Los límites del enfrentamiento político en los plenos

La normalización de la tensión institucional

Asistir a un pleno municipal en demasiadas localidades gallegas se ha convertido, desde hace algunos años, en una experiencia que poco tiene que ver con el ejercicio democrático soñado por los padres de la Constitución. Lo que debería ser un espacio de debate, acuerdo y contraste de propuestas a menudo termina transformándose en una suerte de ring donde el insulto, la descalificación y la falta de respeto compiten por ganar la partida. El último episodio, protagonizado este fin de semana en un municipio de la comarca de O Morrazo, no es más que la puntual evidencia de una enfermedad crónica que afecta a la política local.

La exigencia de que tuviera que intervenir la Policía Local para expulsar a una representante política de un salón de plenos marca un punto de inflexión alarmante. Históricamente, los cuerpos de seguridad rara vez tenían que intervenir en el desarrollo de sesiones ordinarias; su presencia se limitaba a labores de custodia del edificio o control de acceso. Que hoy sea necesario requerir a los agentes para hacer cumplir el reglamento interno de una cámara revela hasta qué punto se ha degradado el diálogo entre formaciones políticas.

Reglamentos obsoletos frente a la nueva política

Los reglamentos orgánicos de los distintos concellos gallegos establecen con claridad mecánicas para mantener el orden en los debates. Habitualmente, se contempla la posibilidad de que quien presida la sesión pueda requerir al orden a una persona en varias ocasiones antes de proceder a su expulsión temporal. Sin embargo, estas normas fueron redactadas en un contexto donde existía un pacto no escrito de caballerosidad y respeto por la institución. El actual escenario, dominado por la polarización y la viralización de las tensiones en redes sociales, ha demostrado que estos textos se han quedado cortos.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Cuando una edil rechaza abandonar voluntariamente el hemiciclo tras ser requerida en múltiples ocasiones por la alcaldía, no solo está incumpliendo una norma administrativa; está quebrando un pacto de convivencia fundamental. Desde el banco de su formación política se optó, según fuentes presentes en la sala, por exigir la continuación del debate sobre asuntos de gestión mancomunada, ignorando la autoridad de la mesa. Este tipo de actuaciones convierte el reglamento en papel mojado y obliga a las autoridades a recurrir a la fuerza pública para restaurar la normalidad.

La presencia policial en los plenarios no resuelve el problema de fondo, sino que lo tapa a base de autoridad, sin curar la infección que corroe la política municipal.

El coste para la ciudadanía y el servicio público

Más allá de la anécdota concreta y de las disputas entre partidos por ver quién tiene la culpa de cada descalificación, el gran perjudicado de esta dinámica es el ciudadano de a pie. Los plenos municipales son el órgano máximo de decisión a nivel local. En ellos se aprueban presupuestos, se debaten ordenanzas fiscales, se decide el futuro de los servicios públicos esenciales como la recogida de basuras, el agua o el urbanismo. Cuando el tiempo de la sesión se consume en pulseos sobre el orden del día o en discusiones sobre si alguien debe o no abandonar el salón, el tiempo para debatir los problemas reales de la vecindad se reduce drásticamente.

En el caso de la comarca morracense, el debate que se pretendía llevar a cabo versaba sobre la gestión de los servicios comunes, un tema de vital importancia para miles de residentes. Sin embargo, la controversia generada por el enfrentamiento personal e institucional ha eclipsado por completo el contenido de dichas propuestas. ¿Quién recuerda hoy los detalles de la ordenanza en discusión? El ruido ha sepultado, una vez más, la noticia de utilidad pública.

Un reflejo de la polarización nacional

Lo ocurrido en este municipio pontevedrés no es un hecho ai