Editorial: trece años de silencio — la deuda pendiente del Estado con Angrois

Editorial: trece años de silencio — la deuda pendiente del Estado con Angrois

Se cumplen trece años del accidente ferroviario de Angrois. Ochenta personas muertas, más de ciento cuarenta heridas, decenas de familias destrozadas. Y trece años después, la herida sigue abierta. La plataforma de víctimas ha vuelto a convocar un acto de homenaje en el lugar del siniestro, como hace cada 24 de julio. Y como cada año, las preguntas sin respuesta se acumulan: ¿por qué no se ha depurado toda la responsabilidad política? ¿por qué no se han adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que una tragedia así vuelva a ocurrir? ¿por qué el Estado sigue sin pedir perdón de forma clara y sin reparar el daño causado?

El accidente de Angrois no fue un accidente. Fue una catástrofe evitable que ocurrió porque fallaron todos los sistemas de seguridad al mismo tiempo: el diseño de la vía, la señalización, la formación del maquinista, la supervisión de Adif y Renfe. Los tribunales han establecido responsabilidades penales, pero la responsabilidad política y moral sigue sin asumirse. Nadie en el Gobierno de España ha dimitido por Angrois. Ni el ministro de Fomento de entonces, ni el presidente de Adif, ni el consejero delegado de Renfe. La factura política la pagaron solo los empleados de a pie, mientras los altos cargos que diseñaron el sistema de seguridad deficiente siguieron ocupando sus puestos.

Angrois no fue un punto de inflexión para la seguridad ferroviaria en España. No hubo una comisión de investigación parlamentaria en condiciones. No hubo una reforma profunda del sistema de gestión de la seguridad en Adif y Renfe. Las medidas que se adoptaron fueron las mínimas exigidas por las sentencias judiciales, y aun así se aplicaron con cuentagotas. Trece años después, el sistema ferroviario español sigue arrastrando carencias en materia de señalización y control de velocidad que Angrois puso de manifiesto y que nadie ha corregido del todo. La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿podría volver a ocurrir?

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La deuda del Estado con las víctimas de Angrois no es solo económica —que también, con indemnizaciones que tardaron años en pagarse y que en muchos casos fueron insuficientes—. Es una deuda moral. El Estado debe un reconocimiento público de su responsabilidad institucional en la tragedia. Debe una reparación simbólica a las víctimas y a sus familias. Debe un compromiso firme de que la seguridad ferroviaria es una prioridad absoluta y no una variable de ajuste presupuestario. Y debe, sobre todo, memoria. Angrois no puede caer en el olvido como han caído otras tragedias ferroviarias en España, borradas de la agenda política y mediática al cabo de unos meses.

Trece años no son suficientes para cerrar una herida como la de Angrois. Pero deberían ser suficientes para que el Estado mire a las víctimas a los ojos y les pida perdón. No como un gesto vacío, sino como el primer paso de un compromiso real con la seguridad y con la memoria. Galicia no olvida Angrois. Y el Estado no debería permitirse el lujo de seguir ignorándolo.