Clamor en el mundo del arte por la «funcionarización» de la dirección del CGAC

La conversión del puesto en una plaza de la administración reabre el debate sobre autonomía, experiencia curatorial y selección pública

En los últimos días se ha intensificado la reacción del sector cultural ante la propuesta de transformar la dirección del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) en una plaza de funcionariado. La medida, que implicaría integrar el puesto en la plantilla institucional con criterios de acceso propios de la administración, ha encendido las alarmas de galeristas, comisarios, investigadores y parte del funcionariado cultural, que advierten de riesgos para la autonomía artística y la calidad programática del centro.

El CGAC, ubicado en la ciudad de Santiago, es una institución de referencia en Galicia para la creación contemporánea. A lo largo de la última década su programación ha incorporado exposiciones que el sector valora como hitos en la trayectoria del museo y que han contribuido a conectar con audiencias diversas. Ese bagaje alimenta ahora la preocupación: la transformación del puesto de dirección podría condicionar la elección del perfil profesional y, por extensión, la capacidad del centro para encargar proyectos de riesgo y mantener una línea curatorial coherente.

La crítica más repetida entre quienes han alzado la voz es que la «funcionarización» puede favorecer la selección de personal en función de requisitos administrativos y académicos cerrados, en lugar de priorizar la experiencia comisarial, la trayectoria en investigación artística o la capacidad de afrontar proyectos expositivos contemporáneos. Representantes del ámbito editorial, gestores culturales y profesionales independientes sostienen que la dirección de un museo contemporáneo exige competencias específicas que no siempre se reconocen en los procesos de acceso típicos de la administración pública.

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Vinculado a ese cuestionamiento está el temor a la burocratización de la gestión y a la pérdida de agilidad para contratar comisarios, producir exposiciones temporales y configurar líneas programáticas que respondan a debates internacionales. Para muchos, convertir la dirección en una plaza fija podría limitar la apertura a perfiles externos y a candidaturas impulsadas por equipos curatoriales con visión internacional, algo que consideran esencial para la proyección del centro y el apoyo al tejido artístico local.

En paralelo, otras voces del sector subrayan la necesidad de proteger la estabilidad institucional y de garantizar mecanismos de transparencia y profesionalidad en la selección. Desde esa óptica, la discusión no es binaria: no se trata solo de rechazar la incorporación en plantilla, sino de diseñar procesos que combinen garantías laborales y criterios profesionales ajustados a la naturaleza de un centro de arte contemporáneo. Entre las propuestas que circulan están convocatorias públicas por proyectos, tribunales con representatividad internacional y cláusulas de evaluación periódica que permitan renovar mandatos sin perder responsabilidades laborales.

La cuestión ha provocado además un debate más amplio sobre la gobernanza de las instituciones culturales en Galicia. La comunidad artística reclama que las decisiones que afectan a la dirección de centros tan visibles se tomen con participación de los agentes del sector y con criterios que esclarezcan el perfil buscado: comisariado independiente, gestión cultural con experiencia en producción expositiva, trayectoria investigadora o, en su caso, un híbrido que combine formación académica y práctica curatorial. La demanda es clara: que el acceso no se reduzca únicamente a titulaciones o a itinerarios policiales administrativos, sino que valore la experiencia específica en arte contemporáneo.

El impacto de la noticia se ha visto acentuado por la reacción en redes y por la movilización de asociaciones profesionales y galeristas, que han hecho pública su inquietud ante el cambio propuesto. Algunos agentes recuerdan que la singularidad del CGAC radica justamente en su capacidad para albergar proyectos arriesgados y para establecer diálogos con la escena artística internacional; conservar esa capacidad es, en su opinión, de interés público.

Frente a la tensión, se abren alternativas que buscan conciliar estabilidad y excelencia: concursos públicos por proyecto con jurados plurales, mandatos temporales renovables, o convocatorias que contemplen requisitos específicos de comisariado y producción artística. También se plantea fortalecer los procesos de evaluación externa y los mecanismos de participación ciudadana y profesional para que cualquier reforma vaya acompañada de criterios claros y consensuados.

Lo que está en juego, en definitiva, es la concepción misma del papel de un centro de arte contemporáneo en la vida pública: ¿debe ser un servicio técnico más de la administración, con el orden y la seguridad que eso aporta, o un espacio dirigido por perfiles con libertad y capacidad curatorial que potencie la innovación cultural? La discusión en Galicia refleja una tensión que existe en muchos países, pero aquí adquiere especial relevancia por el peso simbólico y programático del CGAC en la escena cultural regional.

Pese a las diferencias, hay un punto de convergencia entre quienes opinan: las modificaciones que afecten a la dirección del centro deben abordarse con transparencia, diálogo con el sector y criterios profesionales que garanticen la continuidad de un proyecto cultural con impacto público. El modo en que se resuelva este debate marcará, a corto y medio plazo, la forma en que el CGAC seguirá participando en la vida cultural de Galicia y en la proyección de sus artistas y creadores.