En la Sección de Instrucción de Ourense se celebró este lunes un juicio por un presunto delito leve que tiene de protagonista a una profesora del instituto ourensano IES As Lagoas y a los padres de uno de sus alumnos. La docente asegura haber sido objeto de una campaña de acoso y difamación tras suspender al alumno; los progenitores insisten en que actuaron «en consenso» con otras familias para defender el derecho de sus hijos a recibir clase. El proceso, que desembocó en concentraciones y en la colocación de esquelas críticas en la puerta del centro durante el pasado curso, deberá dilucidar si hubo coacciones.
Los hechos: concentración, esquelas y una denuncia
Los hechos se remontan al curso pasado, cuando un conflicto sobre la forma de impartir matemáticas en el centro se hizo visible con protestas públicas y la aparición de mensajes de rechazo en el acceso principal del instituto. Según la denuncia de la profesora —quien estuvo de baja y este año ha vuelto a dar clase en el mismo centro—, tras una tutoría cordial y la suspensión del hijo de la pareja denunciada la situación se enrareció. La docente atribuye a esos progenitores la voz cantante en la movilización y la difusión de supuestas «insultos y difamaciones» en redes y en el entorno escolar.
Los padres procesados niegan las acusaciones. La madre, que compareció en el juicio junto a su marido, defendió que su actuación fue colectiva y que formó parte del movimiento bautizado por las familias como «Derecho a aprender matemáticas». Aseguró que la preocupación era por la formación de los alumnos y que, ante lo que consideraban deficiencias, terminaron recurriendo a clases particulares: «Todos los padres tuvimos que llevar a nuestros hijos a clases particulares», dijo en su turno de última palabra.
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Conoce más →Testigos citados en la vista declararon que la acción de los progenitores —entre ellas la colocación de una esquela que reprochaba la situación educativa— fue consensuada por un grupo de padres. Según las propias partes, ese colectivo estaba integrado por 11 familias. La Fiscalía atribuye a los acusados la presunta comisión de un delito leve de coacciones y será ahora el magistrado quien valore si hay prueba suficiente para sostener esa imputación en sede penal.
«Para apartarme», sostuvo la profesora al describir lo que ella califica de campaña de «acoso y derribo».
Antecedentes y postura de la dirección
Tras la recepción de escritos de queja, el servicio inspector de la Xunta se reunió con las partes. No es la primera vez que un conflicto pedagógico trasciende en Ourense y obliga a la intervención de la inspección educativa; sin embargo, pocos episodios llegaron a la intensidad mostrada en As Lagoas, con movilizaciones visibles y notas públicas que censuraban tanto la docencia como supuestas faltas de imparcialidad del equipo directivo.
La exdirectora del instituto, citada como testigo, ofreció una versión que respalda la sensación de hostigamiento que relata la profesora. Según su testimonio, el padre del alumno llegó a una reunión «uniformado de policía», un detalle que, si se confirma, añadió un componente de intimidación a la percepción del claustro. La exdirectora, además, atribuye a la madre una frase que refleja la tensión: «Hasta que no vea a esta mujer fuera, no voy a parar», manifestó haberle oído.
«Ni yo ni mi marido la hemos acosado ni faltado al respeto. A nivel personal no tenemos nada contra ella», dijo la madre en el estrado, defendiendo la actuación colectiva de las familias.
El choque entre versiones —familias que piden una intervención por lo que consideran mala praxis docente y una profesora que habla de difamaciones e insultos— obliga a los tribunales y a la inspección a separar lo pedagógico de lo penal. Mientras los progenitores reclaman transparencia y respuesta institucional, el profesorado afectado reclama medidas de protección y garantías para trabajar sin presiones externas.
Repercusiones, responsabilidades y pasos siguientes
Más allá del veredicto que pueda dictar el juez, el proceso deja varias preguntas abiertas sobre la gestión de los conflictos escolares. En el caso de As Lagoas hubo una mezcla de activismo escolar —padres y alumnos en la calle— y comunicaciones en redes que tensionaron la convivencia. Los equipos directivos, las familias y la inspección autonómica tienen competencias distintas pero interrelacionadas: gestionar una crisis educativa exige protocolos claros, acompañamiento al profesorado y canales de participación efectivos para las familias.
La resolución del procedimiento penal marcará un hito, aunque no zanjará por sí sola el debate sobre cómo se evalúa la calidad docente ni las vías adecuadas para que las familias reclamen soluciones. A falta de confirmación oficial sobre posibles sanciones administrativas o medidas de conciliación, lo previsible es que el centro y la Xunta de Galicia refuercen la mediación entre partes y revisen qué lecciones dejaron las protestas masivas que auspiciaron el movimiento «Derecho a aprender matemáticas».
En el terreno humano, el coste ya es tangible: una docente que se sintió atacada hasta quedarse de baja, alumnos inmersos en un clima de frustración y familias que aseguran haber actuado por desesperación para defender el aprendizaje de sus hijos. Ourense conoce bien los debates sobre mejora educativa y ahora, con este juicio celebrado el 23 de marzo de 2026, el foco se sitúa en si la respuesta social de las familias puede constituir o no un límite penal y cómo proteger, al mismo tiempo, el derecho a una enseñanza de calidad y la dignidad profesional del profesorado.
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