El Consello de la Xunta celebró este lunes, 23 de marzo de 2026, la aprobación de la aplicación anual del Plan de Prevención e Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia, conocido como Pladiga. El documento, que se presentará este viernes al Consello Forestal, incorpora un paquete de medidas centradas en la vigilancia tecnológica, el refuerzo de medios humanos y la especialización de la dirección técnica de las extinciones.
Medios y novedades operativas
Entre las novedades más visibles figura la apuesta por la vigilancia aérea y terrestre: el plan recoge el uso sistemático de drones y la extensión de sistemas de videovigilancia en puntos críticos. La Xunta defiende que esa tecnología permitirá detectar fuegos en fases iniciales y optimizar la respuesta, sobre todo en áreas montañosas de difícil acceso.
En lo puramente humano, la Consellería ha incluido la incorporación de 42 nuevas brigadas para la época de alto riesgo, lo que supone un refuerzo notable respecto a ejercicios previos. Además, se anuncia la ampliación del periodo de trabajo del personal fijo discontinuo —los famosos brigadistas que pasan parte del año en activo— para garantizar continuidad operativa en los meses más peligrosos.
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Conoce más →Otra pieza clave es la reestructuración de la Unidade de Directores de Extinción, la UDEX, que pasa de contar con 6 a 15 expertos. Ese incremento no es anecdótico: supone una apuesta por la dirección técnica y la coordinación en grandes incendios, un reconocimiento implícito de que los siniestros recientes han exigido mando más profesionalizado y con más capacidad para coordinar medios aéreos, terrestres y multinivel.
«adaptarse a los nuevos tipos de incendios, de enorme intensidad en los últimos veranos»,
fue la idea que, según fuentes de la Xunta, resumió el presidente durante la aprobación. La frase sintetiza la sensación de alarma que acompaña desde hace años a los servicios de extinción: incendios más virulentos, convectivos y capaces de desplazarse con rapidez por corredores de combustible.
Lecciones de veranos recientes y el paisaje gallego
Galicia llega a este Pladiga con la memoria aún caliente de veranos que devoraron miles de hectáreas en comarcas de interior y litorales. No es la primera vez que la comunidad afronta críticas por la gestión del monte, la proliferación de masas monoespecíficas de eucalipto y el abandono de parcelas agrícolas que crean continentes de combustible. Esa realidad estructural ha convertido a zonas como la de O Barco de Valdeorras en ejemplo de la vulnerabilidad: vecinos y vecinas recuerdan cómo las llamas se alimentan de un paisaje fragmentado y, a menudo, mal gestionado.
El Pladiga intenta, además de sofocar fuegos, introducir medidas preventivas: cortafuegos, desbroces y actuaciones en franjas periurbanas figuran en el catálogo de actuaciones. Sin embargo, los técnicos consultados por este periódico subrayan que la prevención exige años de inversión y una colaboración estrecha con ayuntamientos, comunidades de montes y propietarios privados, muchas veces reticentes a asumir costes o a cambiar prácticas forestales.
La dimensión climática añade presión. Los cambios en los patrones de precipitación y temperaturas más altas prolongan las temporadas de riesgo y favorecen fuegos de comportamiento extremo. Por eso la incorporación de herramientas predictivas y de dirección técnica reforzada —como la UDEX ampliada— aparece en el plan como un intento de ganar capacidad de anticipación y de reacción frente a incendios que ya no se parecen a los del pasado.
Repercusiones, financiación y coordinación
El anuncio ha sido recibido con una mezcla de alivio y escepticismo. Por un lado, los alcaldes de las zonas más afectadas celebran el aumento de brigadas y la llegada de tecnología. Por otro, sindicatos y asociaciones vecinales reclaman concreción: cuántos drones estarán operativos, qué presupuesto anual sostendrá la ampliación de plantilla y cómo se compatibilizará la vigilancia con derechos de propiedad y privacidad.
A falta de la cifra final de inversión —que la Xunta deberá detallar en las próximas semanas— se plantea también la cuestión de la coordinación con otras administraciones. Los incendios no entienden de límites provinciales: una columna de fuego puede atravesar concellos y traspasar fronteras autonómicas. Así, la colaboración con la Administración central y las comunidades limítrofes será esencial para gestionar helitransportes y recursos aéreos en picos de demanda.
No faltarán además tensiones políticas. Los partidos de la oposición ya han avanzado que someterán el plan a examen en el Consello Forestal y en los plenos, preguntando por indicadores de eficacia y por la calendarización de las medidas. Tampoco conviene olvidar la sensibilidad que genera cualquier intervención en montes vecinales: la memoria de sentencias, pleitos sobre aprovechamientos y el conflicto sobre la gestión de grandes bienes como el Pazo de Meirás han tensionado históricamente la relación entre la Xunta y la ciudadanía en cuestiones territoriales.
En las próximas semanas, las miradas estarán puestas en dos frentes: la aprobación definitiva en el Consello Forestal y la ejecución práctica en el terreno cuando llegue la época de peligro. Las brigadas reforzadas deberán integrarse con la red ya existente, mientras que los directores de extinción ampliados tendrán que coordinar una batería de recursos que incluye medios aéreos, maquinaria pesada y tecnología de vigilancia.
Quien recorra hoy caminos rurales y miradores en Galicia encontrará un paisaje con cicatrices recientes y con señales de recuperación, pero también notará la tensión permanente: torneiras cerradas, antiguos campos abandonados y masas forestales crecientes. El éxito del Pladiga no solo dependerá del número de brigadas o de drones adquiridos, sino de una estrategia sostenida en el tiempo que combine prevención, política agraria que frene el abandono, y una coordinación eficaz entre administraciones y ciudadanía.
La semana que viene se verá si el anuncio queda en un paquete de medidas sobre el papel o si, por primera vez en años, Galicia avanza hacia una política antiincendios más profesionalizada y con recursos constantes. Entre tanto, municipios como los de la montaña ourensana y las rías bajas observan con cautela y esperanza la puesta en marcha de un plan que aspira a ser la respuesta a fuegos cada vez más complejos.
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