AP-9: BNG arremete contra el PP por «boicotear» el traspaso

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha defendido este lunes en Santiago que el acuerdo para la transferencia de la AP-9 a Galicia “respeta la voluntad” de la Cámara gallega. En una rueda de prensa, acusó al PP de ser “tramposo” y de llevar “más de una década” poniendo obstáculos. La nacionalista destacó que el texto incluye una cláusula clave: si el debate judicial anula la prórroga de 25 años concedida en 2000, será el Gobierno español quien asuma los costes económicos derivados.

Los hechos: una proposición no de ley y acusaciones directas

Rodil anunció que los nacionalistas han registrado una proposición no de ley para que el Parlamento gallego se posicione y respalde el acuerdo alcanzado la pasada semana en la ponencia del Congreso. “No es una cláusula trampa, el que es tramposo es el PP”, reprochó durante su intervención. La diputada insistió en que el PP “nunca quiso la transferencia” y que “boicotea” el proceso con mentiras. “Lleva una década poniendo palos en las ruedas”, sentenció.

La nacionalista subrayó que el pacto recoge la obligación del Estado de asumir las cargas económicas derivadas de decisiones adoptadas cuando era titular de la autopista. Además, recordó que la concesión fue prorrogada ilegalmente por el gobierno de José María Aznar y declarada ilegal por la Unión Europea. “Si no fuese por esa ampliación, hoy los gallegos no estaríamos pagando los peajes abusivos”, enfatizó. Una afirmación que la portavoz socialista de Industria, Patricia Iglesias, secundó al señalar que la responsabilidad última es del PP.

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Iglesias exigió explicaciones a los populares por haber votado en contra del acuerdo junto a Vox. “La pelota está en el tejado del PP”, afirmó la socialista, que reivindicó el papel de su partido en las bonificaciones actuales y en el impulso de la ponencia. Ahora, el debate continuará en la Comisión de Transportes del Congreso y, posteriormente, en la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Xunta.

Contexto: una década de bloqueo y una prórroga ilegal

Conviene recordar que el debate sobre la AP-9 no es nuevo. El Parlamento gallego ya había aprobado por unanimidad una ley para reclamar la transferencia, pero el PP la bloqueó en el Congreso. A nadie se le escapa que la autopista es una de las más caras del Estado, con peajes que suponen un lastre para la economía de las comarcas de Vigo y A Coruña. La prórroga de 25 años otorgada en 2000 por el gobierno de Aznar fue declarada ilegal por la UE, pero sus efectos persisten.

La Xunta, gobernada por el PP, se ha opuesto al acuerdo alcanzado en el Congreso a través de la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que calificó el pacto de “cláusula trampa”. El BNG no tardó en responder: “El único que no se alegra del acuerdo histórico es el PP”. La cifra habla por sí sola: más de diez años de bloqueo parlamentario y judicial. Demasiado tiempo para una infraestructura clave en la movilidad gallega.

Perspectiva: el acuerdo avanza en el Congreso y la comisión mixta

Lo cierto es que el texto pactado en la ponencia deberá superar varios trámites antes de hacerse efectivo. Primero, la Comisión de Transportes; después, la Comisión Mixta de Transferencias, donde se negociarán los detalles bilaterales entre Estado y Xunta. Ahí está la clave. El BNG confía en que el PP “haga su trabajo y negocie más”, una exigencia que también comparte el PSdeG. “¿Quiere más el PP? Que negocie en la comisión mixta”, retó Rodil.

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