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El rescate de Plus Ultra fue una pantalla para obtener dinero limpio

El rescate de Plus Ultra fue una pantalla para obtener dinero limpio

No era salvar una aerolínea, sino acceder a fondos públicos sin levantar sospechas. Las investigaciones de Anticorrupción han destapado que la trama del rescate a Plus Ultra escondía un objetivo muy distinto al declarado: conseguir millones de euros de dinero público que, una vez inyectados, quedaran aparentemente limpios. La maniobra, según los informes judiciales, estaba diseñada para quebrar el vínculo entre el origen estatal de los fondos y su destino final. La perspectiva del caso cambia por completo.

La investigación que cambió el foco

Conviene recordar que la operación de rescate a Plus Ultra se aprobó en plena pandemia, cuando el Gobierno habilitó un fondo de apoyo a empresas estratégicas. Aquella decisión generó una enorme polvareda política, con acusaciones de favoritismo y trato de favor. Ahora, los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Fiscalía Anticorrupción revelan que el entramado iba mucho más allá. No es menor el dato de que los investigadores consideran que los gestores del rescate diseñaron un sistema de contraprestaciones y sociedades interpuestas para desviar el dinero. La clave, sostienen, estaba en obtener esos millones sin que pudieran rastrearse con facilidad.

Basta con mirar la estructura societaria que rodeaba a la aerolínea para entender la complejidad del circuito. Los informes apuntan a que se crearon empresas pantalla, se simularon servicios y se inflaron facturas. Todo para que el dinero público acabara en manos de los verdaderos beneficiarios del plan. A nadie se le escapa que, de confirmarse, estaríamos ante un caso de corrupción de primer orden, con un diseño sofisticado y un alto grado de premeditación.

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El mecanismo de la trama

¿Cómo funcionaba? Según fuentes judiciales, el objetivo no era sanear las cuentas de Plus Ultra, sino utilizar la empresa como vehículo para obtener recursos estatales que luego se desviaban a través de operaciones cruzadas. Lo cierto es que el procedimiento recuerda a otros escándalos de corrupción en España, pero con un grado de elaboración superior. Los investigadores han detectado transferencias a paraísos fiscales, pagos a testaferros y la creación de una maraña de intermediarios. Demasiado tiempo y dinero invertido en ocultar el rastro.

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Ahí está la clave: el dinero público se habría blanqueado mediante contratos ficticios con empresas vinculadas a los gestores de la trama. Una vez dentro del circuito, los fondos perdían su condición de ayuda estatal y se convertían en ingresos de apariencia legal. Un responsable del sector consultado por este diario lo explica así: «Lo que buscaban era que los millones parecieran fruto de una actividad empresarial real». La maniobra era perfecta, al menos sobre el papel.

Implicaciones políticas y sociales

El caso salpica de lleno al anterior Gobierno y a la gestión de los fondos de rescate. No parece casualidad que la decisión de auxiliar a Plus Ultra se adoptara en un momento de máxima tensión política, y que la empresa hubiera sido defendida públicamente por altos cargos del Ejecutivo. Ahora, la investigación sitúa a aquellos gestores ante la necesidad de explicar por qué se autorizó un rescate que, a todas luces, beneficiaba a un reducido grupo de personas. La factura, mientras tanto, la pagamos todos los contribuyentes.

En Galicia, donde la memoria de la corrupción urbanística y los fraudes con fondos públicos sigue muy viva, este caso resuena con especial fuerza. Las rías gallegas han visto demasiados ejemplos de dinero público que acaba en manos privadas. Basta con mirar lo ocurrido en la comarca de O Salnés con las ayudas al sector naval o los escándalos de las ITV para entender que la ciudadanía ya no se sorprende, pero sí exige respuestas contundentes. Y las quiere ya.

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Miguel Ángel Vázquez

Redactor especializado en economía y empresas. Cubre la actualidad económica de Galicia y España para Galicia Universal.

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