Un juez ha decretado el volcado de los correos electrónicos de las hijas de un expresidente del gobierno, en el marco de una investigación que podría afectar a una trama de corrupción con raíces desde 2020. La Fiscalía Anticorrupción vincula el caso a una red que actuó bajo estructuras opacas durante años.
La operación judicial se extiende a la familia
La investigación, que ya había puesto el foco en varios altos cargos y empresas vinculadas al entorno político, ha dado un paso más al incluir a miembros directos de la familia del expresidente. No se trata de imputaciones, pero el acceso a sus cuentas de correo marca un antes y un después en la estrategia del juzgado. El argumento de la Fiscalía apunta a posibles comunicaciones clave entre familiares y terceros que podrían esclarecer movimientos financieros o contactos con empresas investigadas.
El volcado de datos no es una medida común. Requiere justificación sólida y control judicial estricto. En este caso, las autoridades consideran que podrían existir intercambios de información relevante para demostrar cómo se articuló una supuesta red de favores. Las hijas, aunque no ocuparon cargos públicos, mantienen relaciones comerciales con empresas en sectores sensibles: energías renovables, gestión de residuos y contratación pública en municipios de interior.
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Ver en Hotels.com → PublicidadUn responsable del sector jurídico consultado señala que «cuando se investiga corrupción sistémica, las líneas entre lo público y lo privado se difuminan». Y añade: «Si hay indicios de que se usaron canales personales para gestionar asuntos de interés institucional, el ámbito familiar deja de ser intocable».
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Hosting WordPress →Una trama que comenzó en 2020
Según fuentes judiciales, la trama investigada habría arrancado en 2020, un año clave por la pandemia y las ayudas económicas excepcionales. La crisis abrió las puertas a miles de millones en fondos europeos, licitaciones exprés y decisiones tomadas en tiempo récord. A nadie se le escapa que ese contexto fue también una oportunidad para quienes buscaban beneficios ilícitos.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el esquema funcionaba con una doble vía: por un lado, decisiones oficiales que favorecieron a ciertas compañías; por otro, una red de intermediarios que canalizaba comisiones a través de sociedades pantalla. Algunas de esas empresas tienen sede en polígonos industriales de Pontevedra y Lugo, zonas donde ha crecido el control sobre las concesiones forestales y la gestión de infraestructuras.
Uno de los puntos más sensibles es la adjudicación de contratos para la gestión de biomasa. En 2021 se firmaron acuerdos en comarcas como A Terra Chá y Terra de Lemos que ahora están bajo lupa. Las cifras no son estratosféricas, pero sí significativas: entre 800.000 y 1,2 millones por concurso. Lo que llama la atención es la repetición de adjudicatarios y la ausencia de concurrencia real. Demasiado tiempo.
Conviene recordar que, en aquel momento, el Ministerio de Transición Ecológica impulsó un plan ambicioso de aprovechamiento forestal. El objetivo era claro: prevenir incendios y generar energía limpia. Pero basta con mirar los informes del Tribunal de Cuentas para ver que varias de las empresas beneficiadas no cumplían con los plazos ni con las condiciones técnicas. Y, sin embargo, recibieron pagos. La cifra habla por sí sola.
El peso del contexto político
El expresidente no está imputado, pero su gestión está en el centro del análisis. No es menor el dato: muchas de las decisiones clave se tomaron en los últimos 18 meses de su mandato, cuando el gobierno ya no tenía margen electoral. Algunos técnicos de la Administración recuerdan que en ese periodo se aceleraron trámites que normalmente llevan años. “Se notaba que había prisa”, comenta un funcionario con décadas de experiencia. “Como si quisieran dejar todo atado antes de irse”.
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