Uruguay calcula en 120 millones de dólares el relevo de las patrulleras canceladas a Cardama

El Gobierno de Uruguay, presidido por Yamandú Orsi, ha acotado el coste que supone reemplazar las dos patrulleras oceánicas encargadas en 2023: alrededor de 60 millones de dólares por unidad, lo que sitúa la factura total en unos 120 millones de dólares. La cifra contrasta con el importe inicialmente adjudicado al astillero vigués Cardama, un contrato por 82,5 millones de euros que fue suscrito en diciembre de 2023 y rescindido formalmente el pasado febrero por el nuevo Ejecutivo uruguayo, que acusa a la compañía de fraude.

La rescisión, la cifra y las consecuencias inmediatas

En la práctica, el montante anunciado por Orsi implica un coste por unidad sensiblemente superior al que figuraba en el contrato original: los 82,5 millones de euros correspondían a las dos patrulleras, es decir, algo más de 41,25 millones de euros por barco. El propio presidente admitió ante la prensa que “es lo que sería viable gastar” y subrayó que, más allá del precio, “más importante o tan importante que el costo es cómo lo pagás”, defendiendo la opción de una negociación directa entre Estados.

El Ejecutivo uruguayo ha mostrado además su disposición a aceptar la donación temporal de la patrullera oceánica Resiliance, propiedad de la Guardia Costera de Estados Unidos, como solución interina para mantener operativas las labores de control marítimo. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa trabaja en la preselección de oferentes —entre ellos la española Navantia, con instalaciones en Galicia— para un nuevo proceso que, según las autoridades, exigirá condiciones técnicas equivalentes a las planteadas originalmente para la Armada Nacional.

Desde la administración uruguaya se asegura que la rescisión del contrato “no fue recurrida por el astillero”, en palabras del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien recordó que la medida es definitiva y que “lo que queda pendiente son las consecuencias de la rescisión, que son los daños y perjuicios”. Al otro lado, Cardama mantiene que “no renuncia a ninguna acción legal” y estudia “otros caminos” para defenderse, una vía que puede prolongar el litigio y elevar los costes finales para ambas partes.

Por qué sube tanto el precio: mercado, equipamiento y logística

Que una patrullera de alerta oceánica pase de costar alrededor de 41 millones de euros a poder alcanzar la horquilla de 60 millones de dólares responde a varias causas. Primero, la demanda global de buques de vigilancia ha crecido en los últimos años por la proliferación de operaciones contra la pesca ilegal y el narcotráfico en aguas regionales, algo que afecta especialmente a países con amplias zonas económicas exclusivas como Uruguay.

Asimismo, el coste de sensores, radares, sistemas de comunicaciones, integración de plataformas y, en muchos casos, propulsión híbrida o medidas de reducción de firma acústica elevan rápidamente la factura. No hay que olvidar la inflación en los insumos y la cadena de suministro: acero especializado, electrónica avanzada y motores son hoy más caros y con plazos de entrega más largos. A todo ello se suma el efecto geopolítico: la preferencia por compras “país a país” que señaló Orsi puede conllevar encarecimientos por acuerdos bilaterales de soporte logístico y transferencia tecnológica.

En Galicia, la noticia ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad y la fortaleza del sector naval. Los astilleros vigueses, acostumbrados a contratos internacionales y a una competencia feroz, contemplan con atención la posible reapertura del concurso. Una adjudicación a un gran constructor como Navantia tendría impacto industrial y político, más aún si se considera la presencia histórica de la industria naval en Ferrol y la ría de Vigo, donde encadenar carga de trabajo evita cierres y tensiones sociales.

Antecedentes y relaciones bilaterales

Uruguay adjudicó el contrato a Cardama en la etapa del Gobierno de Luis Lacalle, en un momento en que la necesidad de reforzar la capacidad de vigilancia marítima se percibía con urgencia. La ruptura del pacto por presuntas irregularidades elevó la controversia a un plano jurídico y diplomático. El caso ha puesto a prueba no sólo la relación entre Montevideo y el astillero vigués, sino también la confianza en procesos de contratación internacional con firmas españolas.

La opción de recibir una patrullera donada por Estados Unidos introduce un matiz geopolítico: la presencia de material estadounidense en la flota uruguaya facilita interoperabilidad en ejercicios conjuntos y apoyo logístico, pero no resuelve la necesidad de unidades nuevas y adaptadas a las exigencias actuales. Además, Uruguay ha reiterado su intención de favorecer la transparencia en futuras adjudicaciones y de priorizar fabricantes que ofrezcan transferencias tecnológicas y garantías de mantenimiento a largo plazo.

En el ámbito local gallego, este episodio recuerda conflictos anteriores entre astilleros y clientes internacionales, periodos de sobrecapacidad y la búsqueda constante de contratos que permitan mantener la estructura industrial. Para Cardama, que había logrado un contrato significativo para un astillero de su dimensión, la rescisión supone no sólo un golpe económico sino también una incógnita sobre su estrategia legal y comercial.

Repercusiones y próximos pasos

Lo inmediato es la definición del nuevo procedimiento de adquisición. Uruguay ha dejado la puerta abierta a licitaciones y a negociaciones directas “país a país”, una vía que favorece soluciones rápidas pero que puede encarecerse por las cláusulas de soporte. La cifra orientativa de 60 millones de dólares por patrullera marca un límite presupuestario que condicionará oferta técnica y alcance del equipamiento embarcado.

En Vigo y en otras rías gallegas se sigue con interés la posibilidad de reengancharse al proyecto. Si la próxima adjudicación recayera en una gran empresa española, el resultado podría significar cargas de trabajo complementarias para subcontratistas locales. En paralelo, la disputa legal pendiente con Cardama podría desembocar en reclamaciones por daños y perjuicios que acabarían repercutiendo en partidas públicas o en el propio proveedor.

La pregunta que queda abierta es si Uruguay apostará por rapidez —aceptando la donación estadounidense y negociando directamente— o por un proceso competido que liaría plazos pero daría mayor certidumbre técnica y jurídica. A falta de confirmación oficial sobre los plazos del nuevo concurso y sobre las ofertas que llegarán desde Europa y América, la trama entre Montevideo y Vigo promete prolongarse. En la ría, los astilleros observan: una adjudicación internacional puede volver a poner en marcha grúas y equipos, o dejar a una empresa local defendiendo en los tribunales un contrato que, hasta hace unos meses, parecía cerrado.