La Xunta aprueba el Pladiga 2026: drones, 42 brigadas nuevas y UDEX reforzada para combatir incendios

El Consello de la Xunta aprobó este lunes, 23 de marzo, la aplicación del Pladiga para 2026, el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que este viernes se someterá al debate del Consello Forestal. El paquete anunciado mezcla refuerzos humanos —entre ellos 42 nuevas brigadas en época de mayor riesgo— con más vigilancia tecnológica, como drones y sistemas de videovigilancia, y un aumento del equipo técnico de dirección de extinción.

Medios anunciados y novedades operativas

Entre las medidas que la Xunta ha puesto sobre la mesa destaca la incorporación de equipos aéreos y a pie complementados por vigilancia por drones y cámaras. La propuesta oficial insiste en que la tecnología puede anticipar el foco y reducir el tiempo de respuesta, especialmente en horas nocturnas o en zonas de difícil acceso. Según fuentes cercanas al Ejecutivo autonómico, la intención es que estas herramientas actúen como complemento de los dispositivos humanos, no como sustituto.

En personal, el Pladiga refuerza la plantilla con 42 brigadas adicionales durante los periodos de alto riesgo. Además, se ha anunciado la ampliación del periodo de trabajo del personal fijo discontinuo para incrementar la cobertura en primavera y otoño, etapas que han ganado protagonismo por los cambios en los patrones de incendios. No es la primera vez que la Xunta recurre a la figura del personal fijo discontinuo para garantizar músculo operativo en los meses críticos, pero el calendario y la cuantía exacta de esa ampliación aún no se han hecho públicos a falta de confirmación oficial.

Otra de las novedades formales es el refuerzo de la Unidad de Directores de Extinción, la UDEX, que pasa de 6 a 15 expertos. Ese salto triplica la capacidad de planificación y coordinación de grandes siniestros, una respuesta lógica tras episodios recientes que pusieron en tensión la coordinación entre administraciones, efectivos y medios aéreos. Los directores de extinción son piezas clave en la toma de decisiones sobre prioridad de recursos, evacuaciones y despliegue de aeronaves, por lo que la medida ha sido recibida con expectación entre bomberos y técnicos forestales.

Prevención, vigilancia y la polémica del territorio

La Xunta defiende que el plan no solo busca apagar fuegos con más rapidez, sino adaptar la estrategia a “los nuevos tipos de incendio de enorme intensidad en los últimos veranos”, en palabras del presidente Alfonso Rueda.

«adaptarse a los nuevos tipos de incendio de enorme intensidad en los últimos veranos»

Esa formulación encierra una realidad que en Galicia se vive con particular crudeza: la combinación de sequías prolongadas, masas forestales densas y un paisaje cada vez más fragmentado por abandono rural facilita que los incendios adquieran dimensiones excepcionales.

En el debate público, la prevención cultural y la gestión del monte vuelven a ser tema recurrente. Cabe recordar que en Galicia la presencia de especies como el eucalipto, los cambios en el uso del suelo y la despoblación rural alimentan un conflicto de fondo que no se resuelve únicamente con más brigadas o cámaras. Desde ayuntamientos y comunidades de montes advierten que las medidas operativas deben venir acompañadas de políticas de ordenación, limpieza de fajas auxiliares y apoyo a la ganadería extensiva, tradicional herramienta de prevención por pastoreo.

En pueblos como O Barco de Valdeorras la memoria reciente de incendios mantiene a las comunidades en alerta; así lo refleja la imagen del fotoperiodista Xesús Fariñas, que muestra a vecinos observando las tareas de extinción. Ese testimonio local sostiene la idea de que cualquier plan eficaz necesita el concurso de la población: vigilancia vecinal, denuncias tempranas y patrullas coordinadas con Protección Civil son, según alcaldes de la zona, complementos indispensables del dispositivo autonómico.

Repercusiones políticas y pasos siguientes

El Pladiga aprobado por el Ejecutivo autonómico abrirá ahora un periodo de exposición en el Consello Forestal, órgano en el que se espera un cruce intenso de opiniones entre la Xunta, ayuntamientos, colectivos de defensa del monte y sindicatos. No es seguro que todos los sectores acepten las medidas tal y como se han presentado; fuentes consultadas por este periódico indican que el diálogo girará en torno a la temporalidad de los contratos, la contratación de cuadrillas locales y la financiación de las cámaras y drones.

En el ámbito presupuestario, la ejecución del plan requerirá partidas específicas y compromisos plurianuales si se quiere garantizar continuidad. Hasta el momento la Xunta no ha detallado el coste global del Pladiga 2026, algo que previsiblemente se abordará en las próximas semanas en la comisión competente. La respuesta del Gobierno central y la posibilidad de complementar fondos europeos serán factores determinantes para el alcance real de las medidas.

Mirando a la temporada de riesgo que se acerca, la puesta en marcha de la mayor parte de los refuerzos tiene carácter urgente. A falta de confirmación oficial sobre fechas concretas, el objetivo declarado es tener operativa la mayor parte de la red de vigilancia y la ampliación de efectivos antes del inicio del periodo de alto riesgo veraniego. En paralelo, la Xunta apuesta por campañas informativas y por acuerdos con administraciones locales para mejorar la limpieza de linderos y fajas perimetrales.

La aprobación del Pladiga 2026 supone una respuesta a la concatenación de fuegos de gran intensidad de los últimos años, pero no resuelve un dilema estructural: la prevención exige tiempo, inversión sostenida y una política territorial coherente. En Galicia, donde el monte y la vida rural están íntimamente vinculados, cualquier plan que aspire a reducir la catástrofe debe combinar brigadas y drones con medidas de regeneración económica del medio rural, control de las masas forestales y educación ciudadana. El reto es técnico, pero también político y social; la prueba estará en cómo se plasman esas medidas sobre el terreno y en si las comunidades locales son realmente protagonistas del proceso.