Raigame, la asociación de vecinos del Ensanche compostelano, ha anunciado la presentación inminente de un recurso contencioso-administrativo contra la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que afecta a la parcela del antiguo colegio Peleteiro. La corporación municipal tiene previsto someter la revisión al pleno ordinario de este jueves, pero los residentes sostienen que el expediente se ha tramitado sin la participación ni el consenso que reclamaron durante meses.
Desarrollo de los hechos
La polémica gira en torno a una actuación que, según el proyecto redactado por el Concello, permitiría la edificación en el solar del viejo colegio y la construcción de un conjunto con alrededor de 160 viviendas. Del total, el documento municipal fija que, al menos, el 45 % serán protegidas, una cifra que se presenta como respuesta a la demanda de vivienda pública pero que no ha calmado las críticas vecinales.
Los colectivos del Ensanche reprochan al gobierno local la elección de una tramitación simplificada para un expediente de gran impacto urbano y social. Denuncian “ausencia de participación pública efectiva” y una resolución administrativa que, a su juicio, reproduce la “lógica especulativa” de propuestas previas relacionadas con aquella parcela. La sensación entre los vecinos es que el proyecto no fue debatido: recuerdan compromisos políticos previos para no aprobar intervenciones de esta envergadura sin acuerdo previo.
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Conoce más →Además del número de viviendas, el proyecto incluye un aparcamiento soterrado con capacidad para 400 vehículos y una oferta de equipamientos que los vecinos consideran claramente insuficiente: solo 900 metros cuadrados destinados a usos sociocomunitarios para un barrio que, según estimaciones locales, supera los 30.000 residentes. Para los reclamantes, esa superficie no solo queda corta en términos cuantitativos, sino que tampoco responde a las necesidades demográficas y funcionales de un Ensanche envejecido y densamente poblado.
Contexto y antecedentes del conflicto
La parcela del antiguo colegio Peleteiro ha sido desde hace años un foco de debate en la ciudad. En un barrio donde faltan dotaciones públicas —centros de día, guarderías, zonas verdes y espacios multiusos— cualquier intervención sobre suelo disponible adquiere carácter simbólico: puede ser la oportunidad de corregir déficits históricos o, por el contrario, agravar la carencia de servicios básicos.
El plan municipal ha contado con el visto bueno de la Dirección General de Urbanismo de la Xunta, y la alcaldesa Goretti Sanmartín ha defendido que el proceso se ha desarrollado de forma dialogada. No obstante, la percepción en la calle difiere. Los vecinos mantienen que no se abrió un cauce real de negociación y que las soluciones planteadas privilegian el volumen edificable y el negocio en planta baja —bajos comerciales en una zona con locales vacíos— frente a equipamientos sociales orientados a la vida cotidiana del barrio.
En la práctica, la discusión refleja tensiones urbanísticas de mayor calado: la necesidad de aumentar la oferta de vivienda protegida frente a la presión de operaciones que multiplican la ocupación del suelo; la contradicción entre propuestas de movilidad que apuestan por reducir el tráfico rodado y la prevista creación de aparcamientos subterráneos; y la lucha por convertir parcelas residuales en espacios que devuelvan servicios al vecindario en lugar de transferir beneficios a agentes privados.
Repercusiones y próximos pasos
La presentación del contencioso-administrativo abrirá, previsiblemente, una fase judicial que puede demorar o incluso paralizar la ejecución del proyecto si el recurso solicita medidas cautelares y el tribunal las admite. A falta de confirmación oficial sobre los plazos, la vía judicial se ha convertido en la herramienta que los vecinos consideran necesaria para forzar una revisión en profundidad del expediente y para exigir mayor concreción en las dotaciones comprometidas.
En lo político, el conflicto coloca al Concello en una tesitura incómoda. Aprobar la modificación del PXOM en el pleno sin atender las demandas de Raigame y otras asociaciones puede suponer un coste en términos de legitimidad y de confianza ciudadana, sobre todo en un distrito con elevado índice de movilización vecinal. A corto plazo, la corporación tendrá que explicar si está dispuesta a negociar ajustes concretos —más metros para equipamientos, menor ocupación o una reorientación de los usos comerciales— o si mantiene la hoja de ruta aprobada por Urbanismo.
En clave urbanística, la operación Peleteiro sirve para recordar que la transformación de la ciudad no es solo una cuestión de cifras: la suma de viviendas y plazas de aparcamiento no garantiza la cohesión social ni la mejora del paisaje urbano. Los residentes piden una apuesta que incorpore un centro de día dimensionado a la demanda real, una guardería pública, zonas verdes que actúen como refugios climáticos, espacios de conciliación familiar y equipamientos multiusos para actividades culturales y vecinales. Sin estas piezas, advierten, el Ensanche seguirá acumulando una “deuda histórica” de servicios.
La siguiente semana será clave: si el pleno aprueba la modificación y la asociación formaliza el recurso, el proceso judicial marcará el calendario. Mientras tanto, el intercambio entre el gobierno local y la sociedad civil sobre cómo debe crecer la ciudad continúa, con la parcela del Peleteiro como nuevo campo de batalla. A la espera de decisiones definitivas, el debate no solo determina el destino de un solar: condiciona la estrategia urbana de Santiago para los próximos años y pone sobre la mesa preguntas esenciales sobre qué tipo de ciudad se quiere construir.
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