Una mujer de Tui deberá indemnizar a su familia por vaciar la cuenta de su hermana discapacitada (64)

Durante los próximos tres años, una vecina de Tui tendrá que pagar 2.800 euros al mes a sus familiares. La razón: el vaciado de la cuenta bancaria de su hermana, persona con discapacidad reconocida. El caso, que ha removido a la comunidad local, pone sobre la mesa la vulnerabilidad de quienes dependen de otros para la gestión de su patrimonio y la importancia de los controles familiares e institucionales.

Un acuerdo que pone cifra al daño

La resolución judicial obliga a la mujer a abonar más de 100.000 euros en total, distribuidos en cuotas mensuales que deberán ingresar a la familia perjudicada. Una cifra que, aunque elevada, trata de reparar el perjuicio causado a una persona especialmente vulnerable. Fuentes judiciales sostienen que la sanción busca no solo compensar el daño económico, sino también lanzar un mensaje de advertencia a quienes gestionan bienes ajenos.

En el centro del asunto aparece una situación que, lamentablemente, no es aislada. Las familias con miembros con discapacidad suelen confiar la administración de sus recursos a personas cercanas, a menudo sin mecanismos de control externo. En este caso, la confianza familiar se rompió cuando se detectaron movimientos inusuales en la cuenta bancaria situada en una entidad de la comarca del Baixo Miño. Demasiado tarde para evitar el daño, pero suficiente para activar la maquinaria judicial.

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La realidad de las tutelas y la supervisión

Nadie ignora que la dependencia de una persona discapacitada respecto a su entorno más próximo puede ser tanto una protección como un riesgo. Lo cierto es que, en Galicia, los casos de vaciamiento de cuentas por parte de tutores o familiares responsables han aflorado con cierta frecuencia en los últimos años. Basta con hacer memoria: en Vigo, hace menos de un año, una situación similar terminó igualmente en los tribunales. Las comarcas del sur de la provincia no son ajenas a estas realidades.

El sistema de tutela, supervisado en teoría por organismos judiciales, adolece en ocasiones de falta de controles efectivos. Un responsable del sector social en Tui reconoce que los recursos públicos para seguimiento son escasos y el papel de las familias resulta determinante. “No siempre hay mala fe, pero cuando la hay, el daño es doble”, explican desde una asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual en la zona del Miño.

En este procedimiento, la mujer evitó el ingreso en prisión tras alcanzar un acuerdo económico con su familia. Una salida que, a juicio de expertos legales, no repara el daño emocional, pero sí permite recuperar parte del patrimonio perdido. La cifra habla por sí sola: 2.800 euros al mes durante 36 meses. Difícil pensar que una familia olvide pronto esta situación, aunque el dinero vuelva a la cuenta.

El contexto: una Galicia envejecida y dependiente

Conviene recordar que Galicia es una de las comunidades con mayor índice de envejecimiento y dependencia del Estado. Según los datos del Instituto Galego de Estatística, cerca de un 23% de la población gallega tiene reconocida algún tipo de discapacidad o dependencia. El entorno familiar, a menudo, actúa como red de seguridad, pero también puede convertirse en un punto débil si no existen controles o supervisión de terceros.

Hace apenas dos semanas, la Xunta presentó en Santiago un plan para reforzar la vigilancia de tutores legales y mejorar la formación de familiares responsables de personas incapacitadas. Sin embargo, la realidad en municipios pequeños, como Tui, es que el seguimiento se complica y los recursos son limitados. Un trabajador social del área lo resume en una frase: “Llegamos tarde muchas veces, y la confianza se paga cara”.