El Concello de Lugo ha anunciado una medida que afecta a miles de propietarios del rural: devolverá el dinero cobrado de más en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a unos 4.300 terrenos de suelo rústico. La decisión llega después de que estos terrenos, situados en áreas de expansión no ordenada, tributasen como si fueran urbanos, aunque con un coeficiente reductor. El acuerdo alcanzado con el Catastro permitirá iniciar un procedimiento de oficio a partir de septiembre para regularizar la situación.
La alcaldesa, Elena Candia, compareció este jueves junto al edil de Urbanismo, Ramón Cabarcos, para explicar los detalles. El proceso, que se alargará unos dos meses, notificará a los afectados la posibilidad de reclamar la devolución. El gobierno local busca una fórmula de compensación automática para agilizar los trámites. Las cuantías, según avanzó la regidora, no serán elevadas, pero corrigen un desajuste que se arrastraba desde la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Un problema enquistado desde el 5% del PXOM
El origen de esta situación se remonta a la aprobación del 5% pendiente del PXOM, un trámite que estuvo bloqueado durante años. Ese porcentaje, que completaba la ordenación urbanística del municipio, dejó en un limbo fiscal a miles de parcelas. Al no estar claramente clasificadas como rústicas, el Concello las gravó como urbanas, aplicando un coeficiente reductor que, pese a todo, resultaba superior al que correspondía legalmente.
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Conoce más →La alcaldesa fue clara al reconocer el error: «Non era razoable facer pagar aos propietarios como se dispuxesen dun solo urbano consolidado cando, na práctica, eses dereitos urbanísticos non existían». La medida corrige, según sus palabras, «unha inxustiza fiscal que afectaba a multitude de propietarios da nosa zona rural». El mensaje es rotundo: los vecinos pagarán por lo que realmente tienen, no por expectativas urbanísticas que nunca se materializaron.
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Buscar dominio →No es menor el dato de que ya existen sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que avalan esta reclamación. De hecho, algunos propietarios habían emprendido acciones judiciales por su cuenta. Ahora, el Concello opta por una solución colectiva para evitar más litigios y devolver la confianza a los contribuyentes del rural.
Devolución automática y plazos ajustados
El procedimiento arrancará en septiembre. El Catastro iniciará la revisión de oficio y, en un plazo de dos meses, notificará a los propietarios afectados. A partir de ahí, el Concello estudia la fórmula más ágil para devolver el dinero. La opción preferida es la compensación automática, aunque no se descarta la devolución directa si la normativa lo permite.
La alcaldesa espera que el próximo año la situación esté completamente corregida. Esto significa que, para el ejercicio de 2027, los propietarios de estas 4.300 parcelas pagarán el IBI que realmente les corresponde, el de suelo rústico. La cifra habla por sí sola: 4.300 familias que dejarán de pagar un impuesto injusto.
Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno local por sanear las cuentas y evitar problemas con la Seguridad Social. Hace apenas unos días, el Concello abonó 33.000 euros a este organismo para no perder una subvención de 150.000 euros. La disciplina fiscal, parece, es una prioridad.
Reacciones y contexto político
El anuncio no ha estado exento de polémica. El PSOE local ha cuestionado la forma en que se gestionó el convenio deportivo anunciado por Candia, aunque la alcaldesa defiende que todas las decisiones se toman con criterios de eficiencia y justicia. En este caso, la rectificación del IBI es un gesto hacia el rural, un sector que a menudo se siente olvidado por las administraciones.
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