El Concello de Ourense acumula tres ejercicios consecutivos sin presentar información sobre sus convenios institucionales, según ha destapado el Consello de Contas. Entre 2021 y 2023, la administración local ha operado al margen de la obligación legal de transparencia, sumiéndose en un silencio documental que afecta directamente al derecho de los ciudadanos a conocer cómo se gestiona el dinero público y bajo qué condiciones se firman acuerdos con otras administraciones y entidades privadas.
Pocas veces un silencio administrativo dice tanto. La ciudad termal comparte este opaco distintivo con otras tres grandes alcaldías gallegas: A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela. Cuatro referentes demográficos y económicos de Galicia. Cuatro corporaciones que, paradójicamente, deberían servir como ejemplo de buena gobernanza para los municipios más pequeños de sus respectivas comarcas. La realidad, sin embargo, refleja una tendencia preocupante hacia el secretismo en la gestión de los acuerdos que vinculan los intereses públicos con terceros.
La mayor laguna informativa de Galicia
No es un detalle menor lo que señala el organismo fiscalizador. El Consello de Contas eleva la gravedad de este incumplimiento al calificar la situación como la mayor laguna de información del conjunto del sistema local gallego. Una advertencia rotunda que pone el foco en el peso institucional de estos cuatro grandes concellos. A nadie se le escapa que donde más recursos se mueven, más necesario se hace el escrutinio riguroso. Conviene recordar que un convenio puede implicar transferencias económicas millonarias, cesiones de suelo público, gestión de servicios o colaboración con entidades privadas.
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Ver en Hotels.com → PublicidadEl órgano fiscalizador incide en el presumible volumen de acuerdos que estas administraciones manejan a diario. La opacidad, en este contexto, deja un hueco imposible de cubrir desde otras instancias de control. Lo cierto es que ni siquiera se trata de un error administrativo subsanado tarde. La inacción es absoluta. Ninguno de los cuatro ayuntamientos señalados presentó durante ese periodo una certificación negativa que justificase, de ser el caso, la inexistencia de actividad conveniada. Es decir, no informaron ni siquiera para decir que no había nada que informar. El vacío es total. Demasiado tiempo en la sombra para ser casualidad.
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Quien gestione un mínimo de documentación institucional sabe que la rendición de cuentas no es un trámite burocrático opcional. Es la columna vertebral de la democracia local. Cuando un municipio como Ourense, capital de provincia y referente indiscutible del interior gallego, deja de reportar sus acuerdos durante 36 meses, el daño institucional es profundo. Los convenios son las herramientas mediante las cuales el Ayuntamiento se relaciona con la Xunta, el Estado, la Diputación o el tejido empresarial y social del entorno. Dejarlos fuera del radar público equivale a gobernar a puerta cerrada.
Difícil entender la pasividad institucional cuando las herramientas digitales hacen más fácil que nunca la publicación de datos. Sumarse a la opacidad requiere un esfuerzo activo. Se trata de una decisión política encubierta de ineficiencia técnica o desorganización interna. La cifra habla por sí sola: tres años son todo un mandato legislativo prácticamente completo. Es tiempo suficiente para borrar el rastro de incontables acuerdos, compromisos y obligaciones económicas. Las calles del centro de Ourense, como las de la ciudad vieja compostelana o los barrios ferroviarios de Ferrol, son testigos mudos de una gestión que sus responsables prefieren mantener bajo llave.
Una mancha compartida en las cuatro grandes ciudades
Resulta especialmente alarmante que la opacidad no se circunscriba a un municipio con problemas estructurales o presupuestarios crónicos. El patrón se repite en las cuatro principales ciudades de la comunidad.
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