Doce meses después de que la ciudad herculana se convirtiera en la primera de Galicia en declararse zona de mercado residencial tensionado, el balance llega con matices. Los inquilinos pagan menos que en 2024, sí. Pero la oferta de pisos en alquiler ha menguado de forma considerable. La medida, aprobada por el Gobierno central a instancias del Ayuntamiento que preside Inés Rey, ha logrado contener la escalada de precios, aunque no sin efectos secundarios que ya se dejan sentir en el día a día de los coruñeses.
Ahora, además, Santiago de Compostela acaba de recibir la misma declaración por parte del Ejecutivo. La capital gallega se suma así a la lista de municipios donde la ley de vivienda permite limitar las rentas. Pero lo ocurrido en A Coruña durante este primer año sirve como termómetro de lo que puede esperar la ciudad del Apóstol.
El precio bajó, pero la oferta también
La cifra habla por sí sola. Los contratos firmados bajo el paraguas de la intervención reflejan un descenso medio en el precio del alquiler respecto al año anterior. Quienes han renovado o encontrado piso en los últimos meses lo han hecho pagando menos de lo que habrían desembolsado en 2024. No es menor el dato: la medida ha funcionado en el bolsillo de los inquilinos que han logrado cerrar un contrato.
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Conoce más →Sin embargo, la otra cara de la moneda es la contracción del mercado. El número de viviendas disponibles para alquiler se ha reducido. Algunos propietarios han optado por retirar sus inmuebles del mercado residencial; otros los han destinado a alquiler turístico o simplemente han esperado a ver cómo evolucionaba la normativa. Lo cierto es que quien busca piso hoy en A Coruña se encuentra con menos oferta que hace un año. Y eso, en una ciudad con demanda creciente, genera una presión adicional.
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Buscar dominio →Un año de cautela y serenidad
«Los resultados se verán en los próximos meses». La alcaldesa Inés Rey pedía hace justo un año prudencia, cautela y serenidad ante la polémica que generó la decisión. Aquellas palabras sonaron a advertencia para quienes esperaban un cambio radical e inmediato. Ahora, con doce meses de datos sobre la mesa, el debate sigue abierto.
Resulta difícil encontrar un consenso entre las partes. Las asociaciones de inquilinos valoran la contención de precios como un primer paso, pero reclaman medidas complementarias que eviten la fuga de viviendas del mercado. Por su parte, los propietarios denuncian que la intervención desincentiva la oferta y genera incertidumbre jurídica. A nadie se le escapa que el equilibrio es frágil.
La Xunta, que siempre mostró reticencias hacia la declaración de zona tensionada, observa ahora con atención los datos de A Coruña mientras Santiago se prepara para aplicar la misma receta. El Gobierno gallego ha defendido en repetidas ocasiones que la solución pasa por aumentar la oferta de vivienda pública, no por intervenir los precios.
El efecto Santiago
La declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado tensionado añade un nuevo capítulo a la historia. La capital gallega comparte con A Coruña muchos de los problemas estructurales: alta demanda, escasez de suelo, precios al alza y un parque de vivienda pública insuficiente. Pero también tiene sus propias particularidades, como el peso del alquiler turístico vinculado al Camino de Santiago y la presencia de una población universitaria que necesita alojamiento asequible.
Quienes siguen de cerca la evolución del mercado en A Coruña advierten de que la experiencia herculana no es directamente extrapolable. Cada ciudad tiene su idiosincrasia. Pero hay una lección que sí puede aplicarse: la intervención de precios, por sí sola, no resuelve el problema de fondo. Hace falta más vivienda pública, más seguridad jurídica para los propietarios y más control sobre los alquileres turísticos.
El Ministerio de Vivienda, que aprobó ambas declaraciones, defiende la herramienta como un primer paso.
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