Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2026 — El Parlamento de Galicia aprobó este martes una modificación de la Ley de Salud de Galicia que introduce medidas específicas para prevenir y dar respuesta a las agresiones contra profesionales sanitarios. La iniciativa ha recibido el voto favorable de los grupos mayoritarios, mientras que el BNG y el diputado de Democracia Ourensana optaron por la abstención, dejando la reforma aprobada sin votos en contra.
Qué recoge la norma y cómo se aprobó
La reforma eleva al «máximo rango» las medidas de prevención y protección frente a agresiones, según defendió el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su intervención en el pleno. Más allá del endurecimiento sancionador, la modificación incorpora previsiones sobre formación específica para el personal, protocolos de actuación ante episodios violentos y mecanismos de apoyo a las víctimas, a juicio del Gobierno autonómico.
En la votación, el Grupo Popular y el Grupo Socialista respaldaron el texto. El PSdeG —representado en el debate por la diputada Elena Espinosa— defendió su apoyo como un «primer paso» y valoró que algunas enmiendas socialistas hayan sido aceptadas, pero insistió en que la norma no resuelve todos los problemas que rodean a la seguridad en el sistema sanitario.
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Conoce más →“No ataca al problema de raíz”, afirmó Elena Espinosa, tras relatar distintos episodios de agresiones y amenazas a profesionales y reclamar medidas sobre plantillas, listas de espera y tiempos de atención.
Por su parte, la portavoz del BNG, Montse Prado, y el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, coincidieron en que la iniciativa se orienta principalmente a la sanción a posteriori y adolece de medidas estructurales para reducir los desencadenantes de estas conductas. La portavoz nacionalista llegó a calificar la reforma como «un mal parche» si no viene acompañada de recursos y refuerzos en Atención Primaria y Urgencias.
Un problema con raíces sanitarias y sociales
La discusión parlamentaria devolvió a primer plano una realidad que profesionales y sindicatos han denunciado con insistencia en los últimos años: el aumento de episodios de violencia verbal y física en centros de salud y hospitales, y el desgaste de unas plantillas que, según diversas quejas, llegan al límite. En Galicia, residencias, centros de salud rurales y los servicios de urgencias han sido señalados con frecuencia como escenarios propicios para tensiones que, en su peor expresión, derivan en agresiones.
Los críticos de la reforma señalan que las agresiones no aparecen de forma aislada: se producen en un tejido asistencial con carencias de personal, listas de espera que tensionan la paciencia de las familias y tiempos de respuesta insuficientes en algunos territorios. La referencia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña —centro citado habitualmente en los debates sobre saturación asistencial— sirvió de argamasa para llevar el discurso desde el incidente puntual a la política sanitaria global.
Desde la Xunta se defiende que dotar de un marco jurídico claro sobre prevención, denuncia y apoyo a víctimas ayudará a reducir la impunidad y a proteger a quienes sostienen el sistema. Además, la consellería ha anunciado que, tras la aprobación, empezará a diseñar los instrumentos desarrolladores de la ley: protocolos, campañas formativas y canales de coordinación con fuerzas de seguridad.
Repercusiones, dudas y los próximos pasos
El acuerdo en el Parlamento, aunque mayoritario, deja abierta la incógnita sobre su eficacia real. La oposición nacionalista y el diputado ourensano plantean un escenario en el que la norma cumple un papel disuasorio pero no remueve las causas subyacentes. La línea de fractura se trazó entre quienes apuestan por endurecer el régimen sancionador y quienes piden inversiones directas en personal y tiempo de consulta.
En la práctica, la próxima etapa será la elaboración de la normativa de desarrollo y la asignación presupuestaria. Será ahí, en los decretos y en la partida económica, donde se verá si las medidas de «prevención» anunciadas por la Consellería se traducen en más plantilla, guardias mejor planificadas, equipos de seguridad en centros sensibles o programas de mediación para casos de conflicto. El propio PSdeG dejó claro que estará vigilante a la implementación con la esperanza de que la protección legal «tenga continuidad» hacia medidas estructurales.
El PPdeG, personificada en la intervención de Encarnación Amigo, defendió el texto como fruto del diálogo y las cesiones entre grupos y apeló a la responsabilidad institucional. Advirtió, además, que la política sobre agresiones no debe convertirse en una batalla partidista, sino en una línea común para proteger a los profesionales sanitarios.
Para sindicatos y asociaciones de profesionales, la aprobación es un paso positivo pero insuficiente. Fuentes cercanas a dirigentes sanitarios en Galicia advierten de que, si no se acompaña de medidas tangibles en el día a día de los centros —más personal, reducción de listas de espera, líneas directas de apoyo psicológico y procedimientos expeditivos de denuncia—, la percepción de inseguridad y frustración podría persistir.
La reforma aprobada marca, en cualquier caso, una hoja de ruta clara: exige respuestas inmediatas frente a la violencia y sitúa la prevención como un objetivo prioritario. Ahora dependerá del ritmo y la ambición de la Consellería de Sanidade convertir ese objetivo en cambios que reduzcan la exposición al riesgo de quienes trabajan en Atención Primaria, en hospitales como el CHUAC o en centros rurales diseminados por la geografía gallega. Si no, advierten los críticos, el consenso del pleno habrá quedado en un gesto sin pulso.
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