Las patronales del metal de Pontevedra ofrecen hasta un 12% de subida salarial a cambio de un convenio de cuatro años

Asime, Atra e Instalectra trasladaron este martes a los sindicatos una propuesta que plantea dos escenarios: un acuerdo de cuatro años con una subida salarial global del 12% (3% anual) o un pacto de dos años con un incremento total del 5,5% (3% el primer año y 2,5% el segundo). La negociación afecta a en torno a 28.000 trabajadores del metal en la provincia de Pontevedra y se ha celebrado con presencia de las principales organizaciones sindicales, entre ellas CC OO.

La oferta y los límites de la patronal

Sobre la mesa empresarial se dibuja una oferta que pretende combinar seguridad jurídica para las compañías y una mejora salarial para la plantilla, aunque con límites claros en cuestiones laborales estructurales. La opción de cuatro años, insistieron las patronales, busca «garantizar una mayor estabilidad» en un sector marcado por la estacionalidad y la rotación de personal. Esa estabilidad, según sus portavoces, justifica una subida más generosa, pero también exige concesiones en otras materias.

Fuentes de la negociación explican que la patronal mantiene su negativa a reducir la jornada laboral actual. Además, la modificación de las denominadas condiciones tóxico-penosas, la eliminación de los contratos fijo-discontinuos y la externalización de ciertos trabajos mediante subcontratación son puntos en los que las empresas no parecen dispuestas a ceder. En cambio, sí muestran disposición a revisar aspectos concretos de la clasificación profesional —proponen diferenciar un oficial de primera y de segunda y crear un subgrupo dentro del grupo 4 con salario distinto— y a regular complementos vinculados al estrés térmico en determinadas tareas.

En la reunión intervino, entre otros, Enrique Mallón, portavoz de Asime, que dejó claro que la patronal tampoco ve factible una reducción general de horas, aunque admitió que la elección del acuerdo de mayor duración podría facilitar avances puntuales en derechos y condiciones. Asimismo, la propuesta incluye facilidades en permisos: crédito horario para el turno de noche (máximo de 12 horas anuales) y la posibilidad de disfrutar el permiso por matrimonio o por cambio de domicilio en un margen de 15 días antes o después del hecho.

El pulso sindical y la demanda de un convenio transformador

Los sindicatos, por su parte, han recibido la oferta con cautela y con reivindicaciones aún por resolver. En las últimas semanas, las organizaciones sindicales plantearon exigencias ambiciosas: reclamaron que la subida salarial atienda al comportamiento del IPC y añadiera un porcentaje adicional para recuperar poder adquisitivo. Ese planteamiento partió de la inquietud por el coste de la vida en las Rías Baixas y por la pérdida de margen salarial que han sufrido muchos trabajadores del metal tras años de moderación salarial.

CC OO valoró que la patronal haya presentado propuestas concretas y avances sobre puntos claves, pero dejó claro que no se conformará con «pequeñas mejoras». En palabras recogidas durante la negociación, la organización sindical aspira a un acuerdo que suponga «un antes y un después en el sector, un salto cualitativo y cuantitativo en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores».

«Valoramos positivamente que por fin la patronal entre en una negociación real con propuestas concretas y ciertos avances, pero reiteramos que este no puede ser un convenio de pequeñas mejoras», señalaron desde CC OO.

La tensión no es nueva. En pasos previos del proceso, las patronales ya habían planteado distintas alternativas (incluso un modelo de subida más repartido en plazos largos). Los sindicatos, presionados por afiliados que trabajan en astilleros, empresas auxiliares y talleres metalúrgicos de Vigo, Pontevedra y el resto de la provincia, mantienen la exigencia de que el nuevo convenio mejore tanto los salarios como las condiciones laborales y la clasificación profesional, dos asuntos en los que las empresas han dado señales dispares.

Impacto local y antecedentes

El metal es un motor económico en la provincia y en la comarca de Vigo, ligado a la construcción naval, la automoción y la industria auxiliar. La negociación del convenio provincial no solo afecta a las nóminas: repercute en la competitividad de empresas que, según dicen, necesitan previsibilidad para planificar carga de trabajo y contratación. Por eso la oferta de un acuerdo plurianual seduce a las patronales: reduce la incertidumbre durante cuatro años y evita revisiones periódicas que desestabilicen costes.

En años recientes, las conversaciones sectoriales en Galicia han alternado propuestas de acuerdos extensos en el tiempo con demandas sindicales de recuperar poder adquisitivo. No es la primera vez que surgen ofertas plurianuales a cambio de límites en otras materias: en marzo ya hubo una propuesta alternativa que hablaba de subidas escalonadas en un plazo mayor, y ahora la balanza se coloca entre la concreción de incrementos y la preservación de condiciones laborales que los trabajadores consideran innegociables.

La singularidad del territorio gallego influye en el debate. Zonas como las rías y los polos industriales de Vigo y Pontevedra concentran empresas con convenios provinciales o de empresa y una red de subcontratación que complica cualquier reforma drástica. Además, la reivindicación de mejorar la clasificación profesional tiene un impacto directo sobre la carrera laboral y los salarios de técnicos y oficios especializados, que son pieza clave en la cadena productiva local.

Próximos pasos y riesgos

Las partes han dejado la puerta abierta a continuar las conversaciones. La patronal presentó las dos alternativas como oferta inicial; los sindicatos las analizarán con la representación en las empresas y determinarán si son suficientes para aceptar un pacto de larga duración. En los próximos días, las asambleas sindicales y las gestiones internas en las organizaciones empresariales marcarán el calendario de la negociación.

Si se acepta la opción de cuatro años, la subida del 12% garantizaría incrementos periódicos que aliviarían la presión sobre los salarios, pero a cambio los trabajadores renunciarían, en la práctica, a revisiones estructurales más ambiciosas. Si se opta por el acuerdo de dos años, la disminución de la subida total deja abierta la discusión sobre cómo recuperar poder adquisitivo en negociaciones posteriores y sobre la vigencia de mejoras en clasificación y jornada.

En el terreno social, la resolución del conflicto tendrá efectos directos en la vida cotidiana de miles de familias en la provincia. Con casi 28.000 trabajadores en juego, un pacto equilibrado podría dar estabilidad al tejido industrial; un desenlace brusco, por el contrario, reabriría viejas tensiones y, eventualmente, opciones de movilización. Para Galicia, donde la industria sigue siendo un pilar del empleo, el cierre de este convenio será una prueba de consenso entre empresas y trabajadores en un momento de precios elevados y competencia internacional.