La Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega cerraron anoche en la sede de la consellería en Santiago un acuerdo que pone fin a un paro de 17 días en atención primaria. El pacto, alcanzado alrededor de las 22.15 horas, fija un tope diario de 30 pacientes por cupo y obliga a la Xunta a activar medidas organizativas antes del 15 de junio, con la previsión de una implantación plena antes del 31 de octubre.
Los términos del acuerdo y cómo afectarán a la asistencia
El paquete negociado pretende atajar la sobrecarga asistencial que llevó al sindicato a convocar la protesta el pasado 2 de marzo y que, según fuentes del propio sistema, obligó a suspender al menos 69.182 consultas en los primeros quince días de conflicto. Además del límite de pacientes por día, el acuerdo prevé adaptar las agendas de pediatría, odontología y farmacia para evitar «la sobrecarga asistencial» y garantizar la atención de urgencia.
Sobre la retribución y el tiempo de trabajo, la Consellería acepta una reducción progresiva de las horas exigidas para cobrar la jornada complementaria: pasarán de las actuales 160 horas a 140 este año, con una meta de 122 horas en 2028. También se aborda la actualización del complemento variable de productividad a partir de 2027 y se mejora el cómputo de incentivos en los puntos de atención continuada (PAC).
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Conoce más →En materia de guardias, el compromiso incluye la aprobación en el segundo trimestre de un acuerdo de «voluntariedade» para que las guardias en primaria sean voluntarias y, a la vez, incentivadas. La Consellería anunció también planes para crear nuevas plazas en los PAC y para suprimir la convocatoria de nuevas plazas de facultativo especialista en atención primaria (Feap), con la eliminación de esa categoría prevista para finales de 2029. El pacto reconoce además el MIR como la vía única de especialización.
La protesta y la foto de una tensión acumulada
La huelga, que tuvo adhesiones dispares por áreas sanitarias, volvió a poner en la agenda pública la fragilidad del primer escalón del sistema sanitario gallego. Según datos facilitados por el Sergas, durante la jornada del martes secundaron el paro 67 facultativos por la mañana y 15 por la tarde; el seguimiento osciló entre el 0,72% en el área de Lugo, A Mariña y Monforte y el 5,3% en el área de Vigo.
La capital olívica fue escenario de manifestaciones previas —la imagen que acompaña estas líneas procede precisamente de una concentración de facultativos en Vigo— y simboliza la presión tanto en zonas urbanas como en el rural: la precariedad de plantillas, la presión demográfica y la dispersión geográfica son viejos conocidos en la comarca de A Mariña y en municipios como Monforte, donde las dificultades para cubrir guardias y plazas son más agudas.
Antecedentes: de la protesta local al pulso con el Estatuto Marco
No es la primera vez que la Atención Primaria gallega entra en conflicto. Las convocatorias recientes confluyeron además con las protestas a nivel estatal por un Estatuto Marco propio para los médicos; esa doble presión tensó un sistema ya castigado por años de jubilaciones, dificultades de sustitución y un modelo organizativo que muchos profesionales consideran obsoleto.
Cabre recordar que las plantillas en Galicia envejecen a mayor ritmo que la media española y que la dispersión del territorio obliga a soluciones distintas a las de las grandes ciudades. Por eso medidas como limitar los cupos diarios o hacer voluntarias y retribuidas las guardias son, sobre el papel, respuestas dirigidas a frenar la fuga de profesionales y a hacer más sostenible la atención en el medio rural.
Sin embargo, la experiencia acumulada con acuerdos anteriores genera escepticismo entre parte del colectivo. Los médicos recuerdan compromisos incumplidos o retrasados en planes similares y reclaman ahora calendarios precisos de contratación, financiación adicional y criterios transparentes para la reasignación de agendas.
Repercusiones inmediatas y dudas sobre la implementación
El acuerdo evita la extensión de la huelga y pretende recuperar la normalidad en los centros de salud a corto plazo, pero abre interrogantes prácticos. ¿Con qué plantilla se va a aplicar el límite de 30 pacientes? Implantar nuevas agendas, reconocer incentivos y crear plazas en los PAC exige refuerzos que no se improvisan antes del verano. La Consellería tiene hasta el 15 de junio para «adoptar medidas organizativas»; la ventana es corta si se tiene en cuenta la temporada estival y la movilización de recursos que conlleva.
En términos presupuestarios, algunas de las medidas —como la actualización de complementos y los incentivos por guardias voluntarias— requieren consignación clara en las cuentas públicas. Los sindicatos vigilarán la negociación de las partidas, y fuentes próximas al departamento de Sanidade reconocen que habrá que priorizar partidas dentro del presupuesto autonómico o plantear suplementos extraordinarios.
Otro punto sensible es la anunciada supresión de la categoría Feap y la consolidación del MIR como única vía formativa. Eso altera el mapa de la formación de especialistas y puede tener efectos a medio plazo sobre la captación de facultativos en atención primaria, porque exige articulación con las unidades docentes y los hospitales comarcales.
A más corto plazo, la garantía de que los sábados coincidentes con festivo darán derecho a días libres, conforme a la normativa de la Administración Xeral, supone una mejora tangible en las condiciones laborales; sin embargo, su repercusión real dependerá de cómo se computen esas compensaciones y de cuántos profesionales puedan beneficiarse en cada área.
La resolución del conflicto obliga ahora a la Xunta a convertir palabras en hechos. A falta de una verificación independiente de los plazos y de las partidas, tanto O’Mega como otros colectivos estarán atentos a la letra pequeña. Los pacientes, por su parte, esperan que el acuerdo reduzca las listas de espera y el número de consultas canceladas: las 69.182 consultas suspendidas son un recordatorio de que la sanidad primaria no admite demoras prolongadas.
En los próximos meses se dirimirá si el pacto sirve para aliviar de verdad la presión sobre centros y PACs o queda en un parche temporal. La pelota está en el tejado institucional; los plazos fijados —antes del 15 de junio para las medidas organizativas y con plena aplicación prevista antes del 31 de octubre— marcan un calendario que deberemos seguir con lupa. La ciudadanía y los profesionales no aceptarán, otra vez, promesas sin implementación concreta.
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