Polémica por los pagos dobles al alcalde de Ourense, según el juez

Un juzgado de Ourense ha puesto en el punto de mira la compatibilidad de ingresos del alcalde de la ciudad, quien habría percibido retribuciones tanto del Concello como de actividades privadas sin el aval del pleno municipal. El asunto, que suma un capítulo más a la convulsa política local, destapa la falta de control efectivo sobre las responsabilidades públicas y privadas de los cargos electos en la capital ourensana.

La investigación judicial avanza tras detectarse que el máximo responsable del consistorio habría estado compaginando su sueldo público con honorarios privados, presuntamente sin contar con la autorización preceptiva. El caso reabre el debate sobre la transparencia y la fiscalización de los cargos municipales, en una ciudad acostumbrada a sobresaltos institucionales.

Compatibilidad en entredicho

Difícil encontrar una semana tranquila en la política de Ourense. Esta vez, el foco está en la gestión de los ingresos del primer edil, acusado de compaginar su retribución como alcalde con otras remuneraciones privadas. Según fuentes judiciales, el juez instructor ha advertido en un auto que la compatibilidad de actividades lucrativas no fue sometida a la aprobación del pleno, tal y como establece la normativa vigente para los cargos públicos.

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Basta con revisar los reglamentos municipales y la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas para comprobar que la autorización del pleno es imprescindible en estos casos. Sin embargo, la documentación aportada al juzgado no recoge rastro de dicho acuerdo. Un alto cargo municipal admite que esta omisión supone un claro incumplimiento de las obligaciones formales, aunque matiza que la situación no es inédita en la política local.

Los hechos han generado inquietud en la Praza do Concello, donde la oposición pide explicaciones y exige claridad sobre los ingresos percibidos por el regidor durante el mandato. «No se puede exigir ejemplaridad solo de palabra», resume un concejal del grupo minoritario. La cifra de retribuciones, que no ha sido concretada por el juzgado, podría oscilar en el entorno de los 60.000 euros anuales, según fuentes conocedoras de los presupuestos municipales. Demasiado dinero para dejarlo en el aire.

Falta de control y antecedentes recientes

No es menor el dato: Ourense arrastra una larga tradición de sobresaltos institucionales. Hace apenas unas semanas, la polémica por la adjudicación de contratos menores ya salpicó al gobierno local. Ahora, la lupa se posa sobre la gestión de los recursos personales del alcalde, en una ciudad en la que la transparencia sigue siendo tarea pendiente. Conviene recordar que la ley exige a los cargos públicos no solo la dedicación exclusiva en caso de percibir el salario íntegro del Concello, sino también la autorización expresa del pleno para cualquier otra actividad remunerada.

A nadie se le escapa que la figura del alcalde goza de un régimen especial, pero eso no lo exonera de cumplir los trámites previstos. El juzgado ha solicitado información adicional al Ayuntamiento para esclarecer si existió algún tipo de autorización tácita o si, por el contrario, el responsable municipal actuó al margen del procedimiento. La defensa del regidor alega que las actividades privadas no interferían en su labor al frente del Concello, aunque fuentes judiciales subrayan que el control no es solo sobre el tiempo, sino sobre la legalidad de la percepción de ingresos.

Pocas veces un asunto administrativo trasciende tanto en la opinión pública ourensana. La sospecha de que se haya vulnerado el régimen de incompatibilidades ha avivado el malestar entre los funcionarios municipales, que ven en este caso un síntoma más de la falta de rigor institucional. «Hay normas para todos», recuerda un veterano trabajador del edificio de la rúa Progreso.

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