Tras 17 días de paros y movilizaciones que obligaron a suspender decenas de miles de consultas, la Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega alcanzaron anoche un acuerdo que pone fin a la huelga en centros de salud y puntos de atención continuada (PAC) de Galicia. El eje del pacto es la limitación del cupo máximo de pacientes en atención primaria a 30 por jornada, una medida que la Xunta deberá concretar en las próximas semanas.
Lo pactado y plazos para su aplicación
Las conversaciones se reanudaron el lunes y se prolongaron hasta pasadas las diez de la noche en la sede de la consellería en Santiago. Por la parte sindical encabezó la negociación el comité de O’Mega, liderado por Manuel Rodríguez Piñeiro, y por la Administración lo hicieron responsables técnicos de la propia consellería. El acuerdo fija que la consellería debe adoptar medidas organizativas antes del 15 de junio y que la aplicación plena del límite de cupo estará en marcha antes del 31 de octubre, sin que ello afecte a la atención de urgencia.
El paro, iniciado el 2 de marzo, provocó en sus primeras dos semanas la suspensión de al menos 69.182 consultas, cifra que se citó durante la negociación para medir la magnitud del impacto. En la mañana del último día de huelga, el seguimiento fue reducido: 67 facultativos secundaron el paro en el turno matinal y 15 en el de tarde. La adhesión osciló entre el 0,72% del área de Lugo, A Mariña y Monforte y el 5,3% alcanzado en Vigo.
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Conoce más →Además del tope de cupo, el acuerdo incluye mejoras laborales: revisión del complemento de productividad variable a partir de 2027 y una reducción progresiva de las horas necesarias para cobrar la jornada complementaria, que pasarán de 160 horas este año a 140 y se situarán en 122 en 2028. También se prevén ajustes en el cómputo de la jornada en PAC y en la compensación de los sábados que coincidan con festivos, que desde el 1 de enero dan derecho a días libres conforme a los criterios de la Administración Xeral.
De dónde viene la crisis de la primaria y por qué estalló ahora
La tensión en la atención primaria gallega no es nueva. Años de plantillas envejecidas, dificultad para cubrir vacantes en zonas rurales y agendas sobrecargadas han ido erosionando la calidad percibida por pacientes y la capacidad de respuesta de los profesionales. La protesta de marzo confluyó, además, con llamamientos a nivel estatal por un estatuto marco propio para médicos, lo que añadió presión sobre un sistema ya al límite.
En ciudades como Vigo las movilizaciones tuvieron especial presencia: facultativos y usuarios han visibilizado en la calle la frustración acumulada. Para muchos médicos, el tope de 30 pacientes representa una línea de contención necesaria para poder dedicar más tiempo a cada consulta y evitar la deriva hacia la medicina de trámite. La Administración, por su parte, insiste en que cualquier cambio debe ser sostenible y compatible con las limitaciones presupuestarias y la normativa pública de contratación.
El pacto también contempla la adaptación de las agendas de pediatría, odontología y farmacia para evitar sobrecargas asistenciales y el compromiso de diseñar un acuerdo de «voluntariedad» para las guardias en primaria en el segundo trimestre. Asimismo, se plantea la creación de nuevas plazas en los PAC y la supresión de la categoría de FEAP a lo largo de 2029, reconociendo al MIR como vía única de especialización.
Repercusiones prácticas y dudas sobre su cumplimiento
Del papel a la práctica hay un trecho. Limitar a 30 el cupo por jornada demanda reordenar agendas, ampliar plantillas o redistribuir tareas entre profesionales sanitarios y administrativas. Cada una de estas opciones exige inversión y tiempo: contratar y formar personal en Atención Primaria no es inmediato. Por eso la consellería ha fijado un horizonte gradual hasta octubre, consciente de que la ejecución precipitada podría generar efectos adversos.
El impacto en la lista de espera asistencial será otro punto crítico. Aunque la reducción del cupo puede mejorar la calidad de la consulta, también puede aumentar la demora si no se acompaña de recursos suficientes. La cifra de consultas suspendidas —más de 69.000 en dos semanas— sirve de recordatorio del volumen de demanda acumulada que habrá que gestionar en paralelo a la reorganización.
En el frente profesional, la promesa de incentivos y de reconocimiento del MIR como vía de especialización puede atraer a futuros médicos hacia la primaria, pero sus efectos serán visibles solo a medio plazo. Mientras tanto, medidas de gestión —como la mayor implicación de enfermería, el uso de consultas telefónicas o telemedicina y la flexibilización de horarios— pueden aliviar presiones si se implantan con criterio clínico y sin precarizar la atención.
Políticamente, el acuerdo ofrece una salida a una crisis que mostraba grietas tanto en la gestión como en la comunicación con los profesionales. La Xunta evita un conflicto abierto en plena primavera, pero ha dejado sobre la mesa la necesidad de dotar de recursos a la atención primaria. Los próximos meses serán la prueba de ver para creer: si la consellería cumple plazos y dotaciones, la medida será un avance; si no, la tregua podría convertirse en aplazamiento de un problema estructural.
En Galicia, donde la dispersión poblacional y el envejecimiento complican la provisión sanitaria, el pacto es una hoja de ruta que deberá traducirse en hechos concretos. Para pacientes y médicos, la esperanza es que la reducción de cupos sea algo más que un número: que signifique más tiempo, menos retrasos y menos llamadas a la movilización. A falta de resultados tangibles, la atención primaria seguirá siendo el termómetro del sistema sanitario autonómico.
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