Cincuenta años. Esa es la edad de un edificio que ya solo vive de prestado en la memoria de la ciudad. La antigua prisión de la avenida de Madrid, cerrada hace dos décadas y abandonada desde entonces a su suerte, tiene los días contados. El Gobierno central ha decidido darle la puntilla final y ya trabaja con el Concello en los trámites para segregar la parcela y dejarla lista para nuevos usos.
No es una decisión menor. A nadie se le escapa que aquella instalación llevaba años siendo un problema urbanístico de primer orden, un lastre en una de las zonas con más presión inmobiliaria de la ciudad olívica. Y ahora, por fin, parece que hay movimiento real.
El largo silencio de la avenida de Madrid
Difícil entender cómo un inmueble de esas características, situado en una arteria tan transitada, pudo quedar durante tanto tiempo en tierra de nadie. La respuesta, como casi siempre en estos casos, tiene que ver con competencias, tramitaciones y desencuentros entre administraciones. Mientras tanto, el tiempo iba pasando.
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Conoce más →Fuentes institucionales confirman que el Ejecutivo central ha optado por aprovechar el nuevo plan de infraestructuras penitenciarias para cerrar el capítulo. La decisión pasa por segregar la parcela —un trámite técnico imprescindible— y preparar el terreno para que el Ayuntamiento pueda darle destino. Lo que antes era prisión, mañana podría ser viviendas, equipamientos o espacio público. Todo está sobre la mesa, aunque nada está cerrado.
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Ver planes de hosting →Conviene recordar que el edificio entró en servicio hace cinco décadas. Cincuenta años en los que vio cambiar Vigo por completo: la expansión hacia el sur, la llegada del metro ligero, la transformación de barrios enteros. Pero aquel centro penitenciario se quedó quieto, congelado en el tiempo, mientras la ciudad crecía a su alrededor.
Un cierre que no implica más camas
Aquí viene uno de los datos clave de esta historia. Quien esperara que el cierre de la vieja prisión trajera consigo una ampliación del Centro de Inserción Social, puede ir quitándoselo de la cabeza. El Gobierno ha descartado esa opción de plano. Y el motivo es tan sencillo como contundente: el CIS vigués está funcionando actualmente al 60 % de su capacidad.
La cifra habla por sí sola. No hay presión de demanda que justifique una inversión de esa envergadura. Ampliar instalaciones que no se necesitan, además, generaría un coste de mantenimiento difícil de justificar ante cualquier Tribunal de Cuentas. Demasiado tiempo perdido en debates estériles sobre el tamaño de una infraestructura que funciona razonablemente bien tal y como está.
No es menor el dato, porque en otras épocas la tentación de crecer habría sido casi automática. Que ahora primen criterios de racionalidad dice algo —y no poco— sobre cómo están cambiando los tiempos también en la gestión pública.
La parcela: el verdadero reto está por llegar
Una cosa es sentenciar el edificio y otra muy distinta resolver qué hacer con él. Ahí está la clave del asunto. La segregación de la parcela es el primer paso, pero ni mucho menos el último. El Concello tendrá que pronunciarse sobre los usos, abrir debates vecinales, evaluar el coste del derribo y, sobre todo, decidir si el suelo pasa a manos públicas o se destina a promoción privada.
Basta con mirar el entorno para entender la magnitud de la decisión. La avenida de Madrid concentra uno de los tráficos más densos de Vigo, con una mezcla de comercio, vivienda y servicios que no admite improvisaciones. Cualquier proyecto que se ponga sobre la mesa deberá contar con el transporte público, el aparcamiento y la conectividad con barrios como Coia o Teis.
Fuentes municipales evitan pronunciarse sobre usos concretos mientras el expediente administrativo no esté cerrado. Es comprensible. Pero también lo es que la ciudadanía lleva años esperando una señal clara sobre qué será de aquel espacio. Un solar de esas dimensio
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