La alcaldesa de Lugo ha puesto en marcha su promesa estrella: eliminar parte del carril bici antes de que finalice el año. Un movimiento que no está exento de polémica ni de riesgos económicos. El gobierno local asegura tener las herramientas legales para esquivar una sanción de la Unión Europea y evitar devolver los fondos europeos que financiaron la infraestructura.
La clave está en un informe de la Policía Local que identifica 13 zonas con deficiencias de seguridad para los ciclistas. Un argumento de peso que, según el ejecutivo municipal, justifica la retirada de la obra sin consecuencias financieras. La regidora lo expresó con claridad: la infraestructura no se usa, no es estética, no es cómoda y, además, es insegura. “Afortunadamente non pasou nada porque non se emprega”, señaló, en alusión a la ausencia de accidentes en un carril prácticamente vacío.
Un informe policial como escudo ante Bruselas
El documento de la Policía Local se ha convertido en la pieza central de la estrategia municipal. En él se detallan los puntos negros del trazado, aquellos donde el diseño original compromete la integridad de los ciclistas. No es un capricho político, insisten desde el gobierno local, sino una cuestión de seguridad vial. La argumentación pretende ser sólida ante la UE: si la propia policía certifica que el carril es peligroso, su eliminación responde a un imperativo de protección ciudadana, no a un mero cambio de criterio urbanístico.
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Ver en Hotels.com → PublicidadLa alcaldesa recordó que, desde su llegada al gobierno en 2023, el rechazo vecinal al carril bici ha sido una constante. En todas las reuniones con los residentes, dijo, la queja emergía de manera explícita. “Non houbo ningunha na que non detectaramos de xeito explícito o enorme rechazo ao carril bici polos barrios polos que transcorre”, afirmó. Una oposición que el anterior ejecutivo socialista, promotor de la obra, nunca logró disipar.
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Buscar dominio →El lastre de los fondos europeos
El principal escollo para desmantelar el carril bici ha sido siempre el temor a tener que devolver las ayudas europeas que lo sufragaron. No es una cuestión menor: rehacer o suprimir una infraestructura financiada con dinero comunitario puede activar mecanismos de reintegro que dejarían un agujero en las arcas municipales. El gobierno de Candia ha trabajado durante meses para encontrar una vía legal que permita la retirada sin penalización.
El informe de la Policía Local es, precisamente, esa vía. La administración local sostiene que, al tratarse de una cuestión de seguridad, la decisión está amparada por la normativa europea. La pelota está ahora en el tejado de Bruselas, que deberá pronunciarse sobre si acepta o no esta justificación. De momento, el Concello ya ha anunciado que los primeros tramos conflictivos comenzarán a eliminarse antes de que termine el año.
Una promesa electoral que se convierte en realidad
La eliminación del carril bici fue uno de los caballos de batalla del Partido Popular durante la campaña electoral. Candia lo repitió en cada mitin, en cada entrevista: el carril era un error, un gasto inútil y una fuente de conflictos con los vecinos. Ahora, convertida en alcaldesa, cumple su palabra. Pero el proceso no está siendo sencillo. Además del riesgo financiero, la medida ha reabierto el debate sobre la movilidad sostenible en la ciudad.
Mientras unos aplauden la decisión, otros la critican por considerar que supone un paso atrás en la apuesta por medios de transporte alternativos al coche. El gobierno local, sin embargo, insiste en que no abandona la movilidad ciclista, sino que corrige un diseño defectuoso. De hecho, ya se han anunciado medidas complementarias, como la creación de más plazas de aparcamiento público en la zona de Recatelo, donde el carril será levantado.
Lo cierto es que la decisión de eliminar parte del carril bici de Lugo no es un hecho aislado. Otras ciudades gallegas han afrontado dilemas similares.
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