La AP-9 al borde del traspaso: clave en el Congreso

El próximo martes 26 de mayo, una ponencia del Congreso se reúne para decidir el futuro de la AP-9, la autopista que vertebra Galicia de norte a sur. Tras años de retrasos y prórrogas ilegales confirmadas por Bruselas, el traspaso de esta vía estratégica parece estar a un paso de confirmarse. Pero persisten las tensiones: el PSOE exige que no cueste un euro a los gallegos, mientras el BNG y el PP insisten en que se transfiera también la titularidad, no solo la gestión. La cifra habla por sí misma: una infraestructura amortizada desde hace décadas, pero que sigue penalizando a sus usuarios.

Los hechos

La ponencia encargada de redactar la ley orgánica de transferencia de la AP-9 se reúne el martes 26 en el Congreso, tras dos encuentros previos en los que ya se marcó mayo como mes clave para cerrar un texto consensuado. El texto original, surgido del Parlamento gallego con apoyo unánime, incluía la transferencia íntegra de la autopista a la Xunta. Sin embargo, desde entonces, el PSOE y Sumar han presentado enmiendas que matizan ese acuerdo, generando fricción en el debate parlamentario. Difícil ignorar que estamos ante una de las decisiones más simbólicas para Galicia en esta legislatura.

El PSOE, a través de su diputada **Patricia Otero**, ha dejado claro que su prioridad es que la autopista “no cueste ni un euro a los usuarios”, aunque reconoce trabajar para que la titularidad también pase a Galicia. No es menor el dato: en abril, Otero afirmó que su grupo tiene “la mejor disposición para alcanzar un acuerdo sobre todos los aspectos de la ley”. Pero a la vez, su enmienda mantiene la titularidad estatal, lo que desata críticas desde el nacionalismo. “Esto no es solo un tema técnico, es de soberanía”, advirtió un responsable del sector en Santiago.

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Sumar, por su parte, no prevé retirar sus enmiendas. La portavoz gallega **Verónica Martínez Barbero** insiste en que se mantengan “vivas” para que cada grupo se “retrate” en comisión. Entre sus propuestas, destaca una disposición adicional para mejorar la protección por cese de actividad en el marisqueo, sector clave en zonas como **A Coruña** o **Pontevedra**. También piden coeficientes reductores para trabajadores expuestos a partículas mineras. Ahí está la clave: aprovechan el debate para impulsar mejoras sociales, aunque el centro del texto siga siendo la AP-9.

Contexto y antecedentes

El camino hasta aquí ha sido largo. La AP-9 fue concesionada en 1976, con prórrogas en 2000 bajo **José María Aznar** y en 2011 con **Mariano Rajoy**, que extendieron su explotación hasta 2052. Bruselas tumbó ambas prórrogas en 2023, al considerarlas ayudas ilegales al concesionario. Desde entonces, la presión en Galicia se ha multiplicado. Conviene recordar que la autopista ya está amortizada: el dinero de los peajes debió dejar de cobrarse hace años. Basta con mirar el tramo entre **Ferrol y A Coruña**, donde el tráfico diario supera los 40.000 vehículos, muchos de ellos trabajadores sin alternativa.

El Parlamento gallego aprobó por unanimidad en 2024 una propuesta que reclamaba la transferencia íntegra de la vía, incluida su titularidad. Ese fue el punto de partida. Pero en Madrid, las dinámicas son distintas. El PP y el BNG defienden ese acuerdo como inamovible. **Celso Delgado**, diputado popular, ha sido claro: “No aceptamos enmiendas que cuestionen la soberanía gallega sobre la infraestructura”. Mientras, el BNG, a través de **Néstor Rego**, insiste en que no se puede hablar de traspaso si no se incluye el título de propiedad. No parece casualidad que la discusión llegue justo cuando el Gobierno central negocia apoyos para seguir gobernando.

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