Cebreiro) figuran entre las cuatro instalaciones de Galicia catalogadas como «peligrosas» para el medio ambiente en el inventario del Ministerio para la Transición Ecológica. El listado, creado en 2012 y actualizado por última vez en 2022, recoge presas y escombreras con antecedentes de derrumbes y alertas de colectivos ecologistas; en el caso de Monte Neme se registraron dos colapsos, en 2014 y en enero de 2026.
Qué recoge el inventario y cuáles son las instalaciones señaladas
El inventario del Miteco, que pretende identificar balsas, presas y depósitos que supongan un riesgo ambiental, incluye en Galicia cuatro puntos considerados de atención prioritaria. Dos de ellos —una escombrera y una presa— están localizados en la antigua explotación de Monte Neme, una ladera de extracción de áridos muy visible en la costa coruñesa y que durante años ha sido objeto de quejas vecinales y movilizaciones por la afección paisajística y por la inestabilidad de sus vertederos.
Otra de las entradas corresponde a instalaciones en el municipio de Touro, al interior, donde los residuos de explotaciones mineras históricas acumulan metales pesados y materiales que, a falta de un tratamiento adecuado, pueden lixiviarse con las lluvias. La lista se completa con la escombrera de Rubiais en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) y una mina que fue cerrada en los años ochenta y que, según el inventario, figura también por el riesgo que su reapertura podría implicar si no se abordan las estructuras de depósito existentes.
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Conoce más →No es la primera vez que se alerta sobre la peligrosidad de estos vestigios. El inventario, promovido por el Gobierno central, se apoya en criterios técnicos —desde el volumen de residuos hasta la cercanía a núcleos poblacionales y cursos de agua—, pero la actualización de 2022 incorporó además informes tras episodios de hundimiento y denuncias de organizaciones ambientales.
Antecedentes y la vieja huella de la minería en Galicia
Galicia arrastra una historia minera longeva. Desde explotaciones de pequeña escala para materiales de construcción hasta yacimientos metalíferos que tuvieron su apogeo en décadas pasadas, la actividad dejó tras de sí paisajes transformados y legados peligrosos. Muchas canteras y minas cerraron en los años ochenta y noventa cuando la caída de la demanda y la regulación puso fin a explotaciones marginales; los residuos quedaron donde estaban.
En zonas como Monte Neme, que limita con la ría de Malpica, la combinación de pendientes pronunciadas y lluvias intensas convierte a las escombreras en potenciales focos de erosión. Los derrumbes de 2014 y el incidente de enero de 2026 recuerdan que la memoria geológica y la acción del clima pueden desencadenar colapsos con consecuencias en cuencas y poblaciones cercanas. Según fuentes cercanas a colectivos ecologistas, el temor principal es la contaminación de acuíferos y cursos de agua que alimentan tanto consumo humano como la agricultura local.
Trascatapulta de 2019 en Brasil o las sucesivas alertas internacionales sobre la seguridad de presas de relaves pusieron sobre la mesa la necesidad de revisar estructuras antiguas. En Europa existen directrices y la normativa comunitaria obliga a evaluar y, cuando proceda, a rehabilitar estos depósitos; sin embargo, la aplicación práctica en Galicia se topa con limitaciones presupuestarias y con una puzzle administrativo entre ayuntamientos, Xunta y Estado.
Repercusión local y medidas que se plantean
La inclusión en el inventario no es en sí misma una orden de intervención inmediata, pero sí activa la alerta y obliga a que las administraciones implicadas planifiquen actuaciones. En la práctica, eso significa inspecciones, análisis de materiales y aguas, y la elaboración de proyectos de estabilización. Algunas de estas obras son complejas y costosas: consolidar taludes, recubrir escombreras, desviar escorrentías y asegurar las presas que contienen lodos requieren fondos y plazos largos.
«No podemos dejar que estos residuos vuelvan a convertirse en una catástrofe; hace falta intervención urgente y responsabilidades claras»,
dijo un portavoz de un colectivo ecologista consultado por este diario, que reclama asimismo transparencia sobre quién debe asumir el coste: el propietario actual, si existe; la empresa histórica; o la administración pública.
En el debate local hay otra realidad que pesa: la reapertura de minas. En un contexto de busca de materias primas y empleo rural, algunos proyectos extractivos vuelven a ganar apoyos, con el argumento de dinamizar zonas deprimidas. Quienes se oponen recuerdan que la prioridad debería ser sanear lo heredado antes de abrir nuevos frentes. En Touro, como en otros puntos del interior gallego, esa tensión entre expectativas económicas y riesgos ambientales es perceptible en los ayuntamientos y en el mundo rural.
Por parte de la Xunta de Galicia, según fuentes consultadas, se están evaluando las necesidades de financiación y coordinación con el Miteco. Técnicos señalan que las actuaciones más urgentes son la monitorización de taludes, el sellado de pasos de agua que favorecen la corrosión y la retirada o recubrimiento de materiales susceptibles de generar contaminación por metales pesados. A nivel práctico, habrá que priorizar por riesgo y por proximidad a población y acuíferos.
Si bien el inventario del Miteco es un paso necesario, la experiencia indica que la prevención exige voluntad política sostenida y recursos a medio plazo. A la hora de concretar soluciones, será clave definir la responsabilidad legal sobre instalaciones antiguas, activar fondos de emergencia cuando haga falta y, sobre todo, implicar a la ciudadanía en la vigilancia y denuncia temprana. Galicia, cuyos ríos y rías son patrimonio y motor económico, tiene pendiente resolver el legado minero sin sacrificar su futuro ambiental.
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