El pasado político llama a la puerta

Un expresidente del Gobierno español ingresa en el selecto, pero sombrío, club de ex altos cargos imputados. La justicia avanza en una pieza separada de un caso que nació en Galicia, y ahora alcanza a la cúpula del Ejecutivo de la pasada década. Nunca antes un jefe del Ejecutivo saliente había tenido que responder ante un juez por presuntas irregularidades en el ejercicio del poder. El dato pesa. Y trasciende.

La sombra de lo que fue

El caso se remonta a una trama que salpicó instituciones gallegas, empresas públicas y contratos estratégicos entre 2007 y 2011. En su momento, algunos de aquellos expedientes generaron ruido mediático, pero quedaron en nada. Ahora, con nuevos indicios y pruebas periciales, la Fiscalía Anticorrupción ha reabierto una pieza que salta del entorno administrativo local a decisiones de Estado. No se trata de actos personales, sino de cómo se gestionó el poder desde Moncloa en momentos clave: crisis económica, reestructuraciones ferroviarias, adjudicaciones de infraestructuras millonarias.

Conviene recordar que, en aquellos años, varias sociedades públicas gallegas recibieron fondos estatales para proyectos de transporte y modernización. Algunos de esos contratos se adjudicaron sin concurso, amparados en urgencias técnicas. Hoy, esos mismos expedientes están bajo lupa. Fuentes judiciales señalan que existen indicios de una coordinación entre niveles administrativos que podría haber beneficiado a consorcios con fuerte presencia en el noroeste peninsular. Nadie niega que hubo emergencia. Pero sí se cuestiona que la excepcionalidad se volviera norma.

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Lo cierto es que el nombre del expresidente no aparece en documentos firmados ni en actas de adjudicación. Su papel, según la investigación, estaría más cerca de un aval político que de una gestión directa. Pero en política, el aval tiene peso. Sobre todo cuando se da en tiempos de crisis y con decisiones que afectan a miles de empleos. Ahí está la clave: no es solo lo que se hizo, sino quién permitió que se hiciera.

El entramado gallego que no desaparece

En Arteixo, en Ferrol, en los despachos de la Xunta de hace quince años, aún quedan ecos de aquel modelo de gestión. Se habla de puertas giratorias entre la administración y empresas afines. De asesores que luego pasaron a dirigir concesionarias. De licitaciones que, curiosamente, siempre acababan en los mismos bolsillos. Hoy, algunos de esos actores ya han sido condenados. Otros, investigados. Pero el eje central, el que dio cobertura política a aquellas decisiones, estaba más arriba.

Un responsable del sector ferroviario, que pide no ser identificado, reconoce que “en aquel momento, cualquier proyecto que saliera adelante dependía de un visto bueno de Madrid”. No era solo cuestión de dinero. Era de confianza. Y esa confianza, dice, “se construía en cenas, en llamadas, en acuerdos tácitos”. Demasiado tiempo ha pasado esas prácticas como normales.

La pieza judicial ahora analiza correos, agendas y registros de reuniones oficiosas. No busca un papel firmado, sino una red de influencia. Y en esa red, el expresidente no era un nodo aislado. Era el centro. No por estar presente en cada reunión, sino por ser el garante de que las cosas avanzaran. La cifra habla por sí sola: más del 70 % de los contratos de interés público en Galicia durante esos años contaron con financiación estatal. ¿Coincidencia? No parece casualidad.

Un precedente incómodo

Nunca antes un expresidente del Gobierno había tenido que declarar como investigado. Otros han estado bajo sospecha, sí, pero siempre en casos laterales, personales o familiares. Esto es distinto. Aquí se cuestiona el uso del poder desde la institución más alta. Y eso cambia las reglas del juego. Porque si el jefe del Ejecutivo puede ser imputado por decisiones de gobierno, entonces todos los que le sucedieron entran en una nueva categoría de riesgo.

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