Feijoo reabre el debate sobre el sistema electoral: ¿plus de diputados para el ganador?

La cercanía de las elecciones generales está calentando los motores del debate sobre cómo contamos los votos en este país. El líder del Partido Popular ha puesto sobre la mesa una propuesta que, de entrada, parece de cajón: reformar la ley electoral para dar ventaja al partido que gane las elecciones. Nada menos que un sobrepeso de escaños para quien cruce primero la meta. La pregunta es si esa idea refuerza la democracia o la deforma.

Conviene recordar que el sistema electoral español ya de por sí genera distorsiones. La fórmula D’Hondt, combinada con circunscripciones provinciales pequeñas, castiga a las formaciones minoritarias y sobrepremia a los grandes partidos. Lo que ahora se plantea es ir un paso más allá. No basta con que el sistema premie a quienes concentran voto —que ya lo hace—, sino que habría que añadir un bonus explícito, una prima adicional para la lista ganadora. Todo ello, según defienden desde el entorno popular, con un objetivo que suena razonable: facilitar la estabilidad.

La propuesta sobre la mesa

Pocas veces un partido con opciones de gobierno se atreve a proponer un cambio normativo que, de aplicarse, le beneficiaría directamente. Pero ahí está. La idea central que ha planteado el líder del principal partido de la oposición consiste en introducir un mecanismo por el cual la formación más votada obtendría un complemento de representación, una especie de colchón extra de diputados que le permitiría gobernar con mayor holgura. La lógica que se esgrime es simple: quien gana, debe poder gobernar. Y quien gana por más, debe poder hacerlo sin depender de alianzas incómodas.

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No es un argumento nuevo. De hecho, la propia palabra «estabilidad» lleva décadas apareciendo en cada debate sobre reforma electoral. Lo que cambia ahora es el contexto político. La fragmentación del Congreso, con aritméticas cada vez más laberínticas, ha hecho que formar gobierno se convierta en un ejercicio de equilibrista. Ahí está la clave de por qué este debate resurge con fuerza. Cuando los pactos postelectorales se complican, siempre hay quien mira hacia el sistema y propone meterle mano.

Ayuntamientos sí, Parlamento no: la grieta del argumento

Ahí radica, quizás, el aspecto más llamativo de la propuesta. El líder popular sí defiende que, en los municipios, gobierne automáticamente la lista más votada. Hasta ahí, la lógica de la mayoría simple encaja con cierta tradición local. Pero sorprendentemente, no extiende ese mismo principio al ámbito autonómico ni al nacional. Es decir, lo que vale para un ayuntamiento —por pequeño que sea— no valdría para el Congreso de los Diputados ni para los parlamentos autonómicos. La pregunta surge sola: ¿por qué esa frontera?

Difícil encontrar una justificación técnica que sostenga esa distinción sin que chirríe. En los ayuntamientos gallegos, por poner un ejemplo cercano, ya opera desde hace años la moción de censura como herramienta que permite alternativas de gobierno. Si la lista más votada tuviera garantizada la alcaldía, esa posibilidad quedaría coja. Y, sin embargo, en el Congreso —donde la complejidad de los pactos es infinitamente mayor— se dejaría el sistema como está. Curioso. No parece casualidad que la distinción beneficie exactamente al perfil de formación que lidera quien propone la medida: fuerte en lo local, necesitado de empujón en lo nacional.

El fantasma de la ingeniería electoral

No es menor el dato de que esta propuesta llega en un momento de máxima tensión entre el PP y el Gobierno por todo lo relacionado con el censo electoral. El propio líder popular ha alertado en los últimos días contra lo que él describe como intentos de manipulación desde el Ejecutivo, acusando al Gobierno de practicar ingeniería electoral con modificaciones normativas que, a su juicio, buscan fabricar nuevos votantes. El caso de la ley de nietos es el ejemplo más citado en este cruce de acusaciones.

Lo cierto es qu