La maquinaria judicial se pone en marcha definitivamente para el caso que conmocionó a toda Galicia. Casi dos meses después de que la Fiscalía presentase su escrito de acusación, el juez instructor ha dictado la apertura de juicio oral contra el capitán del pesquero y los dos máximos responsables de la armadora. Las acusaciones particulares reclaman una cifra que impresiona: más de 1.000 años de prisión. La Fiscalía, por su parte, mantiene una postura más moderada y sitúa su petición en torno a los 9 años de cárcel.
El auto, emitido este jueves por el magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional, confirma que los tres investigados deberán sentarse en el banquillo. Se les atribuyen presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes, en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores. La cifra de 1.007 años que solicitan las acusaciones particulares, lideradas por los familiares de las víctimas, contrasta con la visión de la Fiscalía, que opta por la vía de la imprudencia grave sin apreciar dolo eventual.
Las dos caras de la acusación
En este proceso judicial no hay una sola petición penal, sino varias. Y la distancia entre ellas es abismal. La Fiscalía sostiene que los hechos encajan en un delito de imprudencia grave: atribuye a los tres acusados 21 delitos de homicidio imprudente, un delito de lesiones imprudentes y otro contra los derechos de los trabajadores. Su petición global no supera la decena de años de prisión para cada uno.
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Conoce más →Las acusaciones particulares, sin embargo, van mucho más allá. Reclaman hasta 337 años de cárcel para el capitán, Juan Padín, y para los directivos de la armadora Grupo Nores, José Antonio Nores Rodríguez y su hijo José Antonio Nores Ortega. La diferencia radica en la calificación jurídica: mientras la Fiscalía habla de imprudencia, las acusaciones ven dolo eventual. Es decir, sostienen que los acusados actuaron con conocimiento del riesgo y pese a ello lo asumieron. Ahí está la clave del proceso.
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Conviene recordar lo ocurrido aquel fatídico 15 de febrero de 2022. El Villa de Pitanxo, un pesquero con base en el puerto de Marín, se hundió en aguas de Terranova, a más de 450 kilómetros de la costa canadiense. De los 24 tripulantes a bordo, solo hubo tres supervivientes. Veintiún marineros perdieron la vida en las gélidas aguas del Atlántico Norte. La tragedia golpeó con especial dureza a las localidades de la comarca de O Morrazo, de donde eran originarios la mayoría de los fallecidos.
El barco, de bandera española, faenaba en el caladero de Terranova cuando se desató el temporal. Las condiciones meteorológicas eran adversas, pero la investigación apunta a que hubo decisiones humanas que pudieron evitar la catástrofe. El capitán y los directivos de la armadora son señalados por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias y por haber mantenido el barco en una situación de riesgo evitable. No es menor el dato de que el propio patrón logró salvarse, mientras que la mayoría de la tripulación quedó atrapada en el interior del buque.
La lucha de las familias
Desde aquel día, los familiares de las víctimas no han cejado en su empeño de conseguir justicia. Han protagonizado concentraciones, manifestaciones y han llevado su dolor hasta las instituciones. Su exigencia ha sido siempre la misma: que se depuren responsabilidades y que no quede impune lo que consideran una negligencia criminal. «Fuimos al mar para poner pan en nuestra mesa y nos quitaron la vida», llegó a decir uno de los supervivientes, resumiendo en una frase el sentir de todo un colectivo.
Las acusaciones particulares, ejercidas por los letrados que representan a las familias, han sido incisasibles. Han solicitado pruebas, han recurrido decisiones judiciales y han mantenido viva la presión mediática. Su recompensa, al menos de momento, es que el caso llega
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