¿Por qué Pontevedra concentra la mayoría de las demoliciones urbanísticas? Un examen de prioridades, costes y consecuencias

El debate tras las cifras

Que casi seis de cada diez intervenciones de derribo ordenadas por la Axencia Urbanística correspondan a una sola provincia no es un dato menor: plantea preguntas sobre la distribución de la ilegalidad, la orientación de la acción administrativa y el impacto social de las medidas. Más allá del titular, interesa saber qué explica esa concentración y cómo se gestionan sus efectos sobre familias, municipios y tejido económico local.

Lo que dicen los números

La oficina encargada de velar por la legalidad en materia urbanística, creada en 2008, ha incrementado en los últimos años su actividad sancionadora. En el cómputo acumulado figura que más de dos mil propietarios se han visto obligados a restituir la legalidad en sus inmuebles, y las sanciones impuestas recientemente alcanzaron en 2025 una cifra aproximada al millón de euros. Dentro de ese marco, la provincia en cuestión acumula alrededor del 60 % de las órdenes de demolición ejecutadas.

¿Se trata de una política selectiva o de una realidad territorial?

Existen al menos dos hipótesis plausibles. Por un lado, puede obedecer a una mayor incidencia de construcciones fuera de normativa en zonas costeras y periurbanas, donde la presión sobre el suelo ha sido intensa en las últimas décadas. Por otro, la explicación puede residir en una aplicación más férrea de la normativa en determinados territorios por parte del órgano autonómico, lo que generaría una sensación de desigualdad entre provincias.

«Es imprescindible que la aplicación de la norma sea transparente y proporcione alternativas a quienes deben ejecutar obras menores o regularizar situaciones que no supongan un daño ambiental grave» — explica un responsable municipal preocupado por el efecto social de las órdenes.

Consecuencias sociales y económicas

El derribo de una vivienda, aunque se justifique legalmente, acarrea efectos colaterales: desplazamiento de residentes, pérdida patrimonial para familias que a menudo invirtieron ahorros en obras, y consecuencias para la actividad local si la vivienda constituía un ingreso turístico o formaba parte de un negocio familiar. Además, la actuación visible de la administración puede generar alarma social y un debate sobre la proporcionalidad de las sanciones.

Prevención y alternativas

Para reducir la factura social y la necesidad de medidas extremas, cabe pensar en estrategias preventivas: mejorar la planificación y la información previa a la construcción, agilizar mecanismos de regularización cuando sea compatible con la protección del territorio, y reforzar el asesoramiento técnico a propietarios en áreas rurales y costeras. También es preciso revisar los recursos destinados a la inspección y la coordinación entre administraciones para que la actuación sea eficiente y equitativa.

Comparaciones y lecciones

En otras comunidades y países, el enfoque ha combinado sanción con programas de adaptación y, en algunos casos, planes de compensación cuando la vivienda se construyó con la expectativa razonable de legalidad. La experiencia comparada sugiere que la mezcla de prevención, transparencia y proporcionalidad reduce procedimientos largos y costosos tanto para la administración como para los ciudadanos.

Transparencia y criterios públicos

Una de las demandas recurrentes en los municipios afectados es conocer los criterios que guían la selección de casos a ejecutar. ¿Se prioriza el daño ambiental, la cercanía a un espacio protegido, o el volumen de la obra? Hacer públicos esos criterios ayudaría a disipar dudas sobre supuestos agravamientos y legitimaría mejor la actuación administrativa.

Hacia un equilibrio entre cumplimiento y equidad

La aplicación de la normativa urbanística es un elemento esencial para proteger el territorio y el interés general. Sin embargo, su ejercicio exige sensibilidad.