Un centenar de concellos gallegos no ha auditado sus redes de agua cuatro años después de vencer el plazo legal

Un problema de gestión que parecía resuelto en papel sigue abierto sobre el terreno: cuando hace cuatro años expiró el plazo marcado por la norma autonómica para auditar las traídas municipales, 96 ayuntamientos de Galicia no habían cumplido esa obligación. La cifra emerge de los datos facilitados por Augas de Galicia, que confirma que, de los 313 concellos de la comunidad, apenas 217 habían remitido hasta ahora los diagnósticos que cuantifican las pérdidas en las redes de abastecimiento.

El estado del cumplimiento: qué se ha hecho y qué falta

La ley autonómica, aprobada como Ley 9/2019 de medidas para garantizar el abastecimiento en episodios de sequía y riesgo sanitario, marcó un calendario claro: dos años desde su entrada en vigor en enero de 2020 para que los municipios realizaran una auditoría, publicaran el porcentaje de pérdidas y aprobaran un plan de actuaciones contra las fugas. A enero de 2022 ese plazo expiró; hoy, en marzo de 2026, casi uno de cada tres concellos sigue sin entregar ese diagnóstico.

Augas de Galicia reconoce que la administración autonómica ha intentado acompañar a los municipios en la tarea. Entre 2022 y 2025, la Xunta subvencionó la auditoría de 157 de los 217 concellos que finalmente presentaron el informe; otros 60 recurrieron a fondos propios o a otras convocatorias de ayudas. No obstante, la aportación económica no ha sido la panacea: en 2025 hubo casos de ayuntamientos que solicitaron la subvención y, tras recibir la resolución favorable, desistieron de ejecutar la auditoría.

“En estos momentos han realizado la auditoría de las redes de abastecimiento unos 217 concellos de los 313, es decir, cerca del 70% del total”, decía textualmente el departamento autonómico. Esa declaración recoge la evidencia de un cumplimiento parcial que, según expertos municipales consultados, oculta realidades muy diversas: desde mancomunidades con planes avanzados hasta municipios pequeños que ni siquiera disponen de ingeniería municipal para encargar un inventario de traídas.

Por qué los concellos llegan tarde: dispersión, costes y capacidad técnica

No es una cuestión puramente burocrática. La orografía de Galicia, con su dispersión poblacional, parroquias alejadas y cientos de traídas municipales históricas, complica técnicamente el diagnóstico. En muchos concellos hay decenas de captaciones y ramales independientes que exigen inspecciones sobre el terreno, aforos y pruebas de caudal. La factura, además, puede ser alta para los ayuntamientos con escasos recursos.

La estructura administrativa también juega en contra. Concejales que asumen varias competencias, plantillas reducidas y la necesidad de priorizar servicios sociales, limpieza o alumbrado hacen que el trabajo de planificación hidrológica se posponga. A esto se suma la falta de tradición de inversión en redes, fruto de años en los que el mantenimiento se salvaba con soluciones puntuales en lugar de actuaciones integradas.

En ocasiones la renuncia no responde a la incapacidad técnica sino a cálculos políticos y económicos: para muchos municipios, reconocer cifras de pérdidas elevadas implica enfrentarse a la factura posterior —tanto técnica como política— de ejecutar obras de reforma de cañerías o cambiar contadores. La Xunta, consciente de ello, fue flexible con los plazos y con la financiación, pero la flexibilidad tiene un límite si se pretende atajar un problema que compromete la garantía de abastecimiento en sequías.

Consecuencias y próximos pasos: sanciones, informes estatales y el calendario del recargo

La ley autonómica no contemplaba la flexibilidad indefinida. Preveía un mecanismo disuasorio: la aplicación de un recargo en el canon a los municipios que registraran pérdidas superiores al 20%. La puesta en marcha de ese recargo se aplazó; así, el calendario actualizado fija un recorte parcial en 2027 —el recargo se aplicará al 50%— y su implantación plena en 2028 —cuando alcanzará el 100%—. Es decir, a partir de dentro de un año las administraciones locales podrían empezar a sufrir su impacto presupuestario real.

Paralelamente, el Ministerio para la Transición Ecológica, atendiendo a una directiva europea, exige a todos los municipios la notificación de pérdidas correspondientes al año 2024. El Gobierno central no ha hecho públicos todavía los datos de cumplimiento a nivel estatal, pero los indicios en Galicia invitan a pensar que la proporción de concellos incumplidores no será menor que la detectada por Augas de Galicia.

La ausencia de auditorías tiene efectos prácticos. Sin un diagnóstico fiable no hay prioridades, y las inversiones que se planifican tienden a reaccionar ante problemas puntuales: abastecimientos deficitarios en veranos de sequía, roturas frecuentes, o contaminación puntual en captaciones. Además, las pérdidas de agua suponen un coste energético y económico que gravita sobre las cuentas municipales y sobre un recurso cada vez más valorado en época de estrés hídrico.

Quedan, por tanto, dos vías principales: intensificar el apoyo técnico y financiero a los ayuntamientos pequeños —mancomunando servicios, por ejemplo— o endurecer las sanciones para forzar la acción. La Xunta ha apostado hasta ahora por la primera; la decisión de activar parcialmente el recargo en 2027 abre la puerta a la segunda.

En Vigo, recientemente, técnicos hicieron una demostración práctica de detección de fugas que ilustra la técnica disponible y la inversión mínima necesaria para empezar a reducir pérdidas; la imagen de esa operación, captada por JOSE LORES, resume la paradoja: la tecnología existe, pero su implantación es desigual. A falta de un impulso coordinado que combine fondos, asesoramiento y, si procede, sanciones, la meta de redes eficientes y transparentes en Galicia seguirá pendiente.

La cuenta atrás hacia 2027 ya ha comenzado. Para muchos ayuntamientos pequeños, la solución pasa por compartir recursos y buscar fórmulas mancomunadas que permitan abordar auditorías y obras con economías de escala. Para la Administración autonómica, la prueba será equilibrar la exigencia normativa con criterios reales de capacidad financiera local. Si se evita ese equilibrio, la factura no la pagarán solo los ayuntamientos: la pagarán los usuarios y el propio territorio cuando llegue la siguiente sequía seria.