Vigo. En apenas tres días el mercado de carburantes en la provincia de Pontevedra ha dado un giro perceptible para los conductores: lo que hace una semana eran gasolineras con el diésel por encima de los 2 euros por litro se ha convertido en una rareza. El Gobierno aprobó la rebaja del impuesto indirecto sobre los hidrocarburos y, según los últimos datos oficiales, el precio promedio del gasóleo ha pasado de 2,03 a 1,79 euros por litro, una reducción del 11,8% que en algunos surtidores se ha traducido en 24 céntimos menos por litro.
La bajada práctica: cifras y estaciones afectadas
Hace apenas cuatro días, en la provincia se registraban 28 estaciones de servicio con diésel por encima de los dos euros. Hoy sólo queda una con el precio por encima de ese umbral —2,018 euros— según el seguimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La medida fiscal, que reduce el IVA del 21% al 10%, ha sido la palanca que ha permitido ese ajuste inmediato.
El impacto no es homogéneo: en función de la política comercial de cada operadora, los márgenes aplicados y la situación logística local, algunos surtidores han trasladado íntegramente la rebaja al precio final y otros han hecho movimientos más discretos. A escala nacional, el Ministerio de Hacienda calcula que la gasolina sin plomo 95 pasaría de alrededor de 1,80 a 1,51 euros por litro, lo que supone un ahorro de unos 16 euros al llenar un depósito de 55 litros. En el caso de un coche diésel medio, llenar el depósito en la provincia habría costado el viernes unos 111,65 euros y ahora se sitúa en torno a 98,45 euros, un ahorro de 13,2 euros.
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Conoce más →«El Gobierno tiene mucho margen de maniobra para reducir el precio de los hidrocarburos»,
declaró Miguel Ángel Salceda, presidente de la Federación Galega de Estacións de Servizo (Fegaes), una voz representativa del sector que venía reclamando una revisión inmediata de la fiscalidad aplicada a los carburantes. La asociación llevaba meses señalando que la presión sobre márgenes y liquidez de muchas estaciones, sobre todo las de carácter local y las ubicadas en zonas rurales, era muy fuerte y que cualquier intervención debía contemplar mecanismos para evitar cierres por tensiones de tesorería.
Medidas de urgencia y el precedente de 2022
El paquete que aprobó el Ejecutivo el viernes se formalizó mediante un Decreto-ley motivado por el impacto internacional del reciente episodio de tensión en Oriente Medio. Además de la rebaja del IVA hasta el 30 de junio en la mayoría de los casos, el Consejo de Ministros impulsó un plan que movilizará más de 5.000 millones de euros para mitigar el encarecimiento generalizado de la energía y otros bienes esenciales. De las medidas fiscales anunciadas, la rebaja del IVA supondría un coste de aproximadamente 507 millones para las arcas públicas, pero se estima que el beneficio directo para los consumidores alcanzará los 656,5 millones.
Al hilo de estas decisiones hay ecos del pasado: en 2022 la bonificación general sobre carburantes dejó situaciones complejas para algunas gasolineras, que tuvieron que adelantar las compensaciones y soportaron problemas de liquidez. Salceda recuerda aquel episodio como «un caos logístico y financiero»; entonces hubo establecimientos en Galicia que llegaron a cerrar temporalmente por no poder asumir los adelantos. Para evitar repetir errores, el Ejecutivo incorpora además una subvención específica de 20 céntimos por litro para el gasóleo agrícola, una medida pensada para proteger a explotaciones y cooperativas.
Repercusiones locales y qué esperar en las próximas semanas
En la práctica, la rebaja supone un respiro inmediato para los conductores del área metropolitana de Vigo, para transportistas que operan entre la provincia y el litoral —incluyendo movimientos hacia puertos como el de Marín— y para flotas relacionadas con el sector pesquero en la ría. La reducción del coste del combustible tiene un efecto directo sobre la inflación de productos que dependen del transporte por carretera, aunque ese efecto se irá viendo de forma gradual.
Quedan, sin embargo, preguntas abiertas. La principal es si la rebaja será temporal o si el Ejecutivo la extenderá en función de la evolución del precio del crudo. El barril de referencia en Europa, el Brent, se mueve ahora en torno a los 100 dólares, con una ligera corrección desde máximos que alcanzaron los 112,54 dólares la semana pasada. Esa volatilidad condiciona cualquier decisión futura y aumenta la incertidumbre para empresas y ciudadanos.
Otro punto crítico es la fiscalización del traspaso de la rebaja al consumidor. Las asociaciones de usuarios y algunas formaciones políticas ya han reclamado mecanismos de supervisión para evitar que parte del alivio fiscal se quede en los eslabones intermedios. Desde el sector de las estaciones de servicio se insiste en que muchos establecimientos, sobre todo independientes, operan con escasos márgenes y que una caída brusca del precio podría poner en riesgo su viabilidad si no se acompaña de liquidez o de alguna forma de compensación.
Para los conductores la recomendación, como suele ocurrir en episodios de alta volatilidad, es aprovechar las herramientas de comparación de tarifas y no suponer que todos los surtidores aplicarán la misma política. La imagen de estaciones con carteles anunciando precios por debajo de los dos euros ha vuelto a las entradas de las ciudades gallegas, pero la normalización de esos niveles dependerá tanto de la senda del crudo como de decisiones políticas que —a falta de confirmación sobre prolongaciones— tienen fecha de caducidad el 30 de junio.
En definitiva, la rebaja fiscal ha cumplido su objetivo inmediato: sacar al diésel de la barrera simbólica de los dos euros en la provincia de Pontevedra y aliviar la factura de desplazamientos diarios. Queda por ver si ese alivio se consolida y cómo se articula para no penalizar a las pequeñas estaciones ni crear distorsiones que obliguen en unos meses a nuevas intervenciones. Para la Galicia del transporte, la pesca y la logística territorial, cada céntimo cuenta; por ello la atención se desplazará ahora a la evolución del precio del crudo y a la gestión administrativa que garantice que la reducción llegue de verdad a los bolsillos.
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