El mercado de carburantes en la provincia de Pontevedra ha registrado un vuelco en apenas unos días. Lo que el viernes parecía una fotografía de precios cercanos o por encima del umbral de los 2 euros por litro se ha transformado —tras la medida fiscal aprobada por el Gobierno— en una realidad muy distinta: apenas queda una estación con el diésel por encima de los 2 euros, a 2,018 euros el litro, cuando hace tres días eran 28 gasolineras las que superaban ese precio.
El cambio inmediato: cifras y ahorro para el bolsillo
La caída se ha producido de forma rápida. Según los datos actualizados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el precio medio del gasóleo más habitual en la provincia pasó de alrededor de 2,03 euros el litro el viernes a 1,79 euros en la última actualización, lo que supone una reducción de 24 céntimos y una bajada provincial del 11,8%. A nivel nacional, la gasolina sin plomo 95 también ha experimentado descensos: se calcula una rebaja cercana a los 29 céntimos por litro.
El impacto en el consumo es inmediato y tangible. Para un conductor que llene un depósito de 55 litros, el desembolso por diésel se reduce de aproximadamente 111,65 euros a 98,45 euros, lo que equivale a un ahorro de unos 13,2 euros. Para familias y autónomos que recorren la AP-9 cada día entre Vigo, Pontevedra y la frontera portuguesa, esa diferencia al final del mes resulta notoria.
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Conoce más →El sector de las estaciones de servicio, representado en Galicia por la Federación Galega de Estacións de Servizo, había reclamado medidas desde hace semanas. En la práctica, la rebaja fiscal se ha trasladado con rapidez a los surtidores en la mayoría de puntos de la provincia, aunque persisten variaciones según redes, márgenes comerciales y contratos de suministro. A falta de confirmación oficial sobre la uniformidad de la aplicación en todas las estaciones, la tendencia es clara: el umbral psicológico de los 2 euros ha dejado de ser la regla en Pontevedra.
«El Gobierno tiene mucho margen de maniobra para reducir el precio de los hidrocarburos»,
Miguel Ángel Salceda, presidente de la Federación Galega de Estacións de Servizo, había insistido en la necesidad de una revisión impositiva para mitigar el impacto de la materia prima sobre los surtidores y los consumidores. Su demanda, expresada públicamente en los últimos días, contribuyó a elevar la presión política que desembocó en la medida aprobada por el Ejecutivo.
La medida: qué incluye y cuánto durará
La decisión del Gobierno ha consistido, fundamentalmente, en rebajar el IVA aplicado a los carburantes del 21% al 10%. Es una de las medidas incluidas en el paquete fiscal que el Consejo de Ministros aprobó con carácter extraordinario la pasada semana —motivada, según el Ejecutivo, por las tensiones derivadas de un ataque entre potencias en Oriente Medio— y cuya vigencia temporal se ha acotado hasta el 30 de junio en la mayor parte de las rebajas.
Junto al IVA, el paquete incluye un plan que movilizará más de 5.000 millones de euros para contener los efectos de la escalada internacional de precios y otras rebajas y bonificaciones en áreas como electricidad o eficiencia energética. De forma paralela se ha recuperado la figura de la bonificación para el gasóleo agrícola —una ayuda de 20 céntimos por litro—, reminiscencia de las medidas adoptadas en 2022 tras la invasión de Ucrania por Rusia.
En términos fiscales, la bajada del IVA supone un coste para las arcas públicas estimado en unos 507 millones, mientras que el ahorro directo que contabilizan los usuarios podría ascender a cerca de 656,5 millones. Son cifras que ilustran el delicado equilibrio entre mitigar el efecto de la inflación sobre los hogares y mantener la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Repercusiones locales y próximos pasos
En Galicia, y en particular en las Rías Baixas, la política de precios tiene efectos que van más allá del bolsillo del conductor. La pesca, el transporte de mercancías y el turismo de fin de semana dependen de combustibles asequibles. No es la primera vez que la región vive episodios de intervención estatal en el mercado del carburante: en 2022 hubo gasolineras que cerraron temporalmente por dificultades para asumir la bonificación, un episodio que aún recuerdan los operadores como «un caos logístico y financiero».
Los agentes locales piden ahora certezas. Por un lado, los consumidores esperan que la rebaja se mantenga efectiva en todos los surtidores y no se consigne como ahorro teórico; por otro, las estaciones reclaman mecanismos que eviten repetir situaciones donde tuvieron que adelantar descuentos sin liquidez suficiente. Las administraciones autonómica y local, desde la Xunta hasta los ayuntamientos, deberán vigilar que la cadena comercial no absorba íntegramente el alivio fiscal.
Finalmente, la evolución del precio del crudo marcará el horizonte. El barril de referencia en Europa, el Brent, ha moderado su subida y ronda ahora los 100 dólares tras tocar picos superiores la semana pasada. Si la presión internacional se relaja, la medida fiscal puede quedar como un colchón que reduzca la volatilidad durante la primavera. Si las tensiones persisten, la discusión sobre prolongar las ayudas o articular otras de carácter estructural volverá con fuerza al debate público.
A corto plazo, los conductores de la provincia notarán el alivio en el surtidor; a medio y largo plazo, la pregunta es si estas intervenciones puntuales bastan para afrontar un mercado global sometido a convulsiones frecuentes. La respuesta condicionará las cuentas domésticas y las estrategias energéticas en Galicia durante los próximos meses.
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