El Banco de Terras incorporará 797 fincas huérfanas procedentes de parcelarias

Agader, la agencia que gestiona las políticas rurales de la Xunta, podrá integrar en su patrimonio un total de 797 parcelas que han quedado sin titular tras los procesos de concentración parcelaria. Tras una década de localizaciones, comunicaciones y alquileres temporales sin que apareciera el propietario, la ley permite ahora que esos suelos pasen definitivamente al Banco de Terras para su gestión y puesta en uso.

Cómo se ha llegado hasta aquí: el trámite y los datos

La decisión responde a un mecanismo introducido por la reforma normativa impulsada en 2020, que entró en vigor en mayo de 2021, y que regula la recuperación y movilización de tierras agrarias en Galicia. Según fuentes de la propia agencia, las casi ochocientas fincas proceden de diferentes concentraciones parcelarias realizadas en años previos y que, con el paso del tiempo, han quedado «huérfanas»: no sólo se desconoce el titular registral, sino que las notificaciones de la administración no obtuvieron respuesta y los contratos de alquiler temporales caducaron sin reclamaciones.

Durante la última década Agader y los técnicos municipales realizaron búsquedas en registros, intentos de localización por edictos y ofrecieron los terrenos en alquiler para evitar que permanecieran baldíos. Cuando esas actuaciones resultaron infructuosas, el régimen legal prevé la integración de los bienes en el Banco de Terras —el instrumento público creado para facilitar el acceso a la tierra a jóvenes agricultores y proyectos de interés rural— con el fin de garantizar su uso productivo o su recuperación ambiental.

En algunos casos el hallazgo de estas parcelas se produjo en municipios con procesos de concentración parcelaria muy visibles, como en la zona de Cartelle (Ourense), donde la imagen de terrenos reorganizados contrasta hoy con la ausencia de propietarios. La cifra de 797 supone una muestra modesta frente al objetivo inicial de la ley, pero es la primera remesa que llega con este procedimiento tras años de trámites.

Un marco legal pensado para movilizar miles de fincas

Los redactores de la Ley de Recuperación de Terra Agraria de Galicia habían planteado metas ambiciosas: movilizar hasta 320.000 fincas de propietarios que no hacen un uso real de la tierra. Esa cifra respondía a un diagnóstico extendido entre técnicos y asociaciones agrarias sobre la elevada fragmentación y el abandono del territorio en Galicia, donde miles de parcelas pequeñas e improductivas dificultan la viabilidad de explotaciones familiares y la incorporación de relevo generacional.

Hace décadas que la organización del suelo en Galicia arrastra la herencia de una parcelación extrema y muchos procesos de concentración parcelaria intentaron corregirla. No obstante, la existencia de parcelas sin titular claro —por defunciones sin sucesión registral, emigraciones sin dejar herederos localizables o discrepancias catastrales— ha venido alimentando esa bolsa de «tierras fantasmas» que el Ejecutivo autonómico pretende poner en circulación.

Tras la puesta en marcha de la ley, la integración en el inventario del Banco de Terras exige cumplir una secuencia administrativa: búsqueda extensiva del titular, puesta en alquiler temporal para su aprovechamiento inmediato y, si tras diez años no aparece el reclamante, la incorporación patrimonial. Esa cláusula de diez años ofrece una ventana amplia para reclamaciones, pero también da seguridad jurídica a la administración para planificar el uso futuro del suelo.

Qué usos están previstos y qué impacto puede tener en el rural gallego

La incorporación de estas 797 fincas abre varias posibilidades. La más inmediata es su puesta en renta a pequeños agricultores o colectivos que quieran emprender proyectos agrarios, apoyando la entrada de jóvenes al campo, una prioridad de las políticas rurales. Otra línea que manejan técnicos de Agader es la reforestación ordenada para reducir el riesgo de incendios en puntos concretos o la creación de pastizales que favorezcan la ganadería extensiva.

Desde asociaciones agrarias se valora con cautela la medida: por un lado aplauden que la tierra se ponga a producir; por otro recuerdan que la mera titularidad pública no garantiza por sí sola la viabilidad de explotaciones en zonas con escasa infraestructura, servicios o mercado. Fuentes municipales recuerdan además que la coordinación con ayuntamientos será clave para que la cesión o alquiler de fincas responda a proyectos reales y no se quede en un catálogo de suelos disponibles.

No es la primera vez que la movilización de tierras genera debates: existen casos en otras comunidades donde la reclamación tardía de herederos ha abierto litigios y, en ocasiones, ha obligado a deshacer adjudicaciones. En Galicia, la apuesta por el Banco de Terras persigue evitar esas incertidumbres mediante procesos transparentes y un mapa público que permita priorizar usos conforme a estrategias comarcales.

Las próximas semanas serán decisivas: la agencia tiene que registrar formalmente las parcelas, elaborar el inventario por coordenadas y tipología, y lanzar convocatorias para la asignación. Según fuentes internas, la prioridad serán proyectos de cultivo y ganadería de carácter local, con especial atención a iniciativas lideradas por personas jóvenes y cooperativas que ofrezcan continuidad al uso de la tierra.

Para muchos municipios de Ourense y Lugo, provincias que concentran buena parte de la Galicia vaciada, la llegada de suelo productivo gestionado por el Banco de Terras puede traducirse en oportunidades para dinamizar economías locales. Sin embargo, la eficacia final dependerá de la capacidad administrativa de Agader y de la existencia de medidas complementarias: asesoramiento técnico, acceso a financiación y mejora de infraestructuras.

La integración de estas fincas es sólo un paso en una estrategia más amplia. A falta de confirmación oficial sobre el calendario concreto de adjudicaciones, el reto será transformar el patrimonio en proyectos estables que frenen el abandono y favorezcan un relevo agrario real. Que los terrenos dejados por la inercia del pasado encuentren manos que vuelvan a trabajarlos es, en buena medida, la prueba de fuego de una política que nació con ambición y que ahora tiene que demostrar resultados palpables en el paisaje gallego.