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El Supremo aplica la amnistía del ‘procés’ y la política gallega se divide entre el rechazo del PP y el respaldo condicionado del BNG

El Supremo aplica la amnistía del 'procés' y la política gallega se divide entre el rechazo del PP y el respaldo condicionado del BNG

La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha hecho pública esta mañana la aplicación efectiva de la ley de amnistía a los líderes del procés, un movimiento jurídico que, lejos de cerrar heridas, reabre el debate político con fuerza en la Galicia de la retranca y las mayorías ajustadas. La decisión, que deja sin efecto las condenas por sedición y malversación, ha provocado una reacción inmediata y diametralmente opuesta entre las dos principales fuerzas políticas de la terra.

Un terremoto nacional con epicentro en la Moncloa

La resolución del alto tribunal, esperada desde hace semanas, supone un hito sin precedentes en la democracia española. Los magistrados han interpretado que los hechos juzgados encajan en los supuestos recogidos en la norma, aprobada en el Congreso con los votos decisivos de los independentistas catalanes. Ahora bien, la aplicación no ha sido automática ni exenta de polémica interna en el propio tribunal, donde el voto particular de tres jueces advierte de una «quiebra del Estado de derecho». Lo cierto es que la medida beneficia directamente a una docena de ex altos cargos catalanes, pero su sombra es alargada y alcanza de lleno a la política gallega, donde los bloques ideológicos se preparan para una nueva batalla dialéctica.

El PP gallego: «Un ataque a la igualdad entre españoles»

En la sede del PPdeG, la reacción ha sido de una dureza inusitada. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, compareció esta misma tarde para calificar la decisión como «una humillación para Galicia». Según el líder popular, mientras en nuestra comunidad se aplican con rigor los mecanismos de control financiero y judicial, «a otros se les perdona la malversación de fondos públicos». Cabe recordar que el PP gallego siempre ha mantenido una línea muy firme contra cualquier privilegio territorial, y esta amnistía es vista como un agravio comparativo directo. «No es una cuestión de ideología, es de justicia. Un gallego no entiende que se perdone a quien desvió dinero público mientras aquí se exige responsabilidad hasta el último céntimo», afirmó Rueda, con ese tono de morriña institucional que tanto cala en el rural.

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El BNG: «Fin a la judicialización, ahora toca hablar de autogobierno»

En la otra orilla, el Bloque Nacionalista Galego ha recibido la noticia con un cauteloso pero firme respaldo. Ana Pontón, portavoz nacional, ha señalado que la amnistía es «un primer paso para desactivar la represión política». No obstante, el BNG va más allá y reclama que este gesto no se quede en un mero perdón penal. «Galicia no puede ser espectadora. Si el Estado es capaz de reconocer un conflicto político en Cataluña, también debe hacerlo con el nuestro», declaró Pontón, insistiendo en la necesidad de un nuevo estatus de autogobierno para la comunidad. El partido frentista, que en los últimos meses ha endurecido su discurso soberanista, ve en esta amnistía una ventana de oportunidad para reabrir el debate sobre el reconocimiento nacional de Galicia.

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«Si el Estado es capaz de reconocer un conflicto político en Cataluña, también debe hacerlo con el nuestro. Galicia no puede ser espectadora de un proceso que la afecta directamente.» — Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, en declaraciones a esta redacción.

El pulso en las bases y el efecto en las próximas autonómicas

Más allá de las declaraciones oficiales, lo cierto es que la amnistía llega en un momento de máxima tensión política en Galicia. Las encuestas apuntan a un empate técnico entre PP y BNG para las próximas autonómicas, y este tema puede ser la gasolina que encienda la campaña. En las redes sociales gallegas, la división es absoluta. Mientras unos comparten memes con la bandera de Cataluña y la de Galicia entrelazadas, otros claman contra lo que consideran una «traición a la España constitucional». La retranca gallega, sin embargo, se abre paso: «Ya que perdonan a los catalanes, que nos perdonen a nosotros las multas de tráfico», bromeaba un usuario en Twitter, reflejando el escepticismo popular ante una medida que muchos ven como lejana y ajena a los problemas cotidianos de las rías y las villas.

La Xunta, por su parte, ya ha anunciado que recurrirá cualquier aplicación de la amnistía que afecte a intereses gallegos, especialmente en lo relativo a los fondos europeos que pudieran haberse desviado. Un movimiento que, según analistas, busca capitalizar el descontento de un electorado mayoritariamente conservador en las zonas rurales. Mientras tanto, en las ciudades, el debate se centra en si esta medida abre la puerta a una reforma del modelo territorial o si, por el contrario, consolida un sistema de dos velocidades que deja a Galicia en un segundo plano. La respuesta, como siempre en esta tierra de meigas, se irá viendo con el paso de los días.

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Carmen Dorado

Periodista especializada en cultura y sociedad gallega. Colaboradora habitual en medios digitales del noroeste peninsular.

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