El sector mar-industria gallego reclama medidas urgentes ante la guerra: empresas se plantean «parar»

VIGO — Representantes de la cadena mar-industria de Galicia pidieron este miércoles en el Puerto de Vigo una respuesta inmediata y concreta de las administraciones para atajar el impacto que la escalada bélica en Oriente Medio está teniendo en la actividad pesquera y conservera. En un acto celebrado con motivo de la firma de un acuerdo entre las patronales del sector se alertó de que el encarecimiento de combustibles, fletes y seguros está llevando a algunas empresas a considerar la paralización de su actividad si no llegan apoyos a corto plazo.

La urgencia en el Puerto de Vigo

En la lectura de una declaración institucional, los portavoces de ARVI (Cooperativa de Armadores), de Anfaco (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas) y del Puerto de Vigo expusieron con crudeza los vectores que hoy amenazan la viabilidad del sector: la energía y el transporte marítimo. El cierre —temporal o prolongado— del estrecho de Ormuz ha tensionado las cadenas logísticas, ralentizado fletes y complicado la contratación de coberturas aseguradoras, factores que, junto al alza del precio del combustible, elevan costes de manera simultánea.

El gerente de ARVI, Edelmiro Ulloa, subrayó que las medidas planteadas por el Gobierno hasta ahora son de aplicación «en diferido» y, en el mejor de los escenarios, no llegarían a materializarse hasta el mes de septiembre. A su juicio esa demora compromete la tesorería de muchas empresas y puede forzar «paros» en la flota:

«La tesorería de las empresas pesqueras nos llevará a parar, porque las medidas no son inmediatas y no se puede garantizar su viabilidad.»

Además de pedir agilidad, la declaración reclama que las ayudas sean temporales, proporcionadas y fruto de una colaboración público-privada real. Las propuestas concretas incluyen la activación de mecanismos de apoyo en el marco del FEMPA, haciendo uso del artículo 26 —el mismo marco que se empleó en la crisis del Covid y durante la guerra en Ucrania—, así como medidas fiscales directas que amortigüen el impacto si el conflicto se prolonga.

Costes, cifras y medidas sobre la mesa

El sector no se limita a describir el problema; propone soluciones tácticas. Entre ellas figura la flexibilización o prórroga en la implantación del sistema digital de gestión de certificados de captura, CATCH IT, la revisión —en la medida de lo posible— de las cuotas asignadas en caladeros nacionales para fomentar descargas en puertos españoles y medidas para incentivar el consumo de productos pesqueros, como una reducción temporal del IVA o fórmulas similares.

En materia de financiación, la propuesta choca con los límites que la Administración ha planteado: las ayudas previstas condicionan los importes a 200.000 euros por barco o 400.000 euros por grupo empresarial, y exigen que los buques estén inscritos en la tercera lista y formen parte de la flota española. Una arquitectura de ayudas que, según los representantes sectoriales, dejaría fuera a buena parte de la pesca artesanal gallega.

Las cifras que ponen color al problema no son abstractas. Javier Touza, portavoz del sector, recordó que ya con la guerra en Ucrania se estimó que cada subida de 0,10 euros por litro en el combustible implicaba un aumento anual de costes de 485 millones de euros. En el caso de ARVI, la cooperativa contrata anualmente entre 100 y 120 millones de litros, lo que explica por qué los paterns de compra colectiva y la agrupación de pequeños armadores vuelven a aparecer como estrategias de supervivencia.

Fallos operativos: CATCH IT y riesgos del verano

Los problemas administrativos y tecnológicos se suman a los económicos. El secretario general de Anfaco, Roberto Alonso, fue tajante sobre la implantación del sistema CATCH IT: «la UE no parece entender lo que pasa (…) estuvimos 10 años pidiendo la medida, y la implementación no ha sido correcta». La queja apunta a que el sistema no ha sido suficientemente validado y que la llegada del pico de descargas de finales de primavera y principios de verano puede provocar un colapso operativo.

En Vigo nadie olvida que la ría y sus puertos son el corazón de una cadena que da empleo no solo a la flota, sino a conserveras, estibadores y cientos de pymes auxiliares en municipios como Cangas o Marín. El presidente del Puerto, Carlos Botana, reconoció la «preocupación» del organismo por la situación y apeló al trabajo conjunto para evitar que la pesca sufra «más las malas decisiones».

Repercusiones y próximos pasos

La advertencia de paro no es retórica: en muchas cofradías de la ría la viabilidad depende de márgenes estrechos y de una tesorería que no resiste meses de precios elevados y ventas condicionadas. Si se concreta un cese temporal de actividad, el golpe se percibiría en economías locales que han ido recuperándose de las crisis anteriores, desde la pandemia hasta los efectos de la guerra en Ucrania.

A corto plazo, el sector demanda que las ayudas se articulen con mayor rapidez y con criterios que no excluyan a la pesca artesanal. A medio y largo plazo se reclama impulsar la innovación para acelerar la transición azul, mejorar la competitividad y reforzar las cadenas de valor locales que permiten colocar productos gallegos con más valor añadido en mercados nacionales e internacionales.

Las próximas semanas serán determinantes. Las administraciones deben decidir si priorizan medidas paliativas inmediatas —compensaciones, alivios fiscales y flexibilidad en sistemas digitales— o dejan que la resolución llegue con la lentitud que exige la tramitación. En los muelles vigueses, mientras tanto, muchos ojos seguirán la travesía de los precios del combustible, las cotizaciones de los fletes y la evolución de las pólizas de seguro: indicadores que, hoy por hoy, marcan la supervivencia de la mar-industria gallega.