La burocracia ahoga el acceso a la sanidad pública viguesa

Las colas interminables frente a las urgencias hospitalarias se han convertido, por desgracia, en una postal demasiado habitual en la España de nuestro tiempo. Sin embargo, cuando los familiares acompañan a un enfermo o acuden a una cita médica, el drama personal se suma a otro de carácter estructural: la dificultad extrema para dejar el vehículo en las inmediaciones de los grandes complejos sanitarios. Esta situación, que vulnera de facto el derecho a una asistencia accesible, no responde tanto a la falta de espacio físico como a la inacción administrativa y a los enfrentamientos jurisdiccionales.

El eterno pulso entre administraciones

En el ámbito urbano de las grandes ciudades gallegas, la gestión del suelo público se ha convertido en un tablero de ajedrez donde diferentes entidades gubernamentales mueven sus fichas con una estrategia más enfocada en la rivalidad política que en la utilidad ciudadana. Mientras los gobiernos locales exigen a las administraciones autonómicas que cedan terrenos para equipamientos, las segundas suelen oponer resistencias de carácter normativo o financiero. El resultado de este bloqueo institucional es un terreno baldío que espera una solución desde hace años, mientras los ciudadanos sufren las consecuencias en forma de estrés y retrasos.

Este escenario no es exclusivo de una sola ciudad, sino que representa un problema sistémico. Las competencias en materia de sanidad recaen en la comunidad autónoma, pero la gestión del tráfico y el estacionamiento corresponden a los ayuntamientos. Cuando ambas administraciones no coordinan sus esfuerzos, el vacío de gestión se llena con aparcamientos privados de pago, una solución mercantilista a un problema que debería tener una respuesta puramente asistencial y pública.

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El coste de la inacción en la salud ciudadana

Resulta paradójico que en una época donde se promueve la accesibilidad universal a los servicios fundamentales, se siga obviando un aspecto tan básico como el transporte sanitario y el aparcamiento. La literatura médica ya ha advertido en múltiples ocasiones sobre cómo las barreras de acceso físico generan desigualdades en la atención. No es de recibo que una persona tenga que renunciar a su cita médica, o llegue tarde a un tratamiento oncológico, simplemente porque no existe una infraestructura digna donde dejar su automóvil.

La accesibilidad a los centros sanitarios no debería depender de la buena voluntad política, sino de una planificación urbanística integral que ponga en el centro la dignidad del paciente.

El modelo actual está profundamente desfasado. Las grandes infraestructuras hospitalarias se proyectaron en su día con una visión a corto plazo, sin contemplar el crecimiento exponencial de la motorización y la movilidad dependiente. Hoy, la falta de previsión se traduce en kilómetros recorridos en círculo por parte de usuarios vulnerables que solo buscan acceder a un derecho constitucional.

Un modelo urbano que exige respuestas urgentes

La solución a este cuello de botella exige entender la salud pública como un ecosistema que va mucho más allá de las cuatro paredes de una consulta. Facilitar el acceso a los centros médicos es, en definitiva, una medida de salud pública en sí misma. La creación de zonas de estacionamiento disuasorio o gratuitas en las inmediaciones de los hospitales no es un capricho, sino una necesidad imperiosa para garantizar la equidad.

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