El Concello de Ourense y la deuda que nunca prescribe

La gestión de las arcas públicas en Ourense ha vuelto a situarse en el centro del debate ciudadano, aunque no precisamente por grandes proyectos de futuro. La administración local arrastra un problema crónico de liquidez que va más allá de los números rojos presupuestarios: afecta directamente a pequeños empresarios, autónomos y proveedores que llevan meses —en algunos casos años— esperando cobrar por servicios prestados. No se trata de grandes contratas de obra ni de inversiones multimillonarias; son facturas pequeñas, cotidianas, las que conforman el esqueleto contable de un Concello que parece incapaz de cerrar el círculo económico con quienes le sirven.

Cuando la morosidad se convierte en una constante administrativa, el primer damnificado es el tejido comercial local. Un bar que sirve cafés, una tienda que suministra globos para una fiesta infantil municipal, un pequeño taller que repara una persiana: todos ellos se convierten en acreedores involuntarios de una institución que debería dar ejemplo de cumplimiento. En Ourense, esa cadena de impagos ha alcanzado cotas que trascienden lo anecdótico para instalarse en lo sistémico.

Pequeños proveedores, grandes esperas

La relación entre el Concello y sus suministradores más modestos suele ser la más asimétrica: mientras la administración puede funcionar con déficit meses enteros, el autónomo que depende del cobro de una factura para pagar a su propio personal se enfrenta a un dilema de supervivencia. En el caso ourensano, el listado de operaciones pendientes de pago revela una realidad incómoda: decenas de pequeñas cantidades adeudadas que, sumadas, representan un agujero contable que nadie parece querer tapar.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

La situación se vuelve más llamativa cuando se comprueba la antigüedad de algunas de esas deudas. No se trata de demoras administrativas normales, de esos 30 o 60 días que la ley establece como plazo máximo para pagar a proveedores. Aquí las cuentas se cuentan por años. Facturas de hostelería, de material de oficina, de servicios menores, siguen sin abonarse mucho después de que el servicio se prestara y consumiera. El Concello reconoce la deuda, la anota en sus libros, pero no la paga.

La paradoja es evidente: mientras se anuncian grandes inversiones y se planifican eventos de calado, el día a día de la administración local se sostiene sobre una deuda que estrangula a los más pequeños. Es como tener la fachada pintada pero los cimientos podridos.

Este fenómeno no es exclusivo de Ourense, desde luego. La morosidad de las administraciones públicas es un problema estructural en España, que ha llevado incluso a la creación de mecanismos estatales para que los proveedores puedan cobrar facturas atrasadas. Sin embargo, pocos casos resultan tan paradigmáticos como el ourensano por la combinación de tres factores: el tiempo de demora, la naturaleza cotidiana de las deudas y la aparente resignación con que se asume la situación.

Gestión política y credibilidad institucional

Detrás de cada factura impagada hay una decisión política. O, mejor dicho, una ausencia de ella. Priorizar el pago a proveedores debería ser una de las obligaciones básicas de cualquier gobierno local, no solo por razones legales, sino por respeto a quienes sostienen la actividad económica del municipio. Cuando un Concello deja de pagar a sus suministradores durante meses o años, está enviando un mensaje claro: la planificación financiera brilla por su ausencia o, peor aún, se han establecido prioridades que no incluyen la liquidez de los autónomos.