La concejala María Reigosa presentó este lunes su renuncia por escrito a las delegaciones que desempeñaba en el gobierno municipal de Lugo y anunció que pasará a ser concejala no adscrita. La decisión certifica una ruptura abierta con el equipo de gobierno —formado por PSOE y BNG— después de varias votaciones en las que Reigosa se desmarcó y apoyó enmiendas de la oposición. A falta de la formalización administrativa, su acta sitúa ahora al Concello en una situación de empate: el gobierno conserva doce concejales, el PP suma otros doce y la llave de la decisión recae en la propia edila.
Ruptura consumada tras semanas de tensión
Reigosa, que accedió al pleno en octubre para sustituir a la persona fallecida que ocupaba su sillón, explica que abandona las funciones porque cree que en la actual coyuntura no puede trabajar en beneficio de los vecinos. Formalizó su renuncia por escrito y, según fuentes municipales, comunicó al alcalde Miguel Fernández su voluntad de seguir como edil sin adscripción política. Aún así, insiste en que su «intención» no es apoyar una moción de censura y que su deseo era ver concluir la legislatura.
«Informei ao alcalde e díxenlle que o meu desexo é que acabase o mandato», dijo Reigosa en gallego al justificar su postura.
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La distancia con el grupo que sustenta el gobierno viene de semanas atrás. Fue notoria cuando Reigosa rompió la disciplina en varias votaciones, sumando su voto al del PP en asuntos concretos como las reformas de la residencia de As Gándaras y las obras en la carretera de A Fonsagrada. Esos episodios forzaron al ejecutivo a aceptar enmiendas planteadas por la oposición y elevaron la tensión en los plenos; en una de las sesiones la edil llegó incluso a ser reprendida por el alcalde por sus intervenciones.
La combatividad en las votaciones y la visible cercanía hacia la oposición alimentaron las especulaciones sobre una posible moción de censura, una operación que el PP no llegó a descartar por completo. Reigosa, sin embargo, ha mantenido hasta ahora que no apoyaría un cambio de gobierno y lo reafirma en su nueva situación como concejala no adscrita.
Antecedentes: de Medio Rural a no adscrita y la renuncia a la militancia
El nombramiento de Reigosa para dirigir el área de Medio Rural fue recibido con sorpresa en la corporación: se tardó en confirmar su responsabilidad y, cuando se le adjudicó, lo hizo sin remuneración al alegar incompatibilidades con su puesto como ingeniera en la demarcación de Costas del Estado. Desde el principio hubo choques por modos de trabajo y por diferencias respecto a decisiones y procedimientos del gobierno municipal. Para algunos compañeros la dificultad fue de adaptación; para Reigosa, la falta de apoyo y la imposibilidad de trasladar propuestas al pleno.
En enero la edil dio un paso más y dejó de militar en el PSOE, una escisión que agravó la desconfianza interna. El alcalde intentó en varias ocasiones reconducir la relación, pero la percepción de la propia Reigosa —según ha dicho en círculos municipales— era la de no contar con respaldo suficiente. La condición de no adscrita no es inédita en la provincia: la Diputación vive desde comienzos de año una situación idéntica tras la conversión de un diputado en no adscrito tras dejar el PSOE y la presidencia por una denuncia por presunto acoso sexual.
El debate sobre la idoneidad de incorporar perfiles técnicos sin experiencia municipal en áreas tan exigentes como Medio Rural reaparece con fuerza en Lugo. Gestionar servidumbres, caminos rurales y cooperativas exige conocimiento del territorio y de la administración local; la polémica señala la dificultad de conjugar formación técnica con adaptación a los tiempos y rituales del municipalismo.
Consecuencias inmediatas y próximos pasos
El calendario político local se ha complicado de manera inmediata. A apenas tres días del pleno municipal en el que se debe aprobar de forma definitiva el presupuesto del Concello para este año, la decisión de Reigosa introduce una nota de incertidumbre. Ella ha confirmado que votará favorablemente las cuentas, como ya hizo en una fase anterior, pero no está claro si su salida del gobierno se hará efectiva antes del jueves o si concurrirá a la votación ya desde su nueva condición de concejala no adscrita.
Como no adscrita, Reigosa renuncia a salario, asignaciones y personal de apoyo, pero conserva la capacidad de presentar mociones, ruegos y preguntas en el pleno; su papel, por tanto, será más testimonial y de fiscalización que ejecutivo. Ella misma reconoce que la materialización de cualquier acuerdo aprobado por la corporación dependerá de la voluntad del gobierno para ejecutarlo, aunque precisa que ese margen le permitirá, al menos, «dar voz a los vecinos» y trasladar sus preocupaciones con mayor libertad.
En el corto plazo el gobierno municipal —ahora en minoría— deberá decidir cómo reorganizar las competencias que deja vacantes y si busca negociar algún tipo de entendimiento con la concejala para garantizar la gobernabilidad. Los populares, por su parte, afrontan la tentación de tantear alianzas puntuales que amplíen su influencia; no obstante, un pacto estable exigiría superar las desconfianzas acumuladas en los últimos meses.
Más allá del Ayuntamiento, la escena política en Lugo entra ahora en una fase de espera. El pleno del jueves será la primera prueba de fuego para medir si los presupuestos sobreviven a la nueva geometría parlamentaria local y, a medio plazo, si la decisión de Reigosa queda como un paréntesis o abre una etapa de negociación intensa. Para muchos vecinos, más allá de las maniobras internas, lo decisivo será que los expedientes de servicios sociales, infraestructuras rurales y atención a la dependencia no queden suspendidos por la incertidumbre política.
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