La anulación del permiso para repotenciar el parque de Corme por la sección tercera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el 21 de enero de 2022 abrió una herida que aún no cicatriza. Desde entonces, son 91 las instalaciones con recursos judiciales y, de ellas, 85 permanecen suspendidas, según los últimos recuentos del sector. La controversia no sólo ha congelado inversiones; ha convertido a un magistrado con pasado político, Luís Villares, en el epicentro de una disputa que acabó llegando a instancias europeas.
El fallo que precipitó la paralización
El auto de la sección tercera firmado por Francisco Javier Cambón, Juan Carlos Fernández y Luís Villares cuestionó la forma en que la Xunta autorizó a EDP a renovar sus aerogeneradores en Corme. El tribunal entendió que se había vulnerado la directiva europea de evaluación ambiental al reducir de 30 a 15 días el plazo de exposición pública y no facilitar en ese momento los informes sectoriales que evalúan afecciones sobre la naturaleza, el paisaje o el patrimonio. Fue, en palabras de muchos técnicos, un terremoto administrativo que obligó a revisar procedimientos y protocolos.
La suspensión cautelar de permisos se extendió rápidamente y alcanzó a proyectos tan conocidos en Galicia como el parque de Campelo, impulsado por Greenalia, que decidió impugnar la imparcialidad de Villares ante el propio TSXG. La empresa, dirigida por Manuel García Pardo, apoyó su petición en noticias y declaraciones públicas del entonces líder de En Marea, alegando un supuesto «interés personal y directo» por las críticas que Villares había vertido sobre el modelo eólico vigente.
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Conoce más →El tribunal, sin embargo, rechazó la recusación y defendió que las manifestaciones del magistrado en su etapa política constituían una crítica general y no demostraban un propósito de no aplicar la ley. En un auto que ha circulado ampliamente entre abogados y promotoras se puede leer:
«No comprometen la imparcialidad», negando el TSXG y apoyando «el ejercicio de un derecho fundamental».
La cuestión de la imparcialidad no quedó ahí: Villares sí se apartó voluntariamente en el expediente de Sasdónigas, un caso en el que admitió haber mantenido encuentros con colectivos afectados, un gesto que para algunos zanjó dudas y para otros acentuó la sensación de un tribunal dividido.
Cambios de criterio y la intervención del Tribunal Supremo
A falta de una solución homogénea, el proceso siguió enmarañándose. El Tribunal Supremo dio un vuelco cuando, en diciembre de 2023, avaló la tramitación seguida por la Xunta en el caso de Corme y consideró que no se había infringido la directiva comunitaria, aunque el Ejecutivo autonómico ya había revertido la reducción de plazos y restablecido los 30 días. La decisión del Supremo, en teoría, debía allanar el camino para desbloquear proyectos; en la práctica, no fue así.
La sección tercera del TSXG modificó posteriormente sus criterios para adoptar suspensiones cautelares. Los autos, a menudo con votos discrepantes, empezaron a fundamentarse en motivos distintos a los esgrimidos inicialmente. El cambio generó más incertidumbre en el sector: promotoras que creían haber cumplido con la normativa vieron cómo nuevos argumentos procesales frenaban autorizaciones y obras iniciadas.
En el plano institucional, hubo también declaraciones en defensa de la actuación judicial. José María Gómez, expresidente del TSXG, contestó con dureza a quienes, en 2024, intentaron estigmatizar al magistrado y a la sala. «Nadie puede cuestionar la competencia profesional», llegó a afirmar en una entrevista radiofónica, calificando de «exagerado» el intento de deslegitimación que sufrían algunos magistrados.
Repercusiones económicas, políticas y qué esperar
El coste del atasco no es sólo procesal. Galicia, una de las comunidades con mayor potencial eólico del Estado, ha visto frenada la llegada de inversiones y la creación de empleos ligados a la cadena de valor de las renovables. Empresas locales y multinacionales han prolongado calendarios y presupuestos; en puertos como el de A Coruña y Ferrol se han quedado aparcados equipos y proyectos que esperaban carga y logística para su montaje.
Políticamente, el asunto ha servido de munición en disputas entre administraciones y partidos. Para la Xunta, la inseguridad jurídica ha sido un argumento recurrente para reclamar agilidad y previsibilidad; para formaciones de la izquierda y colectivos ecologistas, la intervención judicial ha supuesto un freno imprescindible a un modelo de implantación que, según denuncian, no siempre respeta valores territoriales y ambientales. En ese choque, la figura de Villares personifica una tensión mayor: la mezcla entre pasado político y función judicial plantea interrogantes sobre los límites de la participación pública previa y la obligación de abstención.
Además, la controversia escaló fuera de España. Hábitos de tramitación y alegaciones presentadas ante la Comisión Europea han llevado el debate a Bruselas, donde se analiza si determinados procedimientos autonómicos se ajustan a la directiva de evaluación ambiental. La decisión de las instituciones comunitarias, si llegase, tendría efectos vinculantes y marcaría un precedente para el resto de Estados miembros.
En lo inmediato, la agenda judicial sigue cargada. Quedan recursos pendientes, audiencias y la posibilidad de nuevas sentencias que fijen criterios más claros sobre plazos, participación pública y la obligación de incorporar informes sectoriales. Mientras tanto, promotoras y administraciones reclaman una norma más clara y procedimientos ágiles, y asociaciones conservacionistas piden garantías para el paisaje y la biodiversidad.
Para Galicia está en juego algo más que megavatios: se trata de conciliar una urgente transición energética con la protección del territorio y la seguridad jurídica necesaria para atraer inversión. El reto es institucional y técnico, pero también político. A la espera de pronunciamientos definitivos, la paradoja es palpable: la comunidad, que podría ser laboratorio de las renovables en Europa, camina hoy con el freno puesto, atrapada entre sentencias, cambios de criterio y una discusión que sigue proyectando su sombra hacia Bruselas.
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