La Xunta promete acelerar trámites para sustituir pinos no viables por la llamada «banda marrón»

Luisa Piñeiro, directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal desde diciembre de 2025, anunció este martes que la Consellería trabajará para agilizar los procedimientos administrativos que permitan sustituir pinos que resulten «no viables» por la denominada banda marrón. La responsable, ingeniera técnica de Industrias Forestais y natural de Moraña, avanzó también la inminente publicación de una instrucción que aclarará las excepciones a la moratoria del eucalipto.

Qué significa la medida y cómo se aplicaría

La fórmula que propone la Xunta busca acortar plazos y homogeneizar criterios: modelos de expediente estandarizados, plazos administrativos más cortos y mayor coordinación con ayuntamientos y comunidades de montes. En la práctica, la banda marrón se plantea como una herramienta para actuar donde un pinar, por plagas, envejecimiento o daños, deja de ser una masa forestal viable y precisa una ordenación distinta.

Piñeiro señaló que la intención no es imponer soluciones rápidas sin fundamento técnico, sino dotar a gestores y propietarios de seguridad jurídica y procedimientos claros que eviten meses de espera. «Tenemos que garantizar que la sustitución se haga con criterio técnico y medidas de restauración», dijo, a la vez que subrayó la necesidad de ofrecer asistencia técnica a las comunidades de montes con menos recursos.

«Agilizaremos los trámites para sustituir pinos que no sean viables por la banda marrón», afirmó la directora xeral.

Fuentes de la Consellería indican que la instrucción incluirá modelos de informes, plazos máximos para resolver solicitudes y criterios para determinar cuándo una masa forestal es «no viable». A falta de confirmación oficial —y sin entrar todavía en el texto final— Piñeiro avanzó que también se prevé reforzar la ayuda técnica a municipios y colectivos gestores, una demanda recurrente en comarcas como la Terra Chá y las Rías Baixas.

Un problema con raíces históricas

La propuesta llega en un territorio donde la gestión del monte ha sido históricamente compleja. Galicia vivió, durante finales del siglo XX y primera parte del XXI, un crecimiento masivo de eucaliptos impulsado por la industria de la pasta de papel. La reacción a esa expansión desembocó en moratorias y restricciones que buscan frenar nuevas plantaciones, pero también han generado tensiones cuando la realidad del monte exige soluciones puntuales.

En muchos ayuntamientos se dan situaciones paradójicas: pinares envejecidos o afectados por enfermedades que no pueden ser renovados por la moratoria al eucalipto, propietarios desanimados por la burocracia y comunidades de montes con escasa capacidad técnica. La nueva instrucción promete, según la dirección xeral, responder a esos casos concretos sin abrir una ruptura con las políticas de control de especies exóticas.

Cabe recordar que la agenda forestal gallega entrelaza intereses económicos, ambientales y de prevención de incendios. Las decisiones sobre qué especies plantar y cómo gestionar el monte afectan empleo en comarcas donde la madera y subproductos forestales siguen siendo una fuente de renta, así como la configuración del paisaje que define a provincias como Pontevedra u Ourense.

Reacciones, dudas y próximos pasos

Las reacciones no se han hecho esperar. Representantes de comunidades de montes y ayuntamientos consultados muestran prudente optimismo: muchos reciben con alivio la promesa de reducir trámites que, a su juicio, ralentizan inversiones necesarias para la prevención de incendios y la regeneración. No obstante, insisten en que la agilidad debe acompañarse de recursos económicos y técnicos, algo que Piñeiro reconoció necesita concretarse.

Por su parte, colectivos ecologistas han avisado de que examinarán con lupa la instrucción sobre excepciones a la moratoria del eucalipto. Según fuentes cercanas a estos grupos, cualquier flexibilización que no incluya condiciones estrictas sobre restauración del territorio y conectividad ecológica sería recibida con rechazo. Los debates sobre la moratoria han demostrado que episodios locales pueden adquirir rápido calado regional.

En el ámbito jurídico, algunos ayuntamientos advierten que podrían recurrir las decisiones que consideren improvisadas o carentes de base técnica; otros esperan que la instrucción reduzca litigios al dar criterios claros. La Consellería anuncia, además, que complementará la instrucción con programas de asistencia técnica —posiblemente equipos móviles o convenios con centros de investigación— para identificar de forma homogénea las masas «no viables».

Un aspecto clave sigue siendo el del apoyo económico. La experiencia previa muestra que sin ayudas económicas ligadas a las actuaciones de sustitución y restauración, muchas iniciativas se quedan en intención. Piñeiro reconoció la necesidad de vincular las medidas administrativas a líneas de financiación, aunque no detalló importes ni calendario; será un punto de tensión en las próximas semanas, cuando se concreten los presupuestos y las convocatorias.

La Xunta también tendrá que conciliar la rapidez con la transparencia. A falta de la redacción final, numerosas voces reclaman participación pública en la definición de criterios y en la imposición de salvaguardas ambientales. En el debate sobrevuelan experiencias pasadas en las que decisiones centralizadas provocaron rechazo local; la consigna actual es buscar fórmulas que combinen eficiencia administrativa y consenso territorial.

En definitiva, la promesa de Luisa Piñeiro coloca sobre la mesa una apuesta por la agilización que intenta responder a problemas reales del monte gallego: masas envejecidas, necesidades de prevención de incendios y la gestión de montes comunales. Queda por ver si la instrucción anunciada logra traducir esa intención en procedimientos robustos y en apoyos efectivos sobre el terreno. A falta de confirmación oficial del texto, la atención se centrará en su publicación y en cómo la Xunta acompaña la medida con recursos y participación local.