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La Xunta cifra en más de 120 millones la pérdida para Galicia por las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

Santiago. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó este lunes tras el Consello que las arcas autonómicas «dejarán de ingresar más de 120 millones de euros» como consecuencia de las medidas anticrisis publicadas en el BOE y ya en vigor desde el pasado fin de semana. Rueda detalló que, según los cálculos del Ejecutivo gallego, el impacto rondará los 40,3 millones de euros cada mes y avanzó que la Xunta trabaja en «medidas específicas» para los sectores más afectados, sin concretar aún fórmulas ni importes.

El anuncio y las medidas que lo provocan

El origen inmediato de la controversia está en los acuerdos aprobados en el Consejo de Ministros y publicados en el Boletín Oficial del Estado tras un día «tenso» en el Ejecutivo central. Entre las principales medidas figuran la rebaja del IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes del 21% al 10%, la reducción del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica. El objetivo declarado del Gobierno es mitigar el efecto económico de la guerra en Oriente Próximo sobre los hogares y las empresas españolas.

Rueda no tardó en señalar el coste para las comunidades y en poner el acento en el modo en que se ha tramitado la decisión. «Son tributos cedidos a las comunidades por lo que el impacto afecta a la Hacienda de las autonomías», ha dicho el presidente gallego, y reprochó que el Ejecutivo central no consultara previamente con las autonomías una medida que, según él, debería haberse debatido «entre todos».

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«El impacto en Galicia va a suponer que cada mes no entren en las arcas 40,3 millones de euros en los que se sustentan los servicios públicos

En la práctica, la bajada del IVA y la suspensión de gravámenes persiguen contener subidas en la factura energética y en los combustibles. Sin embargo, desde la Xunta advierten de que, al tratarse de tributos que repercuten directamente en la financiación autonómica, el alivio en el bolsillo del consumidor tendrá un contrapeso en los recursos con los que la comunidad abona servicios como sanidad, educación o dependencia.

Contexto y antecedentes: por qué preocupa en Galicia

No es la primera vez en los últimos años que las transferencias y la gestión de tributos entre el Estado y las comunidades generan tensiones políticas. Galicia mantiene un tejido productivo con sectores muy sensibles al precio de la energía: la industria conservera, el transporte por carretera, la pesca de bajura y la flota de cerco, con grandes puertos como el de Vigo y A Coruña, consumen combustibles y electricidad que condicionan su competitividad. Por eso la rebaja del IVA en los carburantes puede parecer una medida beneficiosa, pero la Xunta insiste en que la contrapartida presupuestaria obligará a buscar ajustes.

Durante la crisis energética de 2022 y en la pandemia, la práctica mostró que los alivios fiscales estatales se traducen en una reducción de ingresos que las comunidades han de absorber, salvo que el Estado active mecanismos compensatorios. En este caso, a falta de confirmación oficial sobre acuerdos complementarios, Rueda ha avanzado que la Xunta preparará respuestas \»centradas en los sectores económicos que puedan ver su actividad más comprometida por el aumento de los costes\».

En la política gallega, donde el Partido Popular gobierna desde hace años, la queja por la falta de diálogo con el Ejecutivo central se mezcla con la preocupación por la gestión presupuestaria a corto y medio plazo. Las decisiones que tome ahora la Xunta —recortes en gasto corriente, retrasos en inversiones o uso de remanentes— marcarán también la campaña de interlocución con ayuntamientos y con agentes sociales, que ya han mostrado inquietud por el efecto acumulado de la inflación, los combustibles y la incertidumbre internacional.

Repercusiones y próximos pasos

La Xunta anunció que trabajará en medidas específicas. Fuentes de la administración autonómica consultadas por este periódico señalan que las alternativas que se manejan van desde ayudas directas a pymes y autónomos, hasta programas de apoyo para sectores estratégicos como la pesca, el transporte y pequeñas industrias electró-intensivas. También se baraja priorizar partidas de gasto social para blindar los servicios básicos frente a la caída de ingresos, pero aún no hay cifras ni fechas concretas para la puesta en marcha de estas políticas.

En el terreno presupuestario, la pérdida estimada obliga a la Xunta a recalcular proyecciones de ingresos para lo que resta de ejercicio. Si los 40,3 millones mensuales anunciados por Rueda se confirman, la menor recaudación podría afectar a planes de inversión y a la capacidad de cofinanciar proyectos europeos, una preocupación que ya ronda a conselleiros y responsables territoriales en Vigo, Pontevedra y Ourense. No es descartable que el Gobierno autonómico solicite formalmente al Estado compensaciones o una comisión de seguimiento que sincronice las medidas de alivio con transferencias específicas.

Políticamente, la polémica añade tensión entre el Ejecutivo gallego y el central. En Galicia, donde las provincias dependen en buena medida de sectores que notan la subida de costes, el debate sobre quién asume finalmente el coste del alivio fiscal es también un argumento para el diálogo entre administraciones y un terreno abonado para la crítica política. Rueda, por su parte, ha optado por poner el foco en la falta de consenso y en la necesidad de preservar la sostenibilidad de los servicios públicos.

Queda por ver si el Ejecutivo central responde a las demandas autonómicas y si las comunidades logran mecanismos de compensación homogéneos. Mientras tanto, para los ciudadanos gallegos la medida supone alivio en la factura energética y de carburantes, pero plantea la incógnita de cómo se garantizarán los servicios públicos sin los recursos que ahora dejan de llegar. En los próximos días, la Xunta deberá concretar cuánto de su propio presupuesto puede redirigir y qué apoyos reclamará a Madrid; será, en definitiva, una prueba más de la compleja arquitectura fiscal entre Estado y autonomías que Galicia conoce bien.

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Sofía Martínez

Periodista gallega especializada en información local y política. Licenciada en Periodismo por la USC. Redactora jefe de Galicia Universal.

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