Un tribunal ourensano ha dado la razón a una entidad aseguradora que se negó a abonar la indemnización por el fallecimiento de una mujer. La clave del fallo reside en una ocultación deliberada de información médica previa en el momento de firmar la póliza. Quien contrata un servicio de este tipo está obligado a declarar el estado de salud real, y no hacerlo tiene consecuencias directas e insalvables en el momento de reclamar el dinero.
A nadie se le escapa que el seguro se basa en un pilar fundamental: la buena fe. Cuando este vínculo de confianza se rompe por una declaración inexacta, el contrato queda tocado de muerte. Lo cierto es que la justicia ha dejado claro, una vez más, que las omisiones intencionadas pueden ser tan dañinas para los intereses del contratante como las mentiras directas. Demasiado arriesgado. Jugar con la letra pequeña de los contratos de riesgo suele salir caro.
El origen del conflicto y la póliza del seguro
Toda esta disputa legal comenzó con la firma de un seguro de vida y decesos. El hombre que ahora ve frustrada su reclamación contrató la póliza para cubrir los gastos de funeral y entierro, tanto para él como para su esposa. El documento entró en vigor el 1 de abril de 2023. La suma asegurada estipulada para cada uno de los miembros de la pareja era de 3.600 euros, una cantidad orientada a cubrir los elevados costes que conlleva un servicio funerario en la provincia.
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Ver en Hotels.com → PublicidadAl formalizar este tipo de contratos, las compañías exigen cumplimentar cuestionarios detallados sobre el historial clínico. Conviene recordar que las entidades de seguros necesitan evaluar con precisión el riesgo que asumen antes de emitir la póliza y fijar la prima correspondiente. La transparencia informativa es, por tanto, el punto de partida de cualquier acuerdo de esta naturaleza. Si el cliente manipula u oculta datos esenciales, el supuesto de riesgo sobre el que se ha construido el contrato se desmorona por completo.
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Hosting WordPress →El ictus declarado frente a la fibrosis silenciada
Aquí radica exactamente el centro de la controversia que ha llegado hasta los tribunales de la capital ourensana. En el cuestionario previo a la formalización del seguro, el demandante sí declaró un problema de salud importante: comunicó formalmente que su mujer había sufrido un ictus once años antes de la firma del contrato. Hasta ahí, la información circulaba con normalidad entre ambas partes y la aseguradora aceptó el riesgo aparente.
Sin embargo, lo que el viudo omitió dolosamente fue que su esposa padecía además fibrosis. Se trata de un dato clínicamente crucial que altera por completo el perfil de riesgo de un paciente. Difícil sostener que se trató de un simple olvido. La aseguradora, al descubrir esta condición médica tras el fallecimiento de la mujer y la posterior reclamación del dinero, decidió paralizar el pago de los 3.600 euros. La empresa consideró que se había vulnerado de forma grave el deber de declaración que marca la ley.
El respaldo de la Audiencia Provincial
Ante la negativa de la entidad a hacer efectivo el desembolso, el hombre decidió llevar el caso ante los tribunales para exigir el cobro de la indemnización. No obstante, la justicia no ha compartido sus argumentos. La Audiencia Provincial ha terminado dando la razón a la aseguradora, validando su decisión de no abonar la suma pactada para los gastos funerarios.
Los magistrados sostienen que la ocultación de la fibrosis fue determinante. No es menor el dato de que ya existiera un ictus previo declarado, ya que esto podría llevar a pensar que el historial estaba completo, pero la realidad clínica demostraba lo contrario. Pocas veces un tribunal da un giro tan rotundo a favor de una aseguradora cuando se debate el pago de una indemnización por fallecimiento. La sentencia confirma que el deber de sinceridad pesa de forma absoluta sobre el contratante desde el primer día.
El caso del seguro impa
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