La inteligencia artificial ya tiene su marco legal en España. La nueva ley, que transpone la normativa europea, establece diez sistemas considerados de riesgo inaceptado y un régimen sancionador que puede alcanzar los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio global. Su aplicación será supervisada desde la Agencia Española de IA, con sede en A Coruña.
Diez usos vetados
A nadie se le escapa que el desarrollo de la inteligencia artificial ha ido por delante de las leyes. Con esta normativa, el Gobierno pretende poner orden en un sector que mueve millones. La lista de los diez sistemas prohibidos es tajante: cualquier herramienta que manipule el comportamiento humano de forma subliminal, que explote vulnerabilidades de colectivos especialmente protegidos, o que clasifique personas según su conducta social queda automáticamente fuera de la legalidad.
Conviene recordar que también se vetan los sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, salvo excepciones muy tasadas vinculadas a la seguridad nacional. Tampoco se permiten los sistemas que extraen emociones en el trabajo o en el ámbito educativo, ni los que crean bases de datos masivas de reconocimiento facial a partir de internet o grabaciones de videovigilancia. En total son diez categorías, definidas con el objetivo de blindar los derechos fundamentales frente a un uso descontrolado de la tecnología.
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Ver en Hotels.com → PublicidadNo es menor el dato de que la ley incluye la obligación de que cualquier sistema de alto riesgo sea evaluado por un organismo notificado antes de salir al mercado. Demasiado tiempo se ha esperado para tener reglas del juego claras. Basta con mirar lo que ocurre ya con los algoritmos que deciden desde la concesión de un préstamo hasta una contratación laboral.
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Las cifras hablan por sí solas. Las sanciones económicas previstas pueden alcanzar los 35 millones de euros para las infracciones más graves, una cantidad que duplica lo establecido en la normativa de protección de datos. El porcentaje sobre el volumen de negocio anual global, hasta el 7%, supone un aviso serio para las grandes corporaciones tecnológicas.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. Entre las primeras, la falta de transparencia o documentación puede costar hasta 5 millones. Las muy graves, como el uso de uno de los sistemas prohibidos, disparan la multa. El Gobierno ha querido así enviar un mensaje claro: no habrá tolerancia con quien juegue al límite de la ética. Desde fuentes ministeriales apuntan que se busca disuadir más que recaudar.
Ahí está la clave: las empresas, especialmente las que operan en sectores como la banca, la sanidad o el asegurador, tendrán que revisar sus algoritmos y certificar que cumplen con la ley. No parece casualidad que la Agencia ya esté recibiendo consultas de compañías que quieren adelantarse a posibles sanciones. El miedo a la multa actúa como motor de cumplimiento.
Una agencia con sabor gallego
Difícil entender esta ley sin la Agencia Española de Supervisión de IA, el organismo encargado de vigilar su cumplimiento. Su sede, en la antigua Fábrica de Tabacos de A Coruña, no es un detalle menor. Galicia se convierte así en el centro neurálgico de la supervisión algorítmica en España.
Las instalaciones, rehabilitadas para acoger a unos 50 empleados iniciales, irán creciendo a medida que aumenten las competencias. Quienes trabajan allí destacan que es la primera agencia de este tipo en toda la Unión Europea. Desde allí se emitirán certificaciones, se investigarán posibles infracciones y se coordinarán las actuaciones con el resto de autoridades europeas.
Para el tejido gallego, la presencia de la agencia supone una oportunidad. Las universidades de Santiago y Vigo ya colaboran en proyectos de IA ética, y las empresas tecnológicas de la comunidad tienen ahora un interlocutor cercano al que acudir. Fuentes del sector consultadas señalan que “esto pone a
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