La Fiscalía pide archivar la causa del incendio de Oímbra y señala fallos de coordinación

Han pasado once meses desde que el fuego arrasó 23.000 hectáreas en Oímbra, convirtiendo aquel agosto de 2025 en uno de los episodios más devastadores de la historia reciente de España. Ahora, la Fiscalía ha dado un paso que muchos no esperaban: solicita el sobreseimiento provisional de la causa. Y lo hace con un argumento que incomoda a más de uno: hubo «evidentes errores de coordinación» entre los organismos públicos implicados en la extinción.

El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este diario, descarta de plano que el incendio fuese intencionado. El único investigado, un trabajador que realizaba labores agrícolas con el tractor de la empresa para la que trabajaba, no cometió, a juicio de la Fiscalía, una imprudencia grave. La clave está en que no actuaba por iniciativa propia.

Un trabajador que seguía órdenes

Conviene detenerse en la figura del investigado. No era un particular desbrozando su finca sin control. La Fiscalía subraya que el hombre actuaba siguiendo unas órdenes jerárquicas de distribución de trabajo. Es decir, cumplía instrucciones de su empresa. «Actuaba siguiendo unas órdenes sin que pueda imputársele una mayor responsabilidad por cumplirlas», señala el escrito. La diferencia es sustancial.

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Pero hay más. El comportamiento posterior del trabajador, según el fiscal, fue el de alguien que intenta contener lo incontrolable. «Hizo lo posible por tratar de extinguir el incendio con los escasos medios que tenía ante tal magnitud y hasta la llegada de los servicios de auxilio», destaca el documento. Ni huyó ni miró hacia otro lado. Se quedó, con un tractor y la impotencia de quien ve cómo las llamas se multiplican.

23.000 hectáreas y una pregunta sin respuesta

La magnitud del desastre es difícil de asimilar. 23.000 hectáreas calcinadas en una comarca, la de Verín, que todavía hoy muestra las cicatrices en sus laderas. El fuego, que se originó el 12 de agosto de 2025, avanzó con una virulencia que desbordó todos los pronósticos. Durante días, los vecinos de Oímbra y los pueblos colindantes vivieron en vilo, con el humo cubriendo el horizonte y la ceniza cayendo como una lluvia macabra.

Ahí está la clave del malestar que genera la petición de la Fiscalía. ¿Cómo es posible que un incendio de esta envergadura quede sin responsables penales? La respuesta, según el Ministerio Público, no está en la persona que aquel día manejaba el tractor, sino en la cadena de decisiones que se tomaron después. O las que no se tomaron.

Los errores de coordinación que nadie quiere asumir

La Fiscalía es contundente al señalar que se produjeron «evidentes errores de coordinación y mando». Una frase que, leída en frío, apunta directamente a la gestión de la emergencia. ¿Quién mandaba? ¿Quién decidía las prioridades? ¿Por qué los medios disponibles no actuaron de forma conjunta desde el primer momento?

No es menor el dato de que el escrito del fiscal no se limita a mencionar estos fallos, sino que los sitúa como un elemento central del caso. La investigación ha puesto de manifiesto que la coordinación entre los distintos cuerpos y administraciones implicadas en la extinción no fue la adecuada. Demasiado tiempo perdido en decisiones que debieron ser automáticas.

Lo cierto es que la causa judicial, que ha durado casi un año, ha ido desgranando un relato de desencuentros institucionales. La pregunta que flota en el aire es si estos errores de coordinación podrían haber evitado que el fuego alcanzara las dimensiones que tuvo. La Fiscalía, al pedir el sobreseimiento, parece decir que sí, que hubo fallos, pero que estos no son constitutivos de delito.