O Porriño: revocan el despido exprés de un trabajador por fichar mal con la app de su empresa

El control horario se ha convertido en un terreno minado para las relaciones laborales. Una persona empleada en el sector del automóvil, destinada en las instalaciones que una destacada fundación del motor tiene en O Porriño, vio roto su vínculo laboral de manera fulminante tras ser acusada de fichar desde la aplicación de la compañía cuando todavía iba de camino al centro de trabajo. Ahora, esa decisión ha sido revocada tras evidenciarse un procedimiento de cese escandalosamente rápido, según adelantó La Voz de Galicia.

El escrutinio del control horario digital

El detonante de este conflicto laboral hunde sus raíces en la digitalización del registro de jornada. La empresa, profundamente vulnerada en su confianza según su versión, sometió al empleado a un seguimiento riguroso durante dos meses. El objetivo de este rastreo no era otro que constatar un patrón recurrente: el trabajador no esperaba a estar físicamente dentro de las instalaciones para activar el fichaje, sino que pulsaba el botón de la aplicación móvil mientras su vehículo se aproximaba al complejo de O Porriño. A nadie se le escapa que el control horario genera tensiones constantes, especialmente cuando las herramientas tecnológicas permiten a los departamentos de Recursos Humanos monitorizar la ubicación de la plantilla en tiempo real.

Demasiado tiempo vigilando la pantalla en lugar de mirar a la cara. El uso de aplicaciones de geolocalización corporativas plantea un debate jurídico de enorme calado. No es menor el dato de que muchas compañías del tejido industrial gallego hayan migrado sus sistemas de fichaje tradicionales a plataformas móviles, una medida que inicialmente buscaba la modernización y la flexibilidad, pero que en la práctica ha devenido en un mecanismo de vigilancia férrea. En este escenario, la frontera entre una infracción disciplinaria grave y una mera tolerancia administrativa se vuelve difusa. La decisión de activar el registro a pocos metros de la puerta principal dista mucho, a juicio de quien suscribe, de constituir un fraude mayúsculo, aunque la empresa así lo considerara.

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El cómputo de un tiempo irrisorio

Donde el caso adquiere una dimensión verdaderamente polémica es en la gestión de la propia destitución. El departamento de Recursos Humanos de la fundación del automóvil operó con una celeridad pasmosa. La persona investigada dispuso de un margen de apenas 45 minutos para leer la carta de despido, asimilar los cargos que se le imputaban y preparar su defensa antes de que el cese se hiciera efectivo. Difícil imaginar un escenario más asimétrico. Por un lado, una corporación con todos sus recursos y su maquinaria jurídica engrasada; por el otro, un trabajador al que se le exige montar su linchamiento de defensa en menos de una hora de reloj.

Esa desproporción temporal fue la grieta por donde colapsó todo el expediente. La jurisdicción social en España exige el cumplimiento estricto de las garantías procesales, y los plazos para la audiencia previa del trabajador no son una mera sugerencia administrativa. Conviene recordar que la doctrina jurisprudencial ha consolidado el principio de proporcionalidad y el derecho a una defensa efectiva incluso en los procedimientos disciplinarios más expeditivos. Al limitar el derecho de defensa a un cuarto de hora, la empresa del automóvil anulaba de facto cualquier garantía legal.