CC.OO. alerta de una empresa sin registro que anuncia la vigilancia de la obra de la intermodal de Lugo

25 de marzo de 2026. El sindicato CC.OO. ha puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y de la Unidad de Seguridad Privada de la Comisaría de Lugo la presencia de un cartel que anuncia servicios de seguridad en la obra de la nueva estación intermodal. Según la denuncia, el rótulo corresponde a la firma Vigilancia Montoya, que no figura en el registro oficial del Ministerio del Interior, lo que, a juicio del sindicato, podría suponer un incumplimiento legal y un riesgo para la seguridad de trabajadores y viandantes.

El cartel que desató la denuncia

En el perímetro de la obra, frente al antiguo ámbito de la estación —la céntrica zona de A Estación que ya acusa el cambio paisajístico que traerá la infraestructura—, aparece un cartel plastificado sujeto con una brida a una valla metálica provisional. Es la imagen que CC.OO. adjunta a la denuncia: un soporte improvisado que, en su opinión, no puede sustituir las garantías que exige la vigilancia profesional en una obra de esta envergadura.

El responsable de la federación del hábitat del sindicato en Lugo, José Manuel Brea, subraya que «la seguridad de un recinto de obra de esta magnitud recaería en un simple cartel». A falta de confirmación oficial sobre la identidad y la situación administrativa de la empresa, CC.OO. insiste en que las empresas que prestan servicios de seguridad privada están obligadas a estar «homologadas y registradas en el Ministerio del Interior».

“La seguridade está a ser cuberta unicamente mediante un cartel plastificado da empresa, atado cunha brida a unha valla metálica provisional”, denuncian desde la federación.

Además, el sindicato advierte de que el letrero anuncia la presencia de cámaras de videovigilancia. Si tales equipos estuviesen en funcionamiento, la señalización debería ajustarse a los requisitos formales establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos, tanto en información previa como en cuestiones relativas al tratamiento de imágenes.

Registros, licencias y lagunas jurídicas

La normativa sobre seguridad privada marca dos requisitos clave: la inscripción de la empresa en los registros del Ministerio y la habilitación del personal. Sin ese aval, la actuación de una empresa de seguridad queda fuera del cauce legal y puede acarrear sanciones administrativas. En paralelo, la normativa de protección de datos penaliza la instalación o el uso inadecuado de sistemas de videovigilancia, así como la falta de cartelería informativa que explique la finalidad del tratamiento de imágenes.

No es una discusión técnica menor. En una obra que pretende convertirse en uno de los nodos de transporte más modernos de Galicia, la presencia de vigilancia no reglada abre interrogantes sobre responsabilidad civil, cobertura de seguros ante accidentes y, en última instancia, quién asume la seguridad cotidiana de los operarios. Si la empresa que figura en el cartel no está dada de alta, ¿quién respondería ante un suceso laboral o ante la comisión de un delito en el recinto?

Fuentes sindicales recuerdan que CC.OO. no descarta emprender acciones legales si la investigación administrativa confirma irregularidades. La decisión pasa ahora por la actuación de la Subdelegación y la Unidad de Seguridad Privada, que deberán comprobar la veracidad de los hechos y, de ser procedente, ordenar medidas cautelares hasta regularizar la situación.

Un proyecto vigilado más allá de la seguridad física

La intermodal de Lugo es a la vez proyecto urbano y obra emblemática; ya ha empezado a transformar el paisaje de A Estación y concentra expectativas sobre la conectividad de la ciudad. Ese carácter público convierte cualquier incidencia en materia de contratos, licencias o seguridad en una cuestión política visible. El alcalde, Miguel Fernández, ha sufrido recientemente un torrente de críticas por otras cuestiones municipales, y la gestión de la intermodal no es ajena a ese debate.

Por otra parte, la polémica pone el foco en un problema recurrente en obras de gran tamaño: la multiplicidad de contratas subcontratadas. La cadena de responsabilidades se alarga y, en ocasiones, la supervisión se difumina entre la contratación principal, la empresa adjudicataria y las subcontratas de seguridad o mantenimiento. Ese entramado facilita errores formales y, en el peor de los casos, prácticas que vulneran normas laborales y administrativas.

En Galicia ha habido en el pasado episodios en los que la falta de coordinación entre administraciones y adjudicatarios ha derivado en retrasos y en conflictos laborales. Por eso sindicatos y expertos en riesgos laborales insisten en medidas de control más estrictas y en transparencia durante toda la ejecución.

Qué puede venir ahora y por qué importa

La expectativa inmediata es que la Subdelegación y la Unidad de Seguridad Privada comuniquen el resultado de la verificación. Si constata que la empresa señalada no está registrada, los pasos habituales incluyen requerimientos para la corrección, posibles multas y la inmovilización de cualquier prestación de servicio no autorizada. En el caso de que se confirme la existencia de cámaras, la Agencia Española de Protección de Datos podría abrir expediente si la señalética o las bases legitimadoras del tratamiento no cumplen la ley.

En el plano local, la incidencia de estas medidas se dejaría notar sobre el desarrollo de las obras: un refuerzo formal de la seguridad —con empresas registradas y personal habilitado— podría suponer costes añadidos, pero también tranquilidad para la plantilla y para los vecinos que circulan junto al recinto. La transparencia en la contratación y la información pública sobre quién vigila y cómo se hace la vigilancia ayudaría a disipar sospechas y a recuperar confianza.

Mientras tanto, los vecinos observan. A Estación ya ha comenzado a perder viejos rastros de su fisonomía; la nueva intermodal promete una mejora en la movilidad, pero también exige que la gestión del proyecto cumpla con las reglas del juego. No es un asunto menor: la seguridad en obras públicas es tanto técnica como institucional y, en una ciudad pequeña como Lugo, cualquier fallo se nota enseguida.

Queda por ver si las administraciones actúan con rapidez para aclarar la situación y si, en paralelo, los promotores de la obra refuerzan la comunicación sobre las contratas implicadas. La intermodal puede y debe ser un motivo de orgullo y modernización para Lugo; para eso no basta con grandes proyectos, hace falta que los procesos administrativos y de control funcionen con rigor.