Galicia mira a la regularización como un reto social

Una comunidad envejecida ante una realidad ya instalada

Galicia lleva años discutiendo cómo sostener su mercado laboral, sus servicios y su equilibrio demográfico. Se habla del envejecimiento, de la falta de relevo en sectores básicos y de la despoblación interior. Sin embargo, con frecuencia se pasa por alto un hecho evidente: miles de personas migrantes ya viven, trabajan y sostienen parte de la actividad cotidiana en la comunidad, aunque muchas lo hagan atrapadas en la inseguridad administrativa. La próxima regularización extraordinaria, que podría alcanzar a unas 20.000 personas residentes en Galicia, obliga a mirar de frente esa contradicción.

No se trata solo de papeles. Se trata de orden, de derechos y de interés público. Una sociedad no puede reclamar mano de obra en la hostelería, en los cuidados, en el campo o en determinados servicios urbanos, y al mismo tiempo tolerar que una parte de quienes cubren esas necesidades permanezcan en un limbo legal. La cuestión de fondo no es únicamente migratoria; es también económica, social y ética.

Durante años, la regularización ha sido tratada en demasiadas ocasiones como un episodio excepcional, casi como una anomalía del sistema. Pero quizá la anomalía sea otra: haber permitido que se consolide una bolsa de residentes sin acceso pleno a la estabilidad jurídica, con todo lo que eso implica para el empleo formal, el alquiler, la atención administrativa o la protección frente a abusos.

Más que un trámite: empleo, vivienda y convivencia

La posible apertura del proceso en los próximos días ha devuelto el debate a la esfera pública. Y conviene no reducirlo a la logística de presentar documentos. El verdadero impacto se medirá después. Si miles de personas logran regularizar su situación, Galicia tendrá que prepararse para una integración más completa en ámbitos que ya están tensionados: vivienda, atención municipal, escolarización, sanidad y acceso a empleos con mayor protección.

También habrá efectos positivos difíciles de ignorar. La regularización puede aflorar trabajo sumergido, aumentar cotizaciones y reducir la vulnerabilidad laboral. En una comunidad donde muchos empresarios repiten que faltan trabajadores en determinadas actividades, la medida puede convertirse en una vía de estabilización. El problema, claro, es que esa estabilización no llega sola. Requiere capacidad administrativa y una respuesta coordinada de distintas instituciones.

En Galicia, la experiencia demuestra que cada proceso masivo acaba descargando presión sobre ayuntamientos, entidades sociales y profesionales que ya operan al límite. No basta con anunciar una vía de acceso a la documentación. Hace falta acompañamiento real para que el procedimiento no se convierta en una carrera de obstáculos para quienes menos margen tienen para perder una cita, pagar un desplazamiento o corregir errores formales.

La regularización no resuelve por sí sola la política migratoria, pero sí corrige una parte del desorden que durante años se ha dado por asumido.

Ese es el punto central. Convertir una situación irregular en una situación reconocida no equivale a solucionar todos los problemas. Pero sí marca una diferencia sustancial: permite salir de la invisibilidad administrativa y empezar a construir itinerarios de vida más estables. Y eso, para una comunidad que necesita población activa y cohesión social, no es un detalle menor.

El riesgo de la saturación institucional

Hay otra pregunta que Galicia debería hacerse antes de que arranque el proceso con toda su intensidad: ¿están preparadas las estructuras públicas y sociales para absorber la demanda? La experiencia en España con trámites de extranjería muestra un patrón conocido: plazos ajustados, incertidumbre inicial, avalancha de consultas y dependencia excesiva de intermediarios para entender procedimientos complejos.

Cuando una regularización se anuncia sin suficiente claridad operativa, lo que crece no es solo la expectativa. Crecen también la confusión, los desplazamientos innecesarios y la ansiedad. Para muchas familias, cualquier error documental puede significar semanas perdidas. Para trabajadores con jornadas precarias, cada trámite implica dejar de ingresar dinero. Para entidades de apoyo, cada apertura masiva supone reforzar plantillas o asumir sobrecarga sin garantía de recursos adicionales.

Por eso el interés público exige algo más que voluntad política. Exige pedagogía institucional. Una información clara, homogénea y accesible vale casi tanto como la propia medida. Si no existe esa claridad, el derecho reconocido en el papel puede degradarse en desigualdad práctica: accederán antes quienes tengan mejor red de apoyo, mayor alfabetización administrativa o más capacidad para desplazarse.

Galicia, además, presenta una dificultad específica. Su dispersión territorial complica cualquier respuesta uniforme. No vive igual este proceso una persona asentada en una ciudad que otra residente en una villa pequeña o en una comarca con menos servicios presenciales. El mapa administrativo importa. Y mucho. El riesgo de que el territorio vuelva a repartir oportunidades de forma desigual está ahí.

Un debate que retrata a la comunidad

La regularización también funciona como espejo político y moral. Obliga a decidir si se quiere hablar de migración desde el prejuicio o desde la gestión responsable. En los últimos años, el discurso público ha oscilado entre dos extremos: quienes reducen a las personas migrantes a una estadística laboral y quienes las convierten en un problema de orden público. Ninguna de las dos miradas sirve.

La primera deshumaniza. La segunda distorsiona. Entre ambas queda la realidad: personas que ya forman parte del tejido gallego y cuya situación administrativa condiciona no solo su futuro, sino también el modo en que funciona la sociedad que las recibe. Regularizar no es premiar nada; es reconocer una presencia existente y someterla a un marco legal más claro.

Sería un error abordar este asunto únicamente desde la urgencia del momento. Galicia necesita una conversación adulta sobre acogida, inserción laboral, acceso a vivienda y equilibrio territorial. Si miles de personas están en condiciones de iniciar este proceso, eso significa que ya estaban aquí antes, contribuyendo de una u otra manera. La noticia, en realidad, no es su presencia. La noticia es que por fin se intenta ordenar una situación largamente aplazada.

Además, conviene recordar que otras etapas de regularización en España dejaron una enseñanza útil: cuando el sistema reconoce realidades sociales consolidadas, gana el Estado de derecho. Gana porque reduce espacios de explotación. Gana porque mejora la trazabilidad laboral. Gana porque permite planificar mejor los servicios públicos. Y gana, sobre todo, porque limita esa hipocresía colectiva que acepta el trabajo de alguien mientras le niega plena seguridad jurídica.

Una oportunidad que no debería malgastarse

Galicia tiene ante sí una oportunidad para hacer las cosas con más sensatez que ruido. El reto no consiste en convertir la regularización en un titular de pocos días, sino en entenderla como una pieza de política pública con efectos duraderos. Si el proceso se gestiona bien, puede aliviar situaciones personales muy frágiles y aportar estabilidad a sectores económicos necesitados de continuidad. Si se gestiona mal, reproducirá colas, incertidumbre y frustración.

La conclusión es clara: la comunidad no debería contemplar este paso como una concesión excepcional, sino como una corrección necesaria. En una Galicia que reclama población, empleo y cohesión, dejar a miles de residentes en el margen ya no parece una opción defendible. Regularizar es empezar a poner nombre institucional a una realidad social que lleva demasiado tiempo esperando respuesta. Y esa respuesta, por fin, tendrá que estar a la altura del país real, no del discurso cómodo.