La imagen de una avenida principal de Ourense convertida en un solar inacabado es más que un problema de tráfico o estética urbana. Es el síntoma palpable de una disfunción recurrente en la administración local: la aparente desconexión entre la información pública disponible y la diligencia debida en la gestión de contratos millonarios. El último episodio, que tiene como escenario las obras de la avenida de Portugal, trasciende el mero conflicto político para plantear una cuestión de interés general: ¿están los concellos gallegos utilizando todas las herramientas a su alcance para blindar el dinero público frente a la insolvencia de sus contratistas?
Un sistema de alertas que nadie parece escuchar
El Registro Mercantil y los juzgados de lo Mercantil funcionan, en teoría, como un sistema de alerta temprana para cualquier administración o empresa. Son fuentes de información abiertas, donde se inscriben situaciones de preconcursal o concursal de las empresas. Consultarlas es un procedimiento estándar en cualquier operación de riesgo crediticio en el sector privado. Sin embargo, en el ámbito de la contratación pública, esta práctica de debida diligencia parece, en ocasiones, diluirse en la maraña burocrática o en una confianza mal entendida. La pregunta que flota en el ambiente es inevitable: si cualquier ciudadano o periodista puede acceder a estos datos, ¿por qué la administración, con mayores recursos y responsabilidad, podría haber obviado señales de peligro durante meses?
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Conoce más →La contratación pública no puede basarse en la fe, sino en la verificación. Ignorar los registros públicos no es una omisión, es una irresponsabilidad con los fondos de todos.
El coste real de la inacción: más allá del hormigón
Cuando una obra pública se paraliza, el perjuicio se multiplica. No es solo la inversión inicial la que está en juego, sino los costes derivados de la paralización, la posible reanudación por otra empresa –normalmente a un precio superior–, los perjuicios a comerciantes y vecinos, y la erosión de la confianza ciudadana en la capacidad de gestión de sus instituciones. Cada día que pasa con la vía sin terminar es dinero que se esfuma de las arcas municipales y un recordatorio de una gestión que pudo ser más precavida. Estos episodios reavivan el debate sobre la necesidad de garantías financieras más sólidas y de cláusulas contractuales que permitan una reacción ágil y protectora del interés público ante el primer signo de debilidad del contratista.
Un patrón que exige respuestas sistémicas
Lo ocurrido en Ourense, lamentablemente, no es un caso aislado en Galicia. La historia reciente de la comunidad está salpicada de obras públicas –desde depuradoras hasta carreteras– que han naufragado por la quiebra o problemas graves de sus constructoras. Este patrón repetitivo indica que puede haber un problema estructural. ¿Se prioriza el precio más bajo por encima de la solvencia del licitador en los pliegos? ¿Existen protocolos internos obligatorios para monitorizar la salud financiera de las empresas contratadas durante la ejecución del contrato? La ciudadanía tiene derecho a esperar que su administración actúe con la prudencia de un buen empresario cuando maneja el patrimonio común.
El papel de la oposición política, en este caso el BNG, al sacar a la luz estas contradicciones, es crucial para el control democrático. Sin embargo, la solución no puede ser solo política o partidista. Debe ser técnica y normativa. Urge una reflexión a nivel autonómico y local para implantar mecanismos automatizados de monitorización financiera de las empresas adjudicatarias, haciendo de la transparencia mercantil un pilar inseparable de la contratación pública. La avenida de Portugal, hoy llena de dudas y escombros, debería ser la última lección. El verdadero legado de esta obra no debería ser un tramo de asfalto, sino un nuevo sistema que garantice que esto no vuelva a pasar. La credibilidad de las instituciones y la eficacia en el uso de los impuestos de los gallegos están en juego.
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