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Ourense: el juez apunta al alcalde por mezclas salariales sin permiso

Ourense: el juez apunta al alcalde por mezclas salariales sin permiso

Un juzgado ha puesto en el centro del foco la gestión económica del máximo responsable municipal de Ourense. El magistrado considera que el regidor habría cobrado su salario tanto del Ayuntamiento como de una actividad privada, sin contar con la luz verde preceptiva del pleno. El asunto, lejos de ser un mero trámite, reabre un viejo debate sobre la ética y la legalidad en la compatibilidad de cargos públicos y negocios particulares.

El juzgado pone el foco en la compatibilidad

Quien conoce la política local sabe que Ourense no es precisamente ajena a los sobresaltos. Esta vez, la diana está en la combinación de sueldos. El juez encargado del caso ha señalado que el alcalde habría percibido ingresos simultáneos de la administración local y de una actividad privada. Según fuentes judiciales, el elemento clave es la falta de autorización expresa del pleno municipal, un requisito que la ley exige para estos casos.

No es menor el dato: la normativa de régimen local obliga a los cargos electos a solicitar y esperar el permiso del pleno para poder compatibilizar su dedicación institucional con actividades externas remuneradas. Lo contrario puede acarrear desde sanciones administrativas hasta la apertura de procedimientos judiciales. Lo cierto es que la sospecha sobre un posible incumplimiento ha generado inquietud tanto en la corporación municipal como entre los vecinos.

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A nadie se le escapa que en calles como la Praza Maior o en el barrio de O Couto, el runrún sobre la ética en la política local se ha intensificado. Un alto cargo municipal reconoce en privado que la transparencia es una asignatura pendiente. “La gente quiere saber a qué se dedica realmente quien les gobierna”, desliza.

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La normativa que lo complica todo

Conviene recordar que la legislación sobre la compatibilidad se endureció después de varios escándalos en Galicia hace menos de una década. El Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases del Régimen Local establecen con claridad que es imprescindible la aprobación del pleno para compatibilizar un cargo público con actividades privadas, especialmente si estas últimas son retribuidas.

En este caso, según fuentes conocedoras del expediente, el alcalde habría iniciado o continuado su actividad privada sin que conste ese permiso en el acta del pleno. La diferencia puede parecer burocrática, pero es sustancial. Basta con mirar las consecuencias en otros ayuntamientos gallegos, donde situaciones similares han desembocado en suspensiones temporales o, incluso, inhabilitaciones.

Según los datos facilitados por la propia administración pública, sólo en el último año se tramitaron en Galicia más de una veintena de solicitudes de compatibilidad por parte de cargos electos. En la mayoría de los casos, se aprobaron sin mayores problemas, pero siempre tras un debate y una votación pública. El procedimiento, diseñado precisamente para evitar conflictos de intereses, no parece haber sido respetado aquí.

Reacciones y precedente en Ourense

Nadie en el entorno del Ayuntamiento oculta la preocupación. La oposición ha pedido explicaciones inmediatas y, aunque el gobierno local guarda silencio, el clima es de incomodidad. “No se puede gobernar con dudas sobre la mesa”, afirma un portavoz vecinal del barrio de A Ponte.

Lo ocurrido recuerda a episodios pasados en la provincia, donde otros cargos públicos se vieron obligados a dimitir tras verse envueltos en polémicas similares. No parece casualidad que el caso estalle ahora, en plena discusión sobre la transparencia y la regeneración política en Galicia. La ciudadanía, ya de por sí escéptica ante la gestión de los recursos públicos, observa con lupa cada movimiento del consistorio.

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Carmen Dorado

Periodista especializada en cultura y sociedad gallega. Colaboradora habitual en medios digitales del noroeste peninsular.

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