Galicia recupera la AP-9 en el Congreso mientras estalla la batalla por su financiación

El Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde este jueves a la ley que permitirá transferir la autopista del Atlántico a la comunidad autónoma. El respaldo, impulsado por una mayoría progresista y nacionalista, deja un sabor amargo en el Parlamento gallego. La falta de garantías económicas abre la puerta a una negociación bilateral compleja y llena de tensiones políticas.

Un pulso en la Carrera de San Jerónimo

La maquinaria legislativa estatal avanza. El Congreso de los Diputados ha aprobado la norma que allana el camino para el traspaso de la gestión de la principal arteria viaria de la comunidad. Es un momento álgido para el autogobierno gallego. No obstante, la forma en que se ha materializado el acuerdo en Madrid ha generado un profundo malestar en buena parte del arco político autonómico.

Conviene recordar que la propuesta original emanó del propio Parlamento de Galicia. Sin embargo, el desbloqueo definitivo no siguió el cauce de entendimiento habitual. Un pacto estratégico entre el PSOE, el BNG y Sumar allanó el camino hace apenas unos días. La principal controversia surge al analizar la letra pequeña de ese acuerdo de última hora. El texto no se limita a traspasar la explotación de la infraestructura, sino que implica la cesión directa de la titularidad a la Xunta.

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Esta cláusula ha encendido los focos y disparado las alarmas. El Partido Popular, formación que gobierna en la comunidad, ha mostrado su frontal rechazo. Fuentes del partido conservador aseguran que la redacción final ignora de manera clamorosa el espíritu del texto consensuado previamente por todas las fuerzas políticas en la cámara gallega. La disputa institucional estaba servida antes incluso de que se produjese la votación.

El lastre económico de la concesión

A nadie se le escapa que gestionar una infraestructura de esta magnitud no es un trámite administrativo gratuito. La AP-9 es el eje vertebrador de la geografía gallega. Une núcleos estratégicos como Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo. Su ramal hacia el sur es fundamental para el tejido industrial de O Porriño y para la actividad portuaria de las Rías Baixas. Millones de desplazamientos al año dependen de su correcto y fluido funcionamiento.

Lo cierto es que el debate parlamentario en Madrid oculta un problema de raíz puramente económica. Los principales dirigentes conservadores gallegos han tildado la operación de inaceptable. Su argumento se sostiene sobre una premisa clara: el traspaso llega sin la cobertura financiera necesaria y no respeta lo pactado por unanimidad en el autonómico. El resultado es un escenario de máxima tensión que aboca a una negociación bilateral de predicamento incierto.

Basta con leer la normativa aprobada para darse cuenta del riesgo asumido. La letra de la ley impone una carga pesada sobre los hombros del Ejecutivo gallego. La Administración autonómica deberá hacerse cargo, en solitario, de todas las obligaciones con repercusiones económicas. Esto abarca las consecuencias derivadas de cualquier modificación en el régimen financiero de la concesión respecto a la empresa privada que gestiona la vía. Demasiada responsabilidad en tiempos de vacas flacas.

El horizonte del Senado y el fantasma del peaje

Mientras tanto, en el hemiciclo madrileño se repartían los méritos políticos. La izquierda y los grupos nacionalistas han celebrado el visto bueno como una victoria histórica. Sus discursos apuntan a una vieja aspiración que llevaba décadas aparcada en los cajones de la Administración central. La voluntad expresa de estas formaciones pasa por transformar la vía en un corredor completamente libre de peajes para los conductores. Una promesa tentadora para cualquier bolsillo, pero de complicado encaje presupuestario si no hay fondos estatales de por medio.