Las administraciones locales de Galicia se están reforzando para hacer frente a un aumento exponencial en la demanda de trámites de regularización. Desde hace semanas, las ventanillas municipales registran colas inusuales, y los servicios técnicos activan protocolos de emergencia administrativa.
No es una crisis de infraestructura, pero sí de capacidad. Y llega en un momento delicado: muchos concellos ya trabajaban con plantillas ajustadas. Ahora, la presión se multiplica.
Reforzamientos en silencio
Algunos ayuntamientos han movido ficha sin hacer ruido. Han sumado personal temporal, reconvertido técnicos de otras áreas y ampliado horarios. En comarcas como O Salnés o A Mariña, se han habilitado espacios adicionales solo para gestión documental. Nadie anuncia cifras oficiales, pero en las oficinas se nota el cambio: más funcionarios, más pantallas, más formularios.
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Ver en Hotels.com → PublicidadUn responsable del sector admite que “esto no se había visto en años”. Las oficinas que antes atendían cinco o seis solicitudes diarias ahora superan las cincuenta. Y no son casos aislados. En parroquias pequeñas de Lugo o Ourense, el salto es aún más llamativo. “No es que haya más gente. Es que hay más trámites. Y todos a la vez”, señalan desde una administración de interior.
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Nadie da una respuesta única. Pero hay factores que convergen. En primer lugar, una normativa estatal que ha abierto vías de regularización para colectivos en situación irregular. Esto, sumado a campañas de información impulsadas por asociaciones, ha generado una oleada coordinada de solicitudes.
Conviene recordar que muchos de estos trámites requieren certificados municipales: empadronamiento, vivienda, convivencia familiar. Y esos documentos solo los emite el concello. Por eso, aunque la política migratoria se decida en Madrid, la carga administrativa cae en los ayuntamientos gallegos. Y cae con fuerza.
No es menor el dato: en algunos municipios, más del 40 % del trabajo actual de bienestar social y atención ciudadana gira en torno a estos expedientes. Técnicos que antes se dedicaban a ayudas sociales, programas de inclusión o gestión de vivienda ahora pasan horas revisando papeles, validando direcciones, comprobando datos.
El impacto en servicios cotidianos
La consecuencia es directa. Otros trámites, igual de necesarios, se ven ralentizados. Renovaciones de cartillas de vecindad, ayudas municipales, gestiones urbanísticas: todo se enlentece cuando los recursos humanos escasean. Y en muchos casos, escasean.
Fuentes municipales admiten que, aunque no hay paralización, sí hay retrasos. “No podemos atender a todos al mismo ritmo”, reconocen. En un ayuntamiento de tamaño medio, el tiempo medio de respuesta ha pasado de tres días a casi dos semanas. Demasiado tiempo.
Lo cierto es que muchos concellos no estaban preparados para absorber este volumen. Ni en personal, ni en digitalización. Hay oficinas que aún gestionan todo en papel, sin sistemas integrados. Basta con mirar cómo se acumulan los expedientes en mesas, estanterías, incluso suelos, para entender que algo no funciona.
La brecha entre lo legal y lo real
Hay una desconexión evidente: las decisiones políticas se toman arriba, pero el peso lo asumen abajo. Y sin financiación adicional. Los concellos no han recibido fondos extraordinarios para hacer frente a esta sobrecarga. No hay subvenciones, no hay líneas específicas. Solo la obligación de cumplir con lo que marca la norma.
A nadie se le escapa que regularizar no es un tema menor. Es un asunto de derechos, de inclusión, de cohesión social. Pero también es una tarea que requiere medios. Y esos medios no llegan. La cifra habla por sí sola: cientos de trámites diarios, miles de documentos, decenas de municipios implicados. Y todo con la misma estructura de hace cinco años.
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